La Delegación Episcopal de Enseñanza Católica, la Plataforma en Defensa de la Asignatura de Religión y docentes de esta materia rechazan el proyecto de Ley de Educación aprobado en julio pasado. Este proyecto ignora al derecho constitucional a recibir educación religiosa, supone la reconversión de 17.000 docentes y la desaparición de la asignatura de Religión.
La Delegación Episcopal de Enseñanza Católica, la Plataforma en Defensa de la Asignatura de Religión y docentes de esta materia rechazan el proyecto de Ley de Educación aprobado en julio pasado. Este proyecto ignora al derecho constitucional a recibir educación religiosa, supone la reconversión de 17.000 docentes y la desaparición de la asignatura de Religión, afirman en un manifiesto que han elaborado y que dirigen a la opinión pública y a los medios de comunicación.
Tras la aprobación del proyecto de Ley de Educación (LOE) el pasado 22 de julio por el Consejo de Ministros, el citado colectivo integrado por profesores y profesoras de Religión de Almería, la plataforma en la Defensa de la Asignatura de Religión y la Delegación diocesana para la Enseñanza Católica y la Pastoral de la Cultura han redactado el citado comunicado.
En él rechazan este proyecto porque ignora el rango superior de los acuerdos Iglesia-Estado y el derecho constitucional a recibir educación religiosa en igualdad de condiciones académicas a las demás asignaturas del currículo, busca la extinción de la asignatura de Religión e ignora la petición expresa que año tras año realizan padres y alumnos, demanda muy cercana al 80% del total. Igualmente ignora los casi cuatro millones de firmas presentadas en el Parlamento que reclamaban al gobierno de la nación el respeto y la garantía de este derecho constitucional.
Por otro lado, este colectivo se opone a que se quieras eliminar el status de profesores de Religión, hasta ahora personal laboral de la Administración, dado que ello supondrá la reconversión encubierta de 17.000 profesores y a miles de familias en la calle, y por supuesto, la desaparición de la Asignatura de Religión de la enseñanza pública.
Argumentos falsos y demagógicos
Así mismo, denuncian los argumentos falsos y demagógicos utilizados por algunas personalidades del mismo Ministerio de Educación con el único ánimo de confundir a la opinión pública. En este sentido, manifiestan que los citados profesores siempre han sido personal de la Administración, incluso antes de la democracia. Esta vinculación laboral con la Administración viene avalada por múltiples sentencias del Tribunal Supremo. Además, afirman que es rotundamente falso que el Estado esté pagando despidos improcedentes por caprichos de los obispos. Se está pagando a los trabajadores lo que la Administración les había quitado: el convenio del 93 equiparaba los sueldos de los profesores (Primaria) con el resto de los interinos.
Los últimos pagos desembolsados son la indemnización de 8 días de salario por año trabajado para los contratos temporales, tal y como se recoge en la última reforma laboral y de aplicación a todos los trabajadores sin excepción. La Administración, en un negativo ejemplo para la sociedad de ser la primera en no cumplir las leyes, ha negado sistemáticamente a los profesores de Religión este derecho. Los docentes han acudido a los tribunales y estos les han dado la razón.
Unidad sindical
Por otro lado, este colectivo valora muy positivamente la unidad sindical, que aunque en un primer momento fue un tanto débil e indecisa, ha rechazado finalmente de plano este cambio de status del profesorado de Religión. Por eso los firmantes de este manifiesto animan a las centrales sindicales a que continúen defendiendo a los trabajadores, a que les apoyen decidida y abiertamente en sus reivindicaciones, y a que por encima de prejuicios ideológicos o intereses de partidos, exijan que sea retirado el punto 3 de la Disposición Segunda del proyecto de Ley.
Finalmente, exigen al gobierno de la nación que retome el diálogo con la Comisión Mixta y busque un verdadero Pacto de Estado por la Educación que recoja todas las propuestas hechas con sentido común, que tenga el coraje de acabar de una vez con la inseguridad y el acoso permanente de este colectivo de 17.000 trabajadores y trabajadoras, y que posibilite el llegar a una normalización estable con la asignatura de religión, tal y como ya ocurre con la inmensa mayoría de países europeos.