El Consejo de Gobierno ha aprobado las propuestas a trasladar al Gobierno de la Nación para que se pongan de marcha cuanto antes para controlar, prever y limitar los efectos económicos de la expansión de coronavirus.
Desde el Ejecutivo andaluz se considera que las medidas en materia económica deben paliar la desaparición de empresas garantizando su liquidez; sostener las empresas para evitar despidos de trabajadores, e inyectar renta a las personas que pierdan el empleo o hayan trabajado en un periodo de tiempo en estos meses.
Las propuestas que Andalucía al Gobierno central son las siguientes:
– Flexibilización de la regla de gasto y objetivo de déficit, tanto por el aumento del gasto como por la previsión de caída de ingresos.
– Ampliación del Fondo de Contingencia para aplicar las medidas durante el periodo excepcional de la crisis.
– Reducción de impuestos en servicios básicos, como la luz, agua o servicios de telecomunicaciones.
– Aplazamiento del pago de impuestos municipales.
– Suspensión de la cuota de autónomos y Seguridad Social mientras se encuentre decretado el estado de alarma en aquellas actividades no autorizadas por el Gobierno.
– Elaborar un paquete de medidas durante los próximos tres meses, con objeto de dar cobertura a los trabajadores más vulnerables y reducir el impacto sobre la demanda de la actual crisis.
– Pedir a la UE la constitución de un Comité de crisis sanitaria para hacer frente de manera coordinada a todas las acciones necesarias para la lucha contra el Covid-19.
– Asegurar y reforzar la capacidad de liquidez de la empresa mediante concesión de créditos de entidades financieras.
– Instar a los bancos a que con el aval del gobierno se active una línea de crédito específica a los autónomos y pymes que eviten despidos.
– Trasladar la necesidad de reforzar el personal de los Puestos de Inspección en Frontera para el control en Aduanas a fin de garantizar la emisión de certificados y que no se paralicen las exportaciones.
– Solicitar que inste a la Unión Europea la flexibilización del cumplimiento de los requisitos y trámites que exige la normativa reguladora de la gestión de los fondos europeos agrarios y de desarrollo rural.
– Petición a Europa de ampliación de plazos y flexibilización de trámites para la ejecución y desarrollo de los fondos europeos.
– Plan del Gobierno de la Nación para garantizar todos los suministros de materiales necesarios para hacer frente a las medidas frente al Covid-19.
– Elaboración de un plan de fronteras ante la probable necesidad de tener que adoptar medidas de control sanitario en nuestros puestos fronterizos o incluso decretar el cierre de los mismos.
– Carencia en el pago de cuotas de hipoteca y préstamos a empresas.
– Creación de un Fondo de Emergencia Social para poder atender a las situaciones de emergencia social.
El Consejo de Gobierno ha acordado un primer paquete de medidas urgentes que movilizará unos 1.000 millones de euros para hacer frente a la alerta sanitaria provocada por el COVID-19 en Andalucía. El decreto-ley aprobado incluye, por una parte, actuaciones de apoyo financiero a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que supondrán la movilización de 900 millones de euros para respaldar su actividad y recoge, además, una dotación de 100 millones para crear un Fondo de contingencia sanitaria.
Se trata de una aportación inicial de 100 millones que se destinará a la sustitución de sanitarios afectados por el contagio, al refuerzo de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), así como a la compra del material y equipamiento necesarios. Para atender las necesidades urgentes que determine la Consejería de Salud y Familias, la Consejería de Hacienda, Industria y Energía realizará una reestructuración del presupuesto, ya que hasta la fecha el Gobierno central no ha enviado recursos adicionales ni la comunidad autónoma ha recibido respuesta sobre su propuesta de flexibilizar el objetivo de déficit y la regla de gasto.
Entre las medidas de apoyo a las empresas que recoge el decreto-ley, se establece que la Junta de Andalucía no suspenderá los pagos a las empresas contratadas por la Administración a pesar de que éstas no puedan desarrollar sus actividades con motivo del cierre parcial de dependencias administrativas o entes instrumentales de la Administración autonómica, siempre que la empresa acredite la permanencia de la plantilla en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que dure la suspensión.
