En el año 70 se dedicaban 100 millones de pesetas a la campaña contra incendios en Andalucía, esta cifra llegaba a los 8.000 millones anuales en la década de los 90, estabilizándose en los 100 millones de euros en la actualidad. Mientras tanto, en la década de los 70 hubo una media anual de 280 incendios forestales –con una superficie de 17.000 has.–, en los 80 se disparó a 883 incendios al año, con 27.550 has. afectadas, para llegar en el primer lustro de este siglo a los 1.116 incendios y 13.770 has. calcinadas cada año.
Es decir, los presupuestos dedicados a la lucha contra los incendios se han multiplicado por 160 en 30 años, mientras que el número de incendios lo ha hecho por cuatro. El aumento constante de inversiones en el Plan Infoca no ha logrado disminuir el número de incendios, pero esta situación no hay que achacarla a una falta de medios, sino a causas estructurales que tienen su raíz en la política forestal y en el incumplimiento del Plan Forestal Andaluz.
Las presiones políticas y sociales han provocado el aumento de las inversiones en extinción, lo que ha creado una auténtica economía del fuego en muchas comarcas rurales. Tradicionalmente, la práctica totalidad del empleo en estas comarcas se producía en otoño e invierno, en los trabajos selvícolas para la conservación, mejora, explotación, repoblación y regeneración del monte. En la década de los 80 se dispararon las inversiones en extinción, en detrimento de los tratamientos selvícolas y de las repoblaciones, que no compensan la superficie que se quema. A mediados de los 90 se logró equilibrar las inversiones en extinción con las de prevención. Si la gran mayoría de los incendios forestales son causados por el hombre –bien sea por negligencia, accidentes o intencionados–, los esfuerzos para reducirlos hay que centrarlos en el análisis de las causas y en la corrección de las prácticas de riesgo que los generan, y en un aumento constante de la inversión en extinción, que sólo crea una espiral a la que es difícil poner fin.
¿Por qué esta proliferación de incendios en nuestros montes? Las causas son variadas. La composición de la vegetación propicia a veces la propagación de los incendios, pues la política de repoblaciones que imperó en nuestro país hasta hace un par de décadas ha generado en algunas zonas extensas masas continuas de pinares y eucaliptares que pueden convertirse, ante cualquier negligencia o acto criminal, en una inmensa hoguera difícil de parar por muchos medios de que se dispongan. El despoblamiento de las comarcas forestales y el progresivo desarraigo de la población rural de su entorno es otra de las causas de los incendios. Antes, la población que vivía en el campo era la primera en prevenir y extinguir cualquier incendio. Por último, hay intereses económicos que pueden sacar beneficios de estas catástrofes, pues algunos montes quemados se terminan trasformando en terrenos agrícolas o, incluso, en terrenos urbanizables. La primera medida contra los incendios forestales debe ser que nadie puede sacar beneficio alguno, ni económico, ni político.
La mejor forma de disminuir el riesgo de los incendios forestales es la de acometer cambios sustanciales en la política forestal, en la estructura de los bosques y en la relación del hombre con los montes. Hay que romper las masas forestales en un sistema de mosaicos, donde se alternen los montes y matorrales cerrados, con dehesas, pastizales y zonas agrícolas; hay que mejorar la gestión de los montes, pues un monte donde se han realizando las podas y rozas necesarias, manteniendo caminos y aljibes en buen estado y, sobre todo, creando empleo y actividad económica, es difícil que se queme; hay que incentivar la participación social en la gestión del millón trescientas mil hectáreas de montes públicos que hay en Andalucía, que deben convertirse en ejemplo de la utilidad ecológica y social de las masas forestales; los ayuntamientos tienen que asumir su responsabilidad, elaborando y ejecutando los preceptivos Planes Municipales de Emergencia contra los Incendios Forestales; y hay que implicar a toda la población en la prevención y lucha contra el fuego, pues sin la colaboración ciudadana es imposible reducir el número y la entidad de los incendios forestales.
La manipulación política de los incendios forestales está llevando a derroteros muy peligrosos. Esos partidos políticos que hoy exigen responsabilidades se olvidarán de los montes en los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma. En los del 2005 las inversiones forestales no suponen ni al 1 por ciento, cuando el espacio forestal abarca el 50 por ciento de Andalucía. Si comparamos estas inversiones con las de obras públicas, podemos comprender cuales son las prioridades de nuestros políticos, quizás porque los bosques no se inauguran.
Ante situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales, pero nos equivocaríamos si pensamos que se puede acabar con los incendios sólo con restricciones y cambios legislativos, o que todo se soluciona con una lluvia de millones en las zonas incendiadas. Los incendios, como la fiebre, son el síntoma de que nuestros montes están enfermos. Hay que abordar un cambio de la política rural que lleve a un nuevo modelo socioeconómico, en el que los montes generen empleo y prosperidad en las comarcas rurales, además de los innumerables beneficios ecológicos que nos aportan. No quememos nuestro futuro.