Nos complace informar de una nueva Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del TSJ de Andalucía, íntegramente estimatoria del recurso interpuesto por el gabinete Jurídico de ARP, en nombre de un afiliado de Málaga, J. A. S. L. contra la convocatoria del Concurso Específico de Méritos nº 40/2019, para la provisión de puestos de trabajo de Especialista Informático y Programador en distintas plantillas.
Como se sabe ARP viene denunciando y requiere un escenario diferente al actual, para tratar de conseguir modernizar y actualizar al CPN, con un modelo distinto de representación sindical. La sentencia, además, supone un varapalo a un argumento de la DGP que es recurrente cuando se impugnan bases de concursos: que las bases han pasado por la Comisión de Personal y proyectos Normativos de Consejo de la Policía, en la que están los sindicatos representativos, y que esa Comisión no puso pega alguna.
En ARP entendimos que dicha Base era discriminatoria, vulnerando los arts. 14, 23.2 y 103.3 C.E., y el art. 1 R.D. 997/1989, porque iba dirigida a facilitar la adjudicación del puesto a quien lo estuviera desempeñando, pudiendo darse la paradoja de que un peticionario que tuviera una experiencia más dilatada en puesto de Programador o Especialista informático recibiera menor puntuación que otro que tuviera menos experiencia, pero que la tuviera en ese momento en el puesto que pidiera.
El TSJ es tajante en su Sentencia: «La base impugnada vulnera los principios de igualdad, capacidad y mérito. Toda vez que establece una valoración de los servicios prestados, en el concreto puesto a que se refiere el presente recurso, desproporcionada toda vez que es determinante del resultado final sin que exista justificación alguna.»
Es decir, el TSJ pone fin a lo que entendemos una práctica de la DGP por la que, a través de las bases de convocatoria de Concursos Específicos de Méritos, favorece la adjudicación de puestos de trabajo a quienes los están desempeñando en ese momento, en detrimento de funcionarios que puedan tener más experiencia en idénticos puestos, pero en otras dependencias.
Una vez más se condena en costas a la Administración Policial, por consiguiente la Agrupación Reformista de Policías, ante los correctivos económicos, cifras millonarias que está suponiendo condenas de toda índole, en el día de ayer, remitió una propuesta al Ministerio del Interior, presidente a su vez del Consejo de Policía, en unos términos constructivos, para tratar de poner fin actuaciones irregulares de funcionarios del CPN, mandos o superiores, que están siendo dispensados de actuaciones irregulares que comportan, condena a costas judiciales a la DGP, para ello, se solicita que por la comisión de personal y proyectos normativos del Consejo de Policía, a propuesta de esta organización sindical, aborde y emplace a las partes interesadas, en la confección urgente de una disposición o norma de aplicación, en consecuencia con los funcionarios del cuerpo de policía nacional, en funciones propias de su cargo o empleo, resuelvan, ordenen o decidan actos que por resolución administrativa o en vía judicial, supongan resarcimiento al daño causado, la anulación a posteriori del acuerdo administrativo dictado y el derecho a la indemnización de los perjuicios causados a los funcionarios demandantes. Sus promotores deberán asumir los gastos que supongan la condena en costas habitualmente impuesta a la DGP y la lógica actuación disciplinaria consecuente con la sentencia, evitando con ello la proliferación de asuntos que merecen una corrección actualmente no regulada y el gasto al erario que suponen estas condenas.
Los afectados de estas irregularidades son funcionarios de todas las categorías del CPN que conforman el colectivo policial, que deben defender sus derechos, en los tribunales superiores de justicia, y en algún caso, en los tribunales ordinarios.