La Audiencia Provincial de Almería ha revocado la pena al Alcalde del PP en Fines, a quien la Justicia condenó en 2014 por no paralizar una obra en la finca de su hermano, y por su parte el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Almería ondenó al Alcalde del PSOE en Albox por negarle la información que le solicitó el portavoz municipal del PP.
La Audiencia Provincial ha revocado la pena de 21 meses de prisión impuesta al Alcalde del PP en Fines , Rodrigo Sánchez , ya que ha considerado que la prueba de cargo por la que se le condenó por un delito contra la ordenación del territorio “no permite calibrar de qué tipo de construcción se trata, con qué características y para qué utilidades”.
La Justicia condenó en diciembre de 2014 al Alcalde del PP y a su hermano por realizar en una finca de su propiedad obras “sin autorización” y desobedeciendo una “orden de paralización” así como por construir “sin licencia” en la finca, de la que ambos eran propietarios, un edificio anexo a una vivienda y una piscina sobre suelo no urbanizable. La resolución hace suyos casi íntegramente los argumentos esgrimidos en su recurso por la defensa del alcalde, hasta el punto de que absuelve del delito contra la ordenación del territorio a Francisco Sánchez, hermano del Alcalde, si bien éste ni había impugnado el fallo.
Afirma el Tribunal el informe emitido como prueba por la inspectora de Ordenación del Territorio de la Junta “no incluye algo tan básico como una constatación directa” de la edificación “con sus dimensiones, huecos, apariencia y demás datos” que permitan ver “de qué tipo de edificación se trata”.
Por su parte, el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería condenó al alcalde en funciones del PSOE en Albox, Rogelio Mena, a dos años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por denegar “de forma sistemática” varias peticiones de información al portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento.
La sentencia señalaba que Rogelio Mena “ha impedido constantemente la labor de oposición” del concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Juan Pedro Pérez Quiles, a quien le denegó “de forma sistemática varias peticiones de información solicitadas, impidiéndole el acceso a dicha información cuando éste se personaba en el Ayuntamiento”.
Dichas peticiones versaban sobre diversos expedientes de contratación y facturas relativas a tres empresas incluidas en el Plan de Pago a Proveedores del Ayuntamiento, “impidiendo así con la actuación de Mena, la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición”.