El alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso (PAL), imputado de cinco delitos en el marco de la operación “Poniente” que investiga una supuesta trama de corrupción política en el municipio, solicitó una segunda comparecencia ante la juez instructora del caso, Montserrat Peña.
Que se produjo dos meses después de su ingreso en prisión y que estuvo motivada por su disconformidad con los delitos que se le imputan, ya que aseguró que estaba “tomando conocimiento de cosas de las que no tenía ni idea” a través de la prensa.
Según la declaración incluida en el sumario correspondiente al 30 de diciembre de 2009 a la que ha tenido acceso Europa Press, Enciso enfatizó que no se llevó “ni un duro del dinero público”, un aspecto que reiteró al final de su comparecencia a preguntas de la defensa en el que añadió que “si a espaldas suyas alguien ha hecho algo (…) no lo puede controlar” y que “no ha podido enterarse de si entre los implicados ha habido entrega de dinero”.
El regidor ejidense, que llegó a pasar ocho meses en prisión desde su arresto el 20 de octubre de 2009, narró tres días más tarde en su primera declaración una relación de sus propiedades, ingresos y negocios, de forma que obtenía unos ingresos de 3.500 euros por su cargo público y entre 65.000 y 70.000 euros por la producción de sus invernaderos, según él.
No obstante, en su segunda declaración Enciso asiste a varias reproducciones de las escuchas telefónicas intervenidas en las que aparece él mismo pidiendo “insistentemente” dinero a Juan Antonio Galán, uno de los principales empresarios y “cabecilla” de uno de los seis clanes en los que la investigación divide la presunta trama. El fin del mismo era financiar una caseta de feria o salvar algún apuro económico, aspectos que la defensa advierte que siempre se situaban a final de mes según las conversaciones.
Interrogado por este aspecto, el primer edil ejidense aludió a que “la cosecha de melones y sandías hubo que tirarla” por lo que no llegó a estos ingresos. Este aspecto le llevó, argumenta en la declaración, a pedir dinero a Galán con el que mantiene una “relación de amistad”.
En esta línea, el Ministerio Fiscal preguntó a Enciso por la renta negativa que le sale en Hacienda a lo largo de los años 2003 y siguientes, dado que “los gastos superan con mucho a los ingresos”, un aspecto con el que el regidor se mostró en desacuerdo pues explicó que todos los años tiene unos “ingresos importantes” dado que los invernaderos “funcionaban”, y entre 2005 y 2006 tiene ingresos de 150.000 euros. “En los números que maneja el Fiscal debe haber un error, Hacienda puede cometer un error”, indica en su testimonio.
SOCIEDADES INVOLUCRADAS
Enciso señaló que junto con su esposa, también imputada en la causa, conformaron la sociedad Enciso y Aguilera a través de la que participan en Gestora Ejidense, mientras que el solo ostentaba un cargo “honorífico” como presidente del consejo de administración de la empresa mixta de servicios municipales Elsur, un extremo en el que se ratificó en segunda declaración en la que indica que ha intervenido “solo cuando le han llamado”.
Así, Galán participa, según Enciso, en Gestora Ejidense, sociedad que pertenece en un 25 por ciento a Jardines de Poniente, aspecto que para el alcalde “debe de ser un error” a no ser que sea a través de Galán. Jardines de Poniente constituye una de las entidades subcontratadas por Elsur para la ejecución de servicios municipales que se sufragaban con un canon.
Un informe técnico municipal alertó al Área de Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) de la “sobrefacturación” detectada en los presupuestos que para el ejercicio 2007-2008 en el apartado de limpieza de dependencias municipales presentó la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) y que casi duplicaba el canon aprobado en 2,4 millones de euros al incluir gastos por la compra de suministros básicos que, en algunos casos, multiplicaban hasta por trece su precio de mercado en comercios al por menor.
El citado documento, incluido en las diligencias previas del caso “Poniente” por el que se investiga una presunta trama de corrupción municipal y al que tuvo acceso Europa Press, advierte de que la propuesta de Elsur presenta “deficiencias” y detalla que cuantifica el gasto por detergente en 4,4 euros por los 0,84 euros que cuesta en realidad o cifra en 20,3 y 13,8 euros el coste de unas varillas de algodón y de goma cuyo valor en tiendas se sitúa en 1,54 euros.
El informe, que aparece visado por el edil de Obras Públicas, Ignacio Berenguel (PAL), imputado junto al alcalde, Juan Enciso, y regidor accidental durante los ocho meses que estuvo encarcelado, reseña, asimismo, que se establece una frecuencia de 365 días para la limpieza de suelos de edificios y aseos cuando, “en realidad, la frecuencia del servicio anual para inmuebles docentes es de 193 euros y de 247 días para los administrativos”.
El documento ejemplifica lo que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada resume, a partir de lo sostenido por la Intervención General de la Administración del Estado y de la Agencia Tributaria, en que las subcontratas y entidades administradas por los principales imputados a los que la instrucción divide en seis clanes y el Grupo Abengoa, obtuvieron unos “superbeneficios no justificados” de la empresa mixta Elsur mediante “precios inflados” y una “sobrefacturación”.