Además, en materia de respaldo financiero y para solventar eventuales problemas de acceso a liquidez, se concede una subvención de hasta 36 millones de euros a la sociedad de garantía recíproca Garántia para avalar operaciones financieras a pymes y autónomos por importe de hasta 500 millones de euros.
El Gobierno andaluz articula, además, avales para dar respuesta a las necesidades de las empresas, destinando 20 millones a la línea Andalucía, financiación empresarial del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico. Se estima que esta medida tendrá un efecto multiplicador por cinco, de manera que posibilitará la concesión de préstamos por parte de las entidades colaboradoras por un volumen de hasta 100 millones de euros dirigidos a las pequeñas y medianas empresas y autónomos.
Con estas dos medidas de apoyo financiero se podrán movilizar hasta 600 millones de euros en préstamos cubiertos por instrumentos de garantía, lo que permitirá actuar de forma decidida frente a los problemas derivados de la crisis sanitaria actual.
El decreto-ley recoge asimismo actuaciones con el fin de favorecer la liquidez de las familias, pymes y autónomos en el ámbito de las competencias tributarias autonómicas. Así, plantea una ampliación del plazo de presentación y pago de tres meses adicionales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El impacto de esta medida asciende a unos 270 millones, que se inyectan en la economía andaluza por el retraso en el cobro de impuestos, lo que supone un préstamo a corto plazo y sin intereses a los sectores productivos.
Y se incrementa en 9 millones de euros, hasta alcanzar los 22 millones, la línea de ayudas gestionada por la Agencia IDEA destinadas a proyectos de Transformación Digital de las pymes con el objetivo de facilitar que las pequeñas y medianas empresas se doten de los medios técnicos necesarios destinados a posibilitar el teletrabajo.
Entre otras medidas, el decreto-ley contempla anticipar la implantación de medidas de impulso a la gestión tributaria no presencial que estaban previstas para este año con objeto de reducir los trámites de manera presencial y evitar la asistencia de los contribuyentes a las oficinas, así como medidas para garantizar la inmediata contratación de cuantas actuaciones sean necesarias para hacer frente a la actual situación.
El Gobierno andaluz trata con la aprobación de este paquete de medidas de dar respuesta, en el ámbito de sus competencias, a los planteamientos expresados desde las organizaciones empresariales y de autónomos, que han centrado sus inquietudes en la necesidad de adoptar medidas para evitar la quiebra y mantener el empleo y que van orientadas a garantizar el acceso a la liquidez a través de avales públicos, el aplazamiento del pago de impuestos y la facilidad de teletrabajo.
Situaciones de emergencia social
El decreto-ley también contempla medidas de actuación coordinadas para la atención de situaciones de emergencia social. En este sentido, se crea en el seno de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la Comisión para la coordinación de las actuaciones de emergencia social derivadas de la adopción de las medidas preventivas por parte de la Junta de Andalucía frente al COVID-19 en el ámbito de los servicios sociales.
Se consideran situaciones de emergencia social derivadas de la adopción de las medidas preventivas, por parte de la Administración de la Junta de Andalucía frente al COVID-19, las siguientes: la suspensión del recurso de atención a la dependencia, por parte de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, que le provoque a la persona beneficiaria caer en una situación de desamparo. Igualmente, las modificaciones constatables del entorno en el que viva la persona beneficiaria de prestación por dependencia, por causas directamente provocadas en Andalucía por la epidemia del COVID-19, siempre que tales modificaciones del entorno provoquen una situación de desamparo en los términos del apartado anterior.
Los recursos que pueden ser destinados para atender a las personas declaradas en situación de emergencia social y, por tanto, objeto de especial protección serán: Centros Residenciales públicos y privados para personas mayores y personas con discapacidad con la preceptiva autorización administrativa de funcionamiento, Centros de Servicios Sociales de gestión directa de la Junta de Andalucía y entidades de voluntariado.
