Este miércoles, varios cientos de Técnicos de Integración Social (PTIS) e
Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), contratados por empresas para prestar
los respectivos servicios educativos, se han concentrado a las puertas de las
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las ocho capitales
andaluzas y Algeciras. La protesta, convocada por CCOO, tiene por objeto exigir
al Gobierno de la Junta el mantenimiento de los empleos de estos trabajadores y
trabajadoras, una vez que dichos servicios sean rescatados por la Administración
educativa y prestados con empleo público.
Tanto el servicio de Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades
Educativas Especiales como el de Interpretación de Lengua de Signos lo
desarrollan casi 1.400 trabajadoras y trabajadores –colectivos altamente
feminizados, con casi el 90% de mujeres— en cerca de 1.200 centros de
enseñanza públicos repartidos por toda Andalucía.
En este sentido, el Secretario General de Enseñanza de CCOO de Almería, Juan
Pallarés, “exige el cumplimiento de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector
Público, y concretamente su Art. 130.3, por la que la Consejería de Educación y
Deporte estaría obligada a la subrogación de este personal, una vez la prestación
del servicio sea ofrecida de forma directa y con personal propio por la
Administración”.
CCOO recuerda que el conflicto surge a raíz del Informe General de la Junta de
Andalucía de 2016, por el que queda claro que la Agencia Pública Andaluza de
Educación (APAE) no tiene competencias para la contratación del Servicio de
Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ni el de
Interpretación de Lengua de Signos, y que la Consejería de Educación tiene
hasta el 2022 para convertir estos puestos en públicos.
Además, el Responsable de Servicios Complementarios Externalizados de
Enseñanza de CCOO Almería, Juan José de Blas, “denuncia que en este proceso
la Administración ha utilizado una engañosa intencionalidad con las trabajadoras,
haciéndolas creer que para mantener sus empleos la solución pasa su inscripción
en una bolsa de trabajo, y que la Administración no es la culpable de que no se
pueda materializar su continuidad una vez sean rescatados los servicios, sino que
lo son los sindicatos, obviando, de forma premeditada, su deber de subrogación,
tal como dicta la Ley”.
A este respecto, Pallarés incide en que “la única solución viable es la aplicación
de la Ley y la subrogación”. Añadiendo, que “CCOO está al lado de las
trabajadoras, junto a las que ha ya ha realizado varias protestas e, incluso, una
jornada de huelga el pasado día 15 de enero. Y que, de no tener respuesta por
parte de la Consejería de Educación y Deporte, continuarán con su calendario de
movilizaciones, siendo la próxima protesta una concentración ante la sede la
citada Consejería, en Sevilla, el próximo miércoles 12 de febrero, sin descartar
más jornadas de huelga en próximas fechas”.