En esta misma línea se expresa un estudio elaborado por la Universidad de Sevilla a instancias de “Agua y Gestión de Servicios Ambientales”, una sociedad subcontrata de Elsur y que, según explica en su declaración como imputado el presidente, Antonio Marañón, se encargó al conocer que uno de los principales implicados en la presunta trama, José Amate, subcontrataba desde Elsur con seis empresas de las que era administrador.
El mencionado estudio desgrana que los insumos y trabajos de abastecimiento y saneamiento tenían una “desviación al alza” sobre los precios de mercado del 14,04 por ciento aunque los costes de la limpieza de un deposito, localizar una fuga, instalar un contador o reponer la grifería en aseos de edificios públicos estaban “inflados” en hasta un 22 por ciento por unidad.
En los servicios de alumbrado y pintura de edificios públicos, el porcentaje de desviación media baja hasta el 9,33 por ciento aunque destaca que el cambio de lámparas o luminarias en inmuebles y vía pública presentan un sobrecoste medio de cuatro euros por unidad mientras que en parques y jardines, parcela reservada a dos de las sociedades del supuesto líder del “grupo Galán”, Juan Antonio Galán, que tenían subcontratadas estas labores a Elsur, el “sobrecoste” se incrementa al 22,15 por ciento.
El estudio, adjunto a la causa que instruye la magistrada Montserrat Peña, cuantifica en 10,92 por ciento las desviación al alza sobre el precio de mercado en el mantenimiento de los edificios públicos y en un seis por ciento en el apartado de señales y bacheo.
Otro informe municipal, en este caso fechado en 2009 después de que la operación policial se hubiese saldado con la detención de 20 personas, vuelve a alertar al Área de Obras Públicas de que el consistorio como tal “carece de una estructura de vigilancia y seguimiento que permita analizar con precisión el nivel de cumplimiento del presupuesto de canon aprobado” para Elsur y especifica que no puede hacerlo “ni mediante la medición directa de las unidades de obra realizadas, ni, de manera indirecta, mediante la verificación de que la empresa mixta dispone de los recursos necesarios”.
En otro tomo del sumario liberado este lunes por la magistrada Peña se recogen las declaraciones de personas vinculadas a Elsur y sus subcontratas que, en calidad de testigos protegidos, relatan cómo supuestamente 25 operarios de las sociedades de Amate, “individuo aglutinador” en torno a quien se gestó un “grupo criminal perfectamente estructurado” según la Fiscalía, “estuvieron muchos días seguidos, día y noche, confeccionado partes de trabajo nuevos”.
“VALORACIÓN ECONÓMICA FALSA”
En concreto, uno de ellos relata que se trataba con esta práctica “de alterar los partes reales para que cuadrase la facturación” con motivo de una inspección que iba a realizar Hacienda y que el ex director de explotaciones de Elsur fue el que dio las órdenes y dijo que les recompesaría”. “Se hicieron partes de trabajo referidos a fechas en las que no se afectada, desde el año 2000 al año 2005”.
Otro testigo, también con protección, detalla que la relación de las actividades con la valoración económica “era falsa” y que se realizaba “sobre la base de los partes de trabajo reales, pero modificando éstos para que todo cuadrase en el anexo de actividades”.
Asegura que los “partes de trabajo reelaborados se justificaban como que los trabajadores que los habían hecho eran analfabetos” y añade que Elsur “era plenamente consciente de que los partes de las subcontratas se falseaban y se sustituían para justificar el pago de los servicios a Elsur conforme a lo contratado”.
La parlamentaria andaluza del PP Rosalía Espinosa ha valorado este jueves la investigación del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería de la que es titular la magistrada Montserrat Peña en relación a la denominada operación “Poniente” sobre una supuesta trama de corrupción política en El Ejido (Almería) y ha señalado que, desde su partido, exigirá a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que “se vuelquen con El Ejido” y sus ciudadanos.
En declaraciones a Europa Press, Espinosa ha señalado que desde el PP se observa con una “profunda tristeza” la imagen que adquiere el pueblo de El Ejido a raíz los hechos recogidos en el sumario, si bien ha indicado que desde las filas “populares” no se muestran “sorprendidos” ya que “algunos de estos hechos llevan siendo denunciados por el PP” desde hace años.
De esta forma, la diputada autonómica espera que el avance de la investigación permita que el municipio “recupere su patrimonio, supuestamente sustraído” de forma que ha cifrado la deuda del Consistorio ejidense en 240 millones de euros como uno más de los problemas del municipio que también cuenta con una plantilla de trabajadores de servicios públicos a los que se le adeudan nóminas o colegios infantiles que carecen de calefacción.
Asimismo, ha tachado de “irresponsable” la actitud de grupo municipal del PSOE de El Ejido que, según ella, ha participado como “socio político” del PAL, que ostenta la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de El Ejido; un aspecto que –ahonda– ya se reveló con las transcripciones de las escuchas telefónicas que despejaron “conexiones” entre miembros de ambos partidos, según sostiene.
“El PP es hasta ahora el único partido en condiciones para sacar al municipio de este esperpento”, ha indicado la parlamentaria, quien por otra parte ha señalado que, por el momento, “no hay constancia” de que su formación asumiera obras en su sede ejidense por parte de la plantilla de Elsur, de manera que ha aclarado que se guardan todos los recibos de la construcción de esta, en el año 2000; fecha en la que el actual alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL), gobernaba desde las filas del PP.