La familia de J.M. Galdeano, el agricultor de 39 años fallecido el 24 de julio en las dependencias de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, espera poder darle sepultura hoy, tras haber conseguido en la mañana de ayer el pertinente permiso de la jueza que lleva el caso, Estefanía López, para el traslado del cuerpo, una vez realizada la autopsia. El abogado de la familia, José Ramón Cantalejo, lo confirmó ayer al mediodía y aseguró que «tras diez días de pesadilla, la víctima puede ser enterrada».
La jueza que instruye el caso recibió ayer el informe de la autopsia, que revela que el hombre falleció por asfixia y fue inmovilizado de pies y manos y le presionaron fuertemente la espalda contra el suelo.
A este respecto, el portavoz de la familia, Leonardo Manuel Montoya, comentó los resultados de la autopsia, ante el juzgado de Roquetas, donde declararon tres de los nueve agentes imputados. Así, se mostró satisfecho ante el resultado del estudio «porque viene a decir lo que todos pensamos en un primer momento nada más verle la cara: que había recibido una paliza». Además se refirió a la víctima como «un hombre tranquilo, pacífico, que acudió a las dependencias de la Guardia Civil por un trámite de una multa de tráfico o algo así».
El portavoz de la familia aseguró que «estamos muy descontentos por la falta de apoyo por parte de representantes de la Subdelegación del Gobierno». Esto mismo fue corroborado por familiares de la víctima, que se congregaron ayer a las puertas del juzgado roquetero.
El portavoz de la familia también manifestó que «queremos que no quede nada oscuro en este caso» y por eso los órganos de la víctima se han llevado a laboratorios de Madrid y Sevilla, por si fuera necesario realizar nuevos análisis «que descarten que no tomó ninguna sustancia o droga».
Tres imputados
Tres de los nueve guardias civiles relacionados con la muerte del agricultor prestaron declaración hasta pasado el mediodía y según fuentes de la familia del fallecido «el viernes tendrán que prestar declaración otros tres de los implicados, entre ellos el teniente de la Guardia Civil», que fue suspendido cautelarmente por el Ministerio del Interior por utilizar armas no reglamentarias, como una porra eléctrica.
Defensa
El abogado defensor de los guardias civiles implicados en el caso del agricultor fallecido en Roquetas, Gustavo Ardúan, confirmó a los periodistas, a las puertas del Juzgado roquetero que a lo largo de la semana «comparecerán los demás agentes, porque el Juzgado está falto de personal por las vacaciones y se está haciendo cargo de los tres una sola jueza, Estefanía López». Asimismo confirmó que el teniente declararía el próximo viernes.
Ardúan manifestó su «malestar ante las informaciones difundidas por los medios de comunicación, que están exagerando todo». Así, en declaraciones a IDEAL, el abogado manifestó que «aún no hay autopsia definitiva, lo que ha presentado el forense es una recopilación de datos, aún queda por hacer la autopsia definitiva pero en el informe en ningún momento dice que murió por el trato de la Guardia Civil». Asimismo, Ardúan aseguró que los tres agentes que prestaron ayer declaración lo hicieron «tranquilos, serenos e insisten en que el agricultor tenía momentos de gran violencia cuando llegó por su propio pie a las dependencias de la guardia Civil por un asunto relacionado con tráfico, un accidente o algo así». Confirmó que es cierto que se le atara de pies y manos «para evitar que se autolesionase y dañase a los agentes, para reducirle» y sobre las armas antirreglamentarias destacó que «no por eso son armas ilegales ni peligrosas, sólo que no forman parte del material que utiliza el cuerpo de seguridad normalmente, pero es material disuasorio, no de agresión, que sí utilizan otras instituciones y fue necesario utilizarlo en ese momento».