Estos actos, que se materializaran previsiblemente en concentraciones a las puertas de los juzgados, se efectuarán al mismo tiempo que otro sector de la judicatura realiza una jornada de huelga, apoyada aproximadamente por un 20 por ciento de los jueces en España.
En un comunicado remitido hoy, la AF señala que se une a la convocatoria de concentraciones para poner de relieve la "penosa situación" de la Justicia y niega que el apoyo que prestan a las iniciativas de protesta anunciadas por los jueces tengan caracter corporativista.
Añaden que han tomado esta decisión tras analizar el resultado de la reunión que mantuvieron el pasado día 28 de enero con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que califican de "decepccionante", por lo que le demandan un "cambio de actitud".
Insisten en que sus reivindicaciones no tienen naturaleza corporativa, sino que van dirigidas "a dignificar y mejorar el servicio público de la Justicia", para lo que, además de un cambio por parte del Ministerio de Justicia, exigen a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en este ámbito que también reaccionen n "ante la grave situación a la que se ha llegado".
Entre las medidas demandadas por los fiscales está la "inversión decidida en la definitiva superación de las deficiencias estructurales actualmente existentes en materia de instalaciones y medios informáticos", así como una adecuada dotación de las plazas de Fiscales y una verdadera "oficina fiscal, dotada de los medios personales eficientes, y con la debida formación, que tienda a una progresiva eliminación de la Justicia interina".
La asociación Jueces para la Democracia (JpD), hizo hoy públicas las conclusiones alcanzadas los pasados días 4 y 5 de febrero por su Comité Permanente, entre las que figura una reprobación al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Exigen también un "cambio de interlocutor" en las negociaciones para la modernización, por haber carecido el ministro "de la capacidad de diálogo y conciencia del respeto debido al Poder Judicial y demás agentes de la Administración de Justicia".
Además, JpD, considera a los jueces "constitucional y legalmente legitimados para, en determinadas situaciones, hacer uso del derecho de huelga". Estiman sin embargo que esta medida límite "sólo debería adoptarse una vez agotadas todas las posibilidades de hacer frente de forma negociada a esa extrema situación de deterioro".
Pese a ello, Jpd considera hasta ahora ninguna de las administraciones implicadas ha manifestado una disposición real a afrontar de forma negociada los problemas de la administración de Justicia.
"Esto debe afirmarse con rotundidad del Gobierno central, que tiene en su mano la posibilidad de ofrecer alternativas reales a la huelga, dando signos inequívocos de una voluntad de llegar a soluciones negociadas con todos los interlocutores", insiste.
"Una eventual actitud obstruccionista o la falta de voluntad por parte de las administraciones implicadas que pusiera en crisis la iniciativa que se postula, dejará abierta la vía de la huelga como único recurso", advierte la asociación, si bien insiste en que "en este momento y en estas circunstancias, con una carga de razón y de legitimidad inobjetables".