La Agrupación Reformista de Policías, ante la posible negociación del edificio de la Jefatura Superior de Policía, en Vía Laitana 43, Barcelona, manifiesta, que no se puede negar, fue un edificio donde se dieron episodios de detenciones manifiestamente ilegales, torturas y muertes en algunas ocasiones, ocasionadas por miembros de la policía al servicio de la dictadura. Ocultar esa realidad que desgraciadamente forma parte de la historia siniestra de la dictadura, es crear un ambiente propicio para la crispación en beneficio de la intransigencia de determinados intereses espurios, que ARP no puede atender, ni participar. ARP. Somos un sindicato con vocación estrictamente laboral, reformista y progresista, que tiene como misión la mejora del colectivo policial, sin ningún tipo de tendencia fuera del espacio sindical deficiente en el Cuerpo de Policía Nacional
En la Vía Laitena 43, se atentó contra los derechos civiles y humanos de los ciudadanos. No cabe duda de que este edificio forma parte de la historia negra de la institución, como así ha ocurrido con otros tantos, en ningún momento imputable a la era de la desmilitarización y democratización de la Policía, etapa de la transición política, período donde algunos sindicatos de la policía, una vez legalizados ya se pronunciaron contrarios a seguir trabajando en esas dependencias.
En el año 1985, el gobierno cedió la Dirección General de la Seguridad en Madrid, a la Comunidad de Madrid, que como también se sabe, ocurrieron hechos gravísimos, contratados por las propias víctimas y por el reconocimiento oficial del propio estado. En esa línea, ARP, cree conveniente, que los actuales funcionarios del CPN, destinados en el edificio en dicha Jefatura Superior de Cataluña, deben ser atendidos por el Ministerio del Interior, con la previsión de un edificio moderno e inteligente, dotado de la máxima seguridad, medios suficientes en materia de riesgo laboral, y una dotación de personal suficiente para garantizar los servicios encomendados que desarrollan.
La consideración social por las autoridades de ambos gobiernos, la sociedad catalana que demanda la cesión del edificio policial, deben proteger a los servidores garantes de la ciudadanía barcelonesa y catalana, en cualquier negociación al respecto, de lo contrario, no se entendería en estos momentos ningún acuerdo. La Policía Nacional, no puede ser objeto de señalamiento social y menos sus miembros destinados actualmente, en un edificio heredado del franquismo ajenos a los hechos repudiables que ARP, nunca ha dudado reconocer.
Un gesto de la sociedad democrática y de sus instituciones en estos momentos, debe servir para cerrar desencuentros entre la población civil catalana y la policía nacional, miembros que, sin lugar a duda, merecen nuestro respeto y admiración.