La Junta de Personal Docente no universitario pone de manifiesto los problemas que están teniendo los centros educativos durante estas primeras semanas de clases, muy al contrario de lo que manifestaba Javier Imbroda, consejero de Educación, de que los centros educativos habían reanudado las clases con normalidad.
El colectivo matiza que “no se puede hablar de normalidad cuando se tiene un porcentaje alto de docentes contagiados o a la espera de confirmación, además de los que tienen permiso por tener que atender a familiares infectados. A esto se unen los contagios, tanto del personal de administración y servicios, como del propio alumnado, que deriva en una situación que no puede calificarse ni mucho menos de normal”.
Las declaraciones del consejero de Educación están alejadas de la verdad con unos datos que no corresponden con la realidad, tal y como han trasladado a los medios comunicación. Las cifras que maneja la Junta de Personal, con información de los propios centros, no ponen de manifiesto una media de un 5% de profesorado de baja afectado por COVID, que junto con otras bajas, ha supuesto que, en la mayoría de los centros, haya grupos que no puedan recibir clases, o que directamente no se les pueda atender adecuadamente.
Hay que recordar que la propia Consejería es la culpable de llegar a esta situación, ya que los apoyos COVID se redujeron significativamente con respecto al curso anterior.
“Tampoco nos vale que se diga que los centros son seguros. En los centros educativos se corre un riesgo importante de contagio, por lo que debería ser prioritario contar con medidas protectoras adecuadas”, han puntualizado.
“A estas alturas, todo el mundo tiene claro que la vía de contagio es por el aire, por tanto, además de la ventilación cruzada, los docentes deberían tener garantizadas unas mascarillas que protejan, por eso volvemos a exigir a la administración que nos dote de mascarillas FFP2, que son las únicas que protegen ante la exposición al virus”.
En esta línea, también sería conveniente invertir en medidores de CO2, para controlar las zonas con más problemas de ventilación, y en filtros HEPA adecuados. “Sin embargo, la administración lo único que le ha preocupado es mantener los centros abiertos a toda costa, sin preocuparse de añadir medidas a la simple ventilación cruzada”, han subrayado.
Otro tema que también ha denunciado la Junta de Personal es todo lo relacionado con los protocolos de actuación ante la notificación de los posibles contagios. La Delegación de Salud ha ido modificándolos en función de cómo de saturados se veían, según la avalancha de casos, y ahora mismo ya ni siquiera se hacen test PCR, sino que se dan por suficientes los test de antígenos que cada uno se hace en su casa.
Pero no solo esto, la Delegación de Salud además quiere que los coordinadores y coordinadoras COVID de los centros hagan de rastreadores. Ante este hecho, “queremos denunciar que bastante saturados ya están estos coordinadores y coordinadoras, para tener que hacer una función que no les corresponde. El rastreo y seguimiento de casos es obligación de la Consejería de Salud, y los coordinadores y coordinadoras COVID están para hacer de enlace entre el centro educativo y los responsables sanitarios”, han añadido.
Por tanto, “reclamamos que desde la Delegación de Educación y la Consejería se vele por la salud de los docentes, y se cumpla la normativa de salud laboral relacionada con la protección de los trabajadores y trabajadoras. A la Delegación de Salud le exigimos que los protocolos sean claros, y que realmente sirvan para proteger a toda la comunidad educativa, ya que esto ayudaría a mejorar las condiciones de todos los ciudadanos” han añadido.
