En los últimos meses la solvencia económica de España ha quedado en entredicho por los movimientos especulativos de los mercados financieros internacionales con el objetivo cierto de debilitar la zona euro por la vía de la desconfianza de los inversores. Sus ojos se centraron de manera especial en algunos países donde el imaginario colectivo es capaz de poner por encima de las cifras reales de solvencia económica los tópicos de una supuesta indolencia ante las responsabilidades de Estado.
No importó que España cerrara 2009 con un déficit del 11,2 por ciento, muy similar al del Reino Unido, con un 11,5 por ciento. No importó que la deuda pública de España sea de las más bajas de Europa -53 por ciento de su Producto Interior Bruto- frente a Alemania, con un 73,2 por ciento, Francia, con un 77,6 o Italia, donde la deuda del Estado representa ya el 115,8 por ciento de su PIB. A día de hoy la deuda española sigue estando 20 puntos por debajo de la media europea.
A pesar de ello, el Gobierno necesitaba mandar un mensaje fuerte y claro a los tiburones de las finanzas internacionales, asumiendo con valentía la responsabilidad y el coste político de pedir un esfuerzo nacional, con unas medidas de ajuste que, no lo vamos a negar, son duras y difíciles. Para empezar, es la primera vez que un Gobierno se baja el sueldo en España y lo hace tres veces más que los empleados públicos, a los que se pedirá un esfuerzo progresivo en relación con lo que cada uno cobra para que resulte lo más equilibrado posible.Reducir el sueldo a estos trabajadores es una medida muy dura que ningún Gobierno querría tomar pero hay que tener presente que en seis años Zapatero les ha devuelto ampliamente el poder adquisitivo que perdieron en los ocho años de gobierno del Partido Popular, ha mejorado sus condiciones de trabajo con medidas que les permiten conciliar la vida familiar con la laboral y ha reforzado su prestigio poniendo en valor su eficacia como militares, como maquinistas de RENFE o como maestros, por ejemplo.
Pero no olvidemos que los tiburones nadan dentro y fuera de España, y los escualos nacionales están haciendo cerco en torno a los pensionistas, a los que pretenden amedrentar con falsas informaciones. Lo único cierto es que durante los ocho años de gobierno del Partido Popular, Aznar subió las pensiones mínimas un 4 por ciento, frente al 24 por ciento que han subido con Zapatero. El próximo año este tipo de pensiones volverán a subir conforme el coste de la vida y el resto de pensionistas cobrará lo mismo que este año, en el que se les ha subido el 2 por ciento, cuando el coste de la vida subió sólo el 0,7 por ciento. Es decir, ganaron 1,3 puntos de poder adquisitivo, de manera que si el año próximo van a cobrar lo mismo, seguirán sin perder poder adquisitivo, simplemente van a mantener su pensión en los términos en que subió el coste de la vida. Lo importante es que no se han tocado ninguno de los soportes del Estado del bienestar: se mantiene la protección por desempleo, las políticas de sanidad, el permiso de paternidad, la política de educación y becas, las prestaciones y servicios por Dependencia y la Renta Básica de Emancipación.
Son medidas que ya están empezando a implantarse en los países de la eurozona porque hay que proteger el euro, pues si los inversores creen que una moneda es débil, la economía de esa moneda cae y con ella las empresas y el empleo. Es necesario que Europa aguante con fuerza el envite internacional. La voracidad de los mercados está exigiendo inusuales muestras de solvencia para no aumentar los intereses que los países tienen que pagar por su deuda y, gracias a estas medidas, España ha lanzado un mensaje de confianza al exterior. Lo que hagamos ahora con la Unión Europea y cada país en su ámbito de responsabilidad va a determinar el futuro económico para los próximos 20 años. Europa ha sido históricamente un espacio de prosperidad pero exige el compromiso de todos para que siga siéndolo. Apostamos por el futuro de las personas.