“¡Vaya pelotazo!”, exclamó un garruchero informado de los antecedentes que hay sobre la recalificación urbanística de la parcela conocida por el 1.1, existente a la entrada a Garrucha desde Vera, y que fue recalificada en la última sesión plenaria del Ayuntamiento y que ya fue objeto de interés urbanístico por su propietario durante la pasada legislatura Municipal con el PSOE gobernando el municipio.
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La parcela en cuestión cuenta con una superficie de 292.000 metros cuadrados y en ella se prevén construir 1.464 viviendas, lo que supondrá una sensible expansión para el municipio de Garrucha, que hasta hace poco era el más exiguo de España y ahora es uno de los más pequeños.
Esta parcela es propiedad de Hispavima que provviene de una hacendada familia huercalense, una sociedad que adquirió estos terrenos por unos cien millones de pesetas y que durante el boom del “ladrillo” pretendió desarrollar urbanísticamente y que no llegó a hacerlo por no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento regido por el PSOE. En la parcela en cuestión se construyó una discoteca al aire libre llamada 1.1 y que gozó de éxito provincial en la década de los 80, habiéndole dado nombre a los terrenos en cuestión pese a que en ellos también hubo instado un karts.
El motivo fue la negativa de Hispavima a entregar al Ayuntamiento la cantidad que los informes técnicos señalaban y que alcanzaba un monto de 12 millones de euros. Hispavima contaba con la obligación legal de ceder al municipio el 10%, pero al estar la parcela limitada por la carretera de la variante y la zona urbana consolidada sobre una altura sensible que provoca un talud considerable, cuando se comenzó a negociar con el Ayuntamiento hubo disenciones por la zona objeto de cesión que prevé la Ley del Suelo.
Al tratarse de una parcela de forma rectangular, limitada en su lado más largo por la carretera y por el talud en el otro, el Ayuntamiento de Garrucha le planteó al empresario la necesidad de que el 10% de cesión obligatoria, y que en un principio se negaba a entregarlo por considerar que con el pago de la Licencia de Obras que el canzaba un monto de 800.000 euros sería suficiente para un pueblo como éste, a lo que cedió y planteó que fuese el talud, una zona de relleno e inservible a todas luces porque no puede construirse en ella por la imposbilidad de cimentarla.
Pero el Ayuntamiento regido por el socialista Andrés Segura Soler, que fue quien condujo las negociaciones, se opuso inicialmente a que solamente fuese exsclusivamente tarrenos en el talud sino que se tratase de terrenos por el lado menor y que captasen zonas de las tres calidades, es decir de primera línea, de segunda y del talud, a lo que se negó el empresario rotundamente porque aseguraba que “no salían las cuentas”, por lo que a partir de este momento se descartó que la cesión obligatoria del 10% de aprovechamiento previsto por la Ley del Suelo y se comenzó a negociar a partird de entonces la cesión en terreno y en dinero.
Los informes técnicos con que contaba el Alcalde Andrés Segura le señalaban que además de los terrenos del talud debería desembolsar la cantidad de 12 millones de euros, cantidad a la que se negó rotundamente el empresario y ofreciendo la empresa cuatro millones de euros, a lo que se opuso el regidor porque sostenía que el informe técnico que poseía le indicaba que la cantidad a entregar al Ayuntamiento era de doce millones de euros.
La rotundidad del Alcalde socialista provocó que el empresario barajara la venta de la parcela, y una vez puesta a la venta se interesó por ella la constructora almeriense Obrascampo, que conocidos los detalles del informe técnico y la cantidad a desmbolsar al Ayuntamiento, aceptó en todos sus términos el referido informe técnico con la única condición de que el vaciado del Paseo Marítimo o Malecón corriese por cuenta de esta empresa toda vez que era generado por ella, a lo que cedió el Ayuntamiento. Así, pues, Obrascampo entregaría al Ayuntamiento 12 millones de euros y se quedaría con la obra de vaciado del Malecón, que no era más que la construcción de aparcamientos subterráneos que solucionase el problema de aparcamiento existente en Garrucha y al mismo tiempo diese cumplida respuesta al reto que supondría la apertura del Centro Comercial.
El problema vino cuando Obrascampo no consiguió el aval bancario de 12 millones de euros y el Alcalde Andrés Segura Soler se negara a aceptar otros avales de menor cuantía aunque de mayor interés personal y emocional para el empresario de Obrascampo.
Ahora, en la útima sesión plenaria del Ayuntamiento se aprobó inicialmente este Plan Parcial con la única cesión por parte de la empresa promotora de los terrenos existentes en el talud cuando la empresa estaba dispuesta a entregar cuatro millones de euros de los doce que le exigía el Ayuntamiento, con lo que Hispavima se ha ahorrado los cuatro millones de euros que estaba dispuesta a entregar al Ayuntamiento además de los terrenos del talud. Y aquí es donde ha saltado la liebre, porque nadie entiende que el Ayuntamiento gobernado por el PP haya a permitido ahorrarle a la empresa los cuatro millones de euros que ya estaba dispuesta a entregar y solo haya aceptado los terrenos del talud, con lo que el pueblo de Garrucha pierde cuatro millones de euros como mínimo, lo que es considerado un “pelotazo” sin paliativos.