En declaraciones a los periodistas, Pérez aseguró que si ocurrió "lo que según el PP" afirma hace "más de siete años", en la misma línea argumental de una denuncia previa sobre el grupo de asesores socialistas en la Diputación que achacó la responsabilidad al actual presidente, Juan Carlos Usero, debería ser "Rodríguez-Comendador" quien "les diese las explicaciones".
Tras matizar que el equipo de gobierno provincial no se va a "pronunciar más" después de que el diputado provincial “popular” Miguel Ángel Castellón presentase el pasado viernes el escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial, criticó la línea de oposición adoptada por el PP, donde –ahondó– "cada uno va por su camino e intentan sacar temas para tapar su inoperancia" tal y como demuestra, a su juicio, que durante el último pleno de la corporación provincial "Castellón consiguiese cambiar el sentido de voto de su portavoz", José Fernández.
Al hilo de esto, Pérez recordó que la denuncia previa a raíz de un reportaje con cámara oculta emitido por “Intereconomía” y reflejado en la revista “Epoca” en octubre no ha derivado en ninguna actuación por parte del Ministerio Público, que se limitó a solicitar a la institución provincial diversa documentación "que se le facilitó puntualmente" sin que se haya producido ninguna nueva comunicación.
El texto recibido el pasado martes por el grupo popular en la Diputación, que suscribe con su DNI Antonio Castro Gutiérrez, desgrana en seis puntos supuestas irregularidades tanto en el seno del PSOE como en la agrupación en la institución supramunicipal. Castro, quien se identifica como ex responsable de la asamblea local de La Cañada, una barriada de la capital, asegura que la "mayoría de los miembros del equipo de asesores y personal de apoyo" de la Diputación Provincial de Almería "teníamos la obligación de financiar al partido a través de los sueldos que cobrábamos" de citado organismo.
Esta "obligación", según detalla en los puntos segundo y tercero del escrito, de financiar al PSOE constituía una "condición sine qua non" para ostentar el cargo de asesor, por lo que –ahonda en los mismos términos de una denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial por el PP en 2008– que la asistencia de los asesores en la Diputación "era meramente testimonial, pudiéndose acreditar, en mi caso y en otros a través de los registros de fichaje de entrada y salida".
El secretario general del PSOE, Diego Asensio, anunciaba el mismo día la interposición de demanda contra Castro y Castellón una vez sus servicios jurídicos analizasen en texto y negaba con "rotundidad" las acusaciones de presunta financiación ilegal al defender la "perfecta legalidad" que rige en funcionamiento de la formación socialista en la provincia.
Según precisó, Antonio Castro Gutiérrez fue relevado del puesto que ocupaba en la institución supramunicipal "bien como asesor bien como administrativo" con anterioridad al año 2004, una época en la que el PSOE "no ostentaba en gobierno en la Diputación Provincial ni yo era –ahondó– secretario general de un partido" al que no pertenece como militante "ya que presentó baja voluntaria hace unos años".
Cinco cargos de confianza de la Diputación Provincial de Almería que aparecían en el vídeo de “Intereconomía” y aseguraban que su puesto les servía para estar liberados para el PSOE ponían su cargo a disposición del presidente de la institución, Juan Carlos Usero.