Cualquier otro dirigente europeo temblaría ante los negros nubarrones que se abren en el cielo bruselense pero Sarkozy no es de los que se amedrentan. La gran ambición política del presidente galo, reencarnado en una especie de nuevo Napoleón, le predispone por naturaleza a aceptar retos cada vez más desafiantes, como ya ha demostrado en anteriores ocasiones.
Francia tiene intención de dotar de un fuerte contenido agrario su presidencia. No en vano, Sarkozy ha sido el único dirigente comunitario hasta ahora que se ha atrevido a criticar abiertamente la evolución de la Política Agraria Común (PAC) y que ha defendido el respeto a la preferencia comunitaria en el comercio agrícola europeo. Además, sus promesas electorales le valieron el voto mayoritario del campo en los comicios que lo situaron en primera línea de la política internacional.
El modelo de PAC promovido por Europa ha estado financiando el abandono de las tierras de cultivo y ahora, tras la escalada del precio de los alimentos, pretende ampliar de manera “sostenible” la superficie de cultivo dentro de la Unión. Esta paradoja es fruto de la errática política agraria comunitaria, que durante mucho tiempo ha intentando deshacerse del sector primario pero que al final ha caído en la cuenta de que Europa no puede depender exclusivamente de las importaciones agroalimentarias de terceros países.
Pese a que muchas organizaciones agrarias europeas han puesto sus esperanzas en el mediático presidente galo, desde COAG preferimos ser prudentes porque con la presidencia francesa se abre un periodo de oportunidades pero también de grandes incertidumbres.
Entre los planes de Sarkozy para el semestre figura el primer encuentro de las naciones de la Unión Mediterránea, un proyecto con luces y sombras que deja entrever el doble discurso del presidente francés en materia agrícola y que deberá ser redefinido por nuestros vecinos si quieren contar con el beneplácito de los agricultores españoles. Una de cal y otra de arena. Mientras Francia critica estos días, acertadamente desde mi punto de vista, las excesivas concesiones a las importaciones agrícolas que está realizando la Unión Europea en las negociaciones de la OMC, Sarkozy se dispone a inaugurar el próximo día 13 de julio en París una versión reducida de esta “Unión por el Mediterráneo”, tras las reticencias mostradas por algunos estados miembros.
Detrás de esta consciente ambigüedad se encuentran los intereses comerciales de Francia que, recordemos, cuenta con varios grupos de distribución alimentaria que explotan varios miles de hectáreas de invernadero en el norte de África. No en vano, el puerto de Marsella recibe a diario miles de toneladas de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos que son distribuidas a toda Europa desde el mercado central de Perpignan.
Sin embargo, pese a sus defectos la postura gala refleja al menos cierto apoyo a los agricultores comunitarios, un halo de “proteccionismo” (sí, esa palabra que tan poco predicamento encuentra dentro de la Unión Europea) frente a la entrada indiscriminada de hortalizas procedentes de terceros países.
España, mientras tanto, se ha limitado a ejercer hasta ahora un papel secundario, incapaz de levantar la voz ante la Comisaría de Agricultura y apoyando desde el principio una PAC diseñada por y para los agricultores del norte de Europa. Esta indolencia española se refleja también en las negociaciones entre la Unión Europea y los países de la ribera sur del Mediterráneo para renovar los acuerdos de asociación, que se están desarrollando en el más absoluto secreto. Es indispensable que el Ministerio de Medio Rural se posicione de forma más contundente en contra de unos acuerdos que pueden asestar el golpe definitivo a la competencia de las frutas y hortalizas españolas, cuyos costes de producción son infinitamente superiores a los de países como Marruecos o Egipto.
No podemos permitir que nos embauquen con que el objetivo de estos tratados es mejorar las condiciones de vida de los países en desarrollo. En muchas de estas naciones, las garantías sociales y laborales de los trabajadores son todavía accesorias, y los agricultores sufren, al igual que los europeos, la tiranía de las grandes multinacionales alimentarias, que imponen los precios en origen y presionan fuertemente a los productores.
Por lo tanto, en COAG pensamos que España debería diseñar una estrategia conjunta con el Gobierno francés ya que las dudas y temores de sus agricultores ante la liberalización del comercio mundial son los mismos que los nuestros. Esta alianza hispano-francesa debería servir para encabezar la defensa del sector de frutas y hortalizas antes de que sea demasiado tarde para todos.