La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, ha participado en una reunión informativa con alcaldes, técnicos municipales y representantes de distintos municipios de la provincia para explicarles el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares.
Maribel Sánchez, que ha estado acompañada por el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José María Morente y la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Eloísa Cabrera, ha destacado el “papel esencial” de las administraciones locales en la aplicación y desarrollo del decreto ley, que ya se convalidó la semana pasada en el Parlamento de Andalucía, con los votos favorables de PP, PSOE, Ciudadanos y VOX.
El decreto ley quiere dar una respuesta definitiva a la problemática de las viviendas irregulares, aunque “no se trata de ninguna amnistía”, afirma la delegada del Gobierno, “ya que no se pueden acoger las viviendas donde no haya prescrito el expediente o que ocupen suelos protegidos”.
Además, la norma se va a volcar en la labor inspectora y la ejecución de la disciplina urbanística. Para este cometido, se va a elaborar un nuevo plan general de inspección autonómica, que reforzará las actuaciones y definirá una línea de cooperación activa con los ayuntamientos, además de buscar aliados en los agentes sociales que puedan tener relación con esta materia, como registradores de la propiedad, notarios, inspectores de trabajo o Fiscalía.
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha realizado un estudio por el que se estima que hay algo más de 327.000 viviendas irregulares en la comunidad autónoma. De ellas, se calcula que en la provincia de Almería existen 55.265 viviendas irregulares, de las que 14.430 corresponden a Altiplanicies Orientales (compartida con Granada); 13.631 a la zona de Sureste Árido-Almanzora; 10.781 en el Poniente almeriense; 9.129 a la zona de Alpujarras-Sierra Nevada (también compartida con Granada); 7.493 al Levante almeriense y, por último, 7.294 a las denominadas comunicaciones registrales.
El nuevo decreto ley permite el acceso al régimen jurídico de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) a cualquier edificación irregular, aunque con algunas excepciones, como las viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia. Tampoco podrán acogerse al decreto ley las viviendas que se asienten sobre suelos de especial protección.
En segundo lugar, los asentamientos debían figurar en los planes generales y una vez superado ese paso, los ayuntamientos tendrían que desarrollar un plan especial para cada uno de los asentamientos. Con este decreto ley todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU.
Hasta ahora, había que esperar nueve años de media para aprobar un PGOU, más los 20 meses que requería un plan especial. A partir de ahora, el problema se puede resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, en colaboración con los ayuntamientos.
Por último, el tercer pilar en el que se sustenta este decreto ley es la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.
