DIPUTACIÓN DE ALMERÍA IGNORA LAS REIVINDICACIONES DE SU PERSONAL EN ABUSO DE TEMPORALIDAD, Y ACELERA LOS PROCESOS SELECTIVOS.
Las secciones sindicales CSIF, UGT, y CCOO también solicitan retraso de los procesos incompatibles con la legislación europea, a la espera de una inminente adaptación de la normativa estatal a la comunitaria. AEEPA anuncia movilizaciones inminentes de los colectivos implicados, en enero.
Largos meses llevan los interinos y personal laboral de la Diputación de Almería en abuso de temporalidad, esperando una solución compatible con la Directiva 1999/70/ CE sobre trabajo de duración determinada. En este sentido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 19 marzo de 2020, determinó que los proceso selectivos de
libre concurrencia -como los establecidos actualmente en Diputación de Almería- no constituyen sanción al abuso cometido, y por lo tanto no solucionan el problema generado por la Administración. No son procesos adecuados para plazas ocupadas por personal de larga duración.
Es lógico pensar que el personal que lleva 10, 15, 20 o más años en abuso de temporalidad no es quien debe soportar más penalización por un comportamiento inadecuado o dejadez de la Administración. En este sentido, el pleno de Diputación de 24/07/2020 aprobó por unanimidad una moción que determinaba esperar a la modificación y adaptación de
la normativa estatal, principalmente las modificaciones que deben incluirse en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, sobre la que que actualmente se trabaja de forma urgente en Congreso y Senado, con el fin de “ofrecer mayor seguridad jurídica en la regulación de la figura del personal temporal, introduciendo tanto las medidas que limiten el uso abusivo de la temporalidad como las que corrijan esta situación en caso de darse”, como así se manifestó desde la Secretaria de Estado de la Función Pública, hace pocas semanas.
Sin embargo la decisión de impulsar de nuevo dichos procesos masivos de libre concurrencia, no es coherente con la moción aprobada en julio, ni compatible con los inminentes cambios legislativos, ni con la situación sanitaria excepcional provocada por la pandemia. En enero ya hay previstas pruebas selectivas que incluyen personal en abuso de
temporalidad.
Igualmente este giro de actitud y rigidez mostrada en las acciones, en contraposición a las buenas palabras manifestadas anteriormente, también se separa del proceder de otras administraciones. Mientras que en el último pleno del año, de 29 de diciembre, la Diputación de Almería no atiende ni considera las demandas reales de su personal en abuso, a modo de ejemplo, ese mismo día la Diputación de Sevilla realiza una declaración institucional referida a la adopción de medidas legislativas para la estabilización excepcional del empleo público temporal en las Administraciones Públicas.
Desde la plataforma AEEPA (Almería por la Estabilidad del Empleado Público en Abuso), se ha formalizado una petición a Diputación suscrita por 50 personas trabajadores de la Institución, que se encuentran en abuso de temporalidad, pertenecientes a la oferta pública de empleo de 2017 -conformada mayoritariamente por plazas ocupadas por personal de larga duración-, sin que hasta el momento se haya dado respuesta real ni solución coherente a sus demandas. En concreto el colectivo tan solo pide tiempo (y no “fijeza directa” como ha expresado el Presidente en el Pleno del 29 de diciembre, como excusa para negar la demanda real), que permita el desarrollo de la reforma legislativa inminente anunciada por el Gobierno – hay que recordar que son los mismos términos acordados en la moción de julio aprobada por unanimidad y que ahora inexplicablemente ignoran-, lo que el colectivo afectado considera lícito y de justicia, tras muchos años en los que se les ha privado la oportunidad de consolidar su situación laboral.
La ejecución de los procesos desarrollados durante 2020, sin atender la reivindicación del personal en abuso, ya ha forzado la interrupción laboral de personas en abuso de temporalidad, en este caso abocadas ya unicamente a la vía judicial abierta y emprendida por estos empleados públicos. Estos actos, en cualquier caso obligarán a indemnizar a dicho personal, ya que desde este año, y gracias a la normativa europea, el despido irregular del empleado público deja de ser gratuito para la Administración incumplidora. En definitiva, esperar a tener certezas legislativas es económico, coherente y prudente, mientras que acelerar los procesos conllevará más gasto público injustificado, la apertura de más procesos judiciales y situaciones de conflicto laboral.
Las secciones sindicales mayoritarias de Diputación, CSIF, UGT y CCOO igualmente han solicitado que no se celebren procesos selectivos relativos a la OPE de 2017 antes de junio de 2021, y que no se realice ningún trámite relativo a las convocatorias señaladas hasta que no se conozca el contenido de las previstas modificaciones legales, que sin duda
deben resolver un conflicto que permanece abierto desde hace muchos años.
Desde AEEPA anuncian movilizaciones y concentraciones durante estos próximos días, también coincidiendo con la concentración nacional del 14 de enero frente al abuso de temporalidad de la administración española que afecta a más de 800.000 empleados.