El comité de Peticiones del Parlamento Europeo acordó hoy preparar una pregunta oral para la Comisión Europea sobre las posibles acciones de restitución económica a las que tendrían derecho los propietarios de la Almanzora (Almería) cuyas viviendas compradas regularmente fueron declaradas ilegales.
La Eurocámara se pronunció a partir de la petición de la Asociación Abusos Urbanísticos de Almanzora, que denuncia la demolición de viviendas en Albox que habían obtenido el visto bueno de la administración local pero que luego fueron declaradas ilegales.
La ciudadana irlandesa Hillen Maura expuso su caso y explicó cómo pese a recibir todos los permisos de edificación, su casa y la de otros vecinos de Albox acabaron siendo derruidas porque se dijo que estaban construidas en suelo “no urbanizable”.
“Somos jubilados que compramos casas de buena fe en el Valle de Almanzora y hemos acabado siendo víctimas del caos urbanístico español”, señaló la irlandesa, que explicó que se ve obligada a vivir en un garaje desde hace tres años.
La Comisión Europea remitió a los peticionarios al Tribunal de Estrasburgo de Derechos Fundamentales, una vez agoten la vía judicial nacional.
Algunos eurodiputados apostaron por que se aplique la carta de derechos europea, ya vinculante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, para hacer valer el derecho fundamental de libre circulación y propiedad de los solicitantes.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario señaló que no es de aplicación en este caso porque la normativa sobre propiedad que se habría infringido es española y no comunitaria.
El eurodiputado liberal británico Michael Cashman señaló que “la política española urbanística provoca tragedias personales y no solo a los jubilