La propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que ha lanzado Unidos Podemos con el apoyo de Ciudadanos, ha vuelto a poner sobre la mesa las posibilidades de modificar el sistema electoral que rige la elección de las Cortes Generales sin la necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional.
En 1985, cuando se aprobó la LOREG, la entonces mayoría socialista prefirió mantener los criterios que se establecieron de forma provisional en la Ley de Reforma Política de 1976 (350 diputados, mínimo 2 por provincia y fórmula D’Hondt), y estos criterios se han mantenido inalterables durante más de 30 años, a pesar de generar un sistema de reparto de escaños poco equitativo.
El cambio de fórmula que proponen Podemos y Ciudadanos -sustituyendo D’Hondt por Sainte Laguë- daría mayor proporcionalidad al sistema de asignación de escaños sin por ello reducir el número de diputados que se eligen en cada una de las provincias ni aumentar el número total de diputados. Es una buena solución.
Sin embargo, esta oportunidad de reforma de la LOREG sería incompleta sino abordara también una modificación en la fórmula de elección del Senado. El artículo 69 de la Constitución establece que “los votantes de cada provincia elegirán cuatro senadores”, excepto en el caso de las provincias insulares, Ceuta y Melilla, pero remite su fórmula de elección a la posterior ley orgánica.
La LOREG, en su artículo 166, establece que los electores “pueden dar su voto a un máximo de tres candidatos en las circunscripciones provinciales, dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla, y uno en las restantes circunscripciones insulares”. Es decir, se optó por una fórmula mayoritaria de voto limitado, permitiendo a los electores de las circunscripciones provinciales votar un máximo de tres candidatos para premiar a la fuerza ganadora con un 75% de la representación pero garantizando un senador a la segunda fuerza política más votada. La misma fórmula que se utilizó por primera vez en 1977.
Este sistema ha provocado importantes disfuncionalidades, puesto que otorga una prima notable a los partidos políticos ganadores en cada provincia y ha beneficiado de forma recurrente al Partido Popular durante los últimos 25 años, que ha sido el partido con mayor número de senadores por elección directa incluso en las legislaturas en las que el PSOE fue la fuerza más votada.
En las últimas elecciones generales, el PP obtuvo el 75% de los senadores en 36 provincias, a pesar de que en sólo en 1 -Ávila- superó el 50% de los votos, mientras que en 20 su primer senador se situó entre el 40 y el 50%, y en las otras 15 obtuvo entre el 30 y el 40%.
Por todo ello, si se aborda la reforma de la LOREG para cambiar la fórmula para elegir los diputados del Congreso sería oportuno cambiar también la fórmula para elegir a los senadores. Hacerlo es posible, y relativamente sencillo, incluso manteniendo una fórmula mayoritaria de voto limitado. Basta modificar el número de senadores a los que puede votar cada ciudadano. Si cada uno de los electores pudiera dar su voto a un máximo de 2 senadores en las circunscripciones provinciales y solo a 1 en Ceuta y Melilla, se modificaría sustancialmente el reparto de senadores.
Con esta nueva fórmula, el partido más votado en cada provincia obtendría como máximo 2 senadores, y los otros dos serían para la segunda fuerza o para la segunda y la tercera, en función del número de votos que obtuviera cada uno de los candidatos a senador. Con esta fórmula, en Madrid el PP hubiera obtenido 2 senadores en 2016, el tercer senador hubiera sido para el PSOE y el cuarto para Unidos Podemos, puesto que la candidata de la coalición morada obtuvo 10.000 votos menos que el candidato socialista más votado pero 46.000 votos más que la segunda candidata socialista.
Si tomamos como referencia los resultados de las elecciones de junio de 2016, este pequeño cambio tendría un notable impacto en la distribución global de escaños puesto que garantizaría que ninguna fuerza política obtuviera más de un 50% de los senadores de cada provincia. Una garantía de proporcionalidad imprescindible para mantener un sistema mínimamente equitativo en un entorno multipartidista como el que existe hoy en España.
Gráfico 1. Proyección de resultados con voto limitado a 2 senadores.
Como se puede apreciar en el gráfico, el PP perdería 34 senadores (de 127 a 93), el PSOE ganaría 31 (de 43 a 74) y Unidos Podemos pasaría de 15 a 20 electos, mientras que el PNV perdería un senador en favor de Podemos, y la antigua Convergència ganaría dos senadores en detrimento de ERC. Pero lo más relevante sería que ninguna fuerza política, ya sea el PP en Navarra o ERC en Girona, pudiera obtener el 75% de los escaños con el 30% del voto, o menos.
Esta reforma beneficiaría claramente a la segunda fuerza en cada una de las provincias, aunque este es el precio a pagar si se mantiene un sistema de elección mayoritario como el actual, y a la espera de la necesaria reforma constitucional que redefina las funciones y el sistema de elección de la cámara territorial.
En el “mientras tanto”, esta reforma reduciría la sobrerrepresentación del PP, e incrementaría la representación de PSOE y Podemos y probablemente también de Ciudadanos, si se confirma el crecimiento registrado en la última encuesta del CIS. Según las proyecciones, el partido de Albert Rivera podría ser segunda fuerza en hasta 12 provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad Valenciana. En ese caso, la pérdida del tercer senador del PP podría dar a Ciudadanos una veintena de senadores y dejar al PSOE con un incremento limitado.
En conclusión, esta reforma electoral no sólo crearía un Senado más representativo de la pluralidad política existente sino que podría beneficiar a las tres fuerzas políticas que tienen la mayoría suficiente para aprobarla… siempre que el presidente Mariano Rajoy no decidiera disolver las Cortes para evitar su aprobación. Incentivos no le faltarían.
