En una carta a Pedro Sánchez señala que no considerar alimento básico a los productos pesqueros se traduce en la segregación de proteínas de alta calidad nutricional en la dieta de amplias capas de población, las más desfavorecidas en el contexto inflacionario actual, y acarreará a medio plazo graves perjuicios de salud
El sector pesquero en bloque[1]ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el Ejecutivo reconsidere urgentemente su decisión de no reducir el IVA delos productos pesqueros[2], actualmente gravados con un 10%, en lugar de con un 4%. En su misiva, todo el sector (pesca, acuicultura, transformación y comercialización) traslada al presidente la profunda decepción que ha creado en toda la cadena de valor de estos productos en nuestro país, en la que trabajan más de 120.000 personas, desaprovechar la ocasión de incentivar el consumo de un alimento de tan alta calidad nutricional y sostenible, como es el pescado en la dieta de los españoles,tras las medidas[3] adoptadas por el Ejecutivo para mitigar el encarecimiento de los precios de los alimentos.
A juicio del sector, la no consideración de los productos pesqueros como un alimento básico, a pesar de que el propio Ministerio de Consumo recomienda su consumo tres veces por semana, se traduce en la segregación de proteínas de alta calidad nutricional en la dieta de amplias capas de población, las más desfavorecidas en el contexto inflacionario actual, y acarreará a medio plazo graves perjuicios de salud.
Según los datos aportados por el sector en su carta a la Moncloa, las enfermedades relacionadas con la mala alimentación cuestan 14.000 millones de euros anuales al Sistema Nacional de Salud, que representa casi un 20% del total del gasto sanitario. Frente a estas cifras, y según los cálculos del sector, la reducción del IVA de los productos pesqueros que se solicita supondría menos de 500 millones de reducción de ingresos para el Estado.
Las organizaciones firmantes recuerdan en su carta al presidente Sánchez que han sido numerosas las ocasiones en que han solicitado la rebaja del IVA de los productos pesqueros, así como la necesidad de enviar un mensaje contundente desde el Gobierno para apostar por el consumo de alimentos saludables potenciando su consumo. Igualmente, en esas solicitudes han ofrecido datos y estudios del tipo impositivo en otros países europeos, en los que se gravan al 0% o al 5% y cómo en Europa se habla ya de una fiscalidad saludable.
Datos de salud preocupantes
En su carta, el sector enumera algunos de los problemas de salud derivados de una dieta alimenticia de mala calidad, en especial el de la obesidad. Así, recuerdan al presidente que España es el cuarto país de la Unión Europea (UE) con mayor porcentaje de niños obesos, con una tasa del 19%, que se eleva hasta el 42% si se incluyen también los niños. En el caso de las niñas, España ocupa el segundo puesto, con un 17% de niñas obesas y con un 41 % incluyendo a las niñas con sobrepeso (Fuente: COSI 2015-2017, OMS Europa).
En este mismo sentido, en el escrito se informa de que la obesidad se ha duplicado en las niñas y las adolescentes (8-16 años) en los últimos 20 años (Estudio PASOS) y España es uno de los países de la UE en los que la tasa de riesgo de pobreza infantil y obesidad presentan una correlación más alta; de hecho,el porcentaje de niños con obesidad se duplica para los hogares con menos ingresos (23,7%).
Sobre el impacto económico de este problema, el sector recuerda en su escrito que según un estudio realizado en 52 países por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los resultados para España son impactantes. Así, reduce en 2,6 años de esperanza de vida de la población, es responsable del 9,7% del gasto sanitario y reduce la productividad laboral en el equivalente a 479.000 jornadasanuales, lo que en su conjunto supone una reducción del PIB del 2,9%. La cobertura de estos costes, de acuerdo con el estudio, exige a cada ciudadano de nuestro país un promedio de 265 euros anuales en impuestos; y concluye el estudio que, por cada euro invertido en prevenir la obesidad, se recuperarían 6.
El sector también apunta en su carta que los hogares conformados por parejas con niños pequeños sólo consumen 9,71 Kgde productos pesqueros por persona y año, menos de la mitad de la media del consumo en España. Las parejas con hijos de edad media se quedan en 14,80 Kg al año.
Así mismo, en los hogares españoles el consumo de pescado ha disminuido un 25% desde 2008, por lo que el sector, dice en su carta, no entiende que el Ejecutivo no muestre su carácter social, apoyando el consumo de unos productos indispensables para la salud y, más aún, en la situación actual con capas poblacionales vulnerables.
Por último,la reducción del IVA de los productos pesqueros, se apunta en la carta, también ayudaría a fortalecer al sector, líder en la UEy uno de los más relevantes del mundo en todos sus eslabones, desde el productor a la comercialización, pasando por la transformación, y del cual el Gobierno debería sentirse orgulloso, tanto por su labor de proporcionar alimento saludable y sostenible, como por su forma de obtenerlo, cumpliendo los más altos estándares de calidad y de sostenibilidad, tanto social, como económica y medioambiental.
[1]ANFACO-CECOPESCA, Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), la Cooperativa de armadores de pesca del Puerto de Vigo (ARVI), ConfederaciónEspañola de Pesca (CEPESCA), AsociaciónEspañola de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR), la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA), la Federación Nacional de Mayoristas de Pescados (FENAMAR) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP)
[2]Incluyendo productos provenientes de la pesca, marisqueo y acuicultura en sus diferentes presentaciones: fresco, cocido, congelado, conserva, plato preparado, semiconserva, ahumados, etcétera).
[3]Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.
