La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha pedido hoy a la Junta de Andalucía que la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía, recientemente aprobada por la Junta de Andalucía, “no quede en una mera declaración de intenciones por parte del gobierno regional y se convierta en un acicate y un impulso para la mejora de los asuntos sociales en Andalucía después de casi 30 años de espera”.
Al tiempo que anunciaba la presentación de las oportunas enmiendas que mejoren el texto definitivo, ha expresado su preocupación respecto “a cómo se articula la nueva Ley y cómo se financiarán estos servicios, algo fundamental en el desarrollo, quedando actualmente a merced de su Reglamento. Esta es una ley que precisa de tener clara cuánto, dónde y cuando van a derivarse los recursos económicos que eviten, por ejemplo y como ocurre también este año, que no se haya pagado nada de la Ley de Dependencia a las administraciones locales”.
Así lo ha trasladado en un encuentro mantenido este lunes con la Junta de Gobierno del Colegio de Trabajadores Sociales de Almería, encabezada por su presidenta, Encarna Peláez, en la sede del Colegio de Trabajadores Sociales, dónde ha estado acompañada de los también parlamentarios almerienses Aránzazu Martín y Amos García. Crespo ha insistido además “en dignificar, a través de esta Ley, la figura del trabajador social, elemento clave de los servicios sociales que presta toda administración e imprescindible en la protección de los derechos básicos de los ciudadanos”.
Para la portavoz popular “el tema social debe ser una prioridad en estos momentos y como ocurre con la educación o la sanidad, los servicios sociales deben ser atendidos como servicio público que es y no quedando solo a merced de ONG´s u organizaciones sociales un servicio que tiene que prestar la administración y que debe formar parte de los presupuestos como tema prioritario”.
Crespo ha recriminado a la Junta que la política social de Andalucía está sustentada por los ayuntamientos y organizaciones sociales “a las que se les paga poco y mal”, y ha hecho referencia a la deuda vinculada a la Dependencia que, en el caso de la provincia de Almería, supera actualmente los diez millones de euros.
Respecto a la política social también Crespo ha criticado la pérdida sistemática de efectivos que también en Almería se ha producido en los últimos años, contabilizados desde enero de 2012 a enero de 2016, en 589 efectivos en Educación y 160 en Sanidad. “En una provincia eminentemente turística, como es Almería, siendo grave esa pérdida de efectivos, no lo es menos el hecho de que no se refuercen los servicios o, como denuncia el propio Sindicato Médico, que no se vayan a cubrir el 50% de las bajas y sustituciones que se produzcan en la sanidad en estas fechas”, lamentó.
Alcazaba y Plaza Vieja
Por otro lado, Crespo ha vuelto a exigir a la Junta de Andalucía “responsabilidades” por lo que viene sucediendo en torno a la Alcazaba, al tiempo que se ha preguntado “”que hubiera hecho la Junta de Andalucía si ésto hubiera ocurrido en la Mezquita de Córdoba o en la Alhambra de Granada. No se puede mandar un expediente a la Fiscalía, que está muy bien, y que nadie asuma responsabilidades ante un hecho tan grave, por parte de quien es competente de la gestión y el mantenimiento y conservación del Conjunto Monumental de la Alcazaba. La Junta es muy laxa con las necesidades de La Alcazaba. Nosotros no vamos a definir las personas que tienen que asumir responsabilidades por no estar vigilantes en la conservación y mantenimiento de un Bien de Interés que, por otro lado y cómo es notorio, precisa de inversiones y que reclamamos en los presupuestos de 2017, nominativos, como hace la Junta con otros monumentos de Andalucía”.
Al mismo tiempo ha pedido Crespo pedido a la Junta “sensibilidad y diligencia” respecto de las obras de la Plaza Vieja, una vez sea remitido por el Ayuntamiento de Almería el modificado exigido para la continuación de las obras. La portavoz popular en el Parlamento de Andalucía ha recordado “los muchos retrasos que acumula este proyecto” al tiempo que ha reclamado de la administración autonómica, en el ámbito de su competencia “celeridad en su decisión respecto al modificado que ha de presentar el Ayuntamiento para que la continuidad de las obras posibilite llegar a la fecha de conclusión de los trabajos en 2018”.