Ecologistas en Acción ha obtenido una sentencia favorable en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 para demoler un inmueble ilegal en la barriada de Fernán Pérez, en el Parque Natural de Cabo de Gata.
La esposa del que fuera alcalde pedáneo de Fernán Pérez y ex concejal de Joaquín García Fernández, Alcalde de Níjar, así como madre también de un concejal de la misma corporación a la fecha de los hechos, ha construido dos viviendas ilegales ocupando vía pública y con un piso más del permitido en la zona. Dicha familia era titular de una empresa constructora, que realizaba obras para el Ayuntamiento.
Detectada la irregularidad por Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento de Níjar trató de legalizar las viviendas mediante la tramitación de una modificación puntual de las Normas Subsidiarias, que pretendía cambiar la calificación urbanística de la zona para legalizar el inmueble de la madre del ex concejal. Ecologistas en Acción consiguió anular la extraña modificación de la normativa urbanística mediante la presentación de las correspondientes alegaciones.
Después de que Joaquín García Fernández perdiera las elecciones municipales, el nuevo Equipo de Gobierno formado por tres partidos aprobó, en fecha 31 de julio de 2003, la demolición del inmueble.
La madre del ex concejal presentó un recurso contencioso administrativo contra ese acuerdo de demolición y fue el propio Ayuntamiento quien obvió su obligación de emplazar a Ecologistas en Acción. A pesar de ello, Ecologistas en Acción se personó como parte interesada en dicho recurso, alegando que había que demoler el inmueble por invadir una calle, y por tener más altura y más volumen del autorizado en la zona.
La sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 ha dado la razón a Ecologistas en Acción y ha acusado a la madre del ex concejal y esposa del alcalde pedáneo y ex concejal de actuar “con mala fe” y de “apropiación de una parte de terreno público como es la calle”.
Recuperado de nuevo el poder municipal por parte de Joaquín García, gracias a una tránsfuga, ahora pretende otra vez legalizar el edificio eliminando la calle en el futuro PGOU, según se alega en la propia demanda que ha sido desestimada. La sentencia también se ha manifestado sobre esta posibilidad diciendo que no se puede detener la demolición del inmueble aunque “dicha calle.. desaparece en el nuevo PGOU, pues este instrumento de planeamiento general… no puede abrigar actuaciones tan groseramente contrarias a la normativa vigente de aplicación.”
Ecologistas en Acción ya advierte que si el Ayuntamiento de Níjar trata nuevamente de legalizar el inmueble exigirá las correspondientes responsabilidades penales a que pueda haber lugar.