El portavoz socialista en la Comisión mixta para la Unión Europea, Juan Moscoso del Prado, ha destacado hoy la importancia del primer acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) alcanzado entre el Congreso y el Senado de España y la Asamblea Nacional y el Senado franceses y que pretende fijar una posición conjunta de los parlamentos nacionales que pueda influir en las decisiones de la Unión Europea sobre el futuro de la PAC.
Para Moscoso del Prado, que hoy ha presentado, junto al Presidente de la comisión Miguel Arias Cañete, esta declaración parlamentaria común hispano-francesa sobre la reforma de la PAC, su firma es “fundamental en un momento de incertidumbre económica, de nuevas perspectivas financieras y ante la reforma de un sector que afecta a millones de españoles y a un gran número de comunidades autónomas donde la agricultura tiene un peso muy importante”.
El acuerdo alcanzado garantiza los fondos necesarios para la PAC y un marco presupuestario estable, así como que su distribución de una manera justa y acorde a las necesidades de agricultores y ganaderos.
Para ello, la declaración establece que no se va a renacionalizar ni cofinanciar la PAC y que se pondrán en marcha medidas que garanticen la estabilidad de precios y la existencia de nuevos instrumentos para intervenir en los mercados que eviten crisis como la reciente del pepino.
Otro elemento fundamental es que refuerza el papel de los productores en la cadena alimentaria, en relación al debate entre el precio final del producto y lo que percibe el agricultor.
Además, garantiza que en los acuerdos comerciales con terceros países se exija que cumplan las mismas garantías sanitarias y de seguridad alimentaria que los paises europeos.
Para el diputado socialista estos aspectos “transmitirán seguridad, tranquilidad y confianza al campo y refuerzan el papel del Gobierno español en las negociaciones de Bruselas”.
DECLARACIÓN PARLAMENTARIA COMÚN HISPANO-FRANCESA SOBRE LA REFORMA DE LA PAC -13 DE JULIO DE 2011
La Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes (España) y las delegaciones del parlamento francés (Asamblea Nacional y Senado) han adoptado una declaración común considerando que en la preparación de la reforma de la política agrícola común los gobiernos de ambos países debían basarse en los siguientes principios de actuación:
– reconocer que la seguridad alimentaria y sanitaria, lejos de ser un objetivo anticuado o accesorio, es un objetivo estratégico para la Unión Europea,
– defender que la dotación que figura en el marco financiero plurianual 2007-2013, asignada a los gastos agrícolas, no sea reducida, y que no se introduzcan elementos de renacionalización o de cofinanciación en su primer pilar,
– reconocer que la convergencia de los niveles de ayuda entre Estados miembros ha de ser progresiva y tomar en cuenta el contexto económico general,
– permitir cierto margen de flexibilidad a cada Estado para la aplicación de la PAC y la distribución de sus ayudas,
– impulsar para que en la PAC reformada se incluyan medidas eficaces para reforzar el peso de los productores en la cadena alimentaria, incluyendo las necesarias modificaciones de la normativa reguladora de la competencia de acuerdo con la singularidad y especificidad del sector agrario, introduciendo excepciones que permitan una mejora efectiva de su capacidad de negociación. Asimismo, promover que en la PAC reformada se incluyan esquemas de apoyo específico para mejorar la capacidad empresarial y la competitividad de los agricultores, especialmente los titulares de pequeñas explotaciones,
– establecer en la nueva PAC mecanismos eficaces de regulación de mercados, enteramente a cargo del presupuesto comunitario, que constituyan una verdadera red de seguridad y de estabilización de precios en situaciones extremas de mercado, y den respuesta adecuada a los problemas de volatilidad de precios u otras crisis alimentarias,
– velar por que el « reverdecer » de la PAC no se traduzca en exigencias adicionales para los agricultores,
– promover que los acuerdos de comercio que firme la Unión Europea con terceros países incluyan cláusulas que garanticen que las importaciones de productos agrícolas y ganaderos procedentes de estos países y que se comercialicen en la Unión Europea respeten las mismas normas de seguridad alimentaria (límites máximos de residuos – LMR -, ausencia de utilización de pesticidas prohibidos, etc.…) que los productos europeos,
– orientar los fondos de desarrollo rural prioritariamente a mejorar la eficacia, competitividad y productividad de las explotaciones agrarias y de la industria agroalimentaria, fomentar la incorporación de las mujeres al mercado laboral y su acceso a la titularidad de los bienes agrícolas, e impulsar la modernización de las explotaciones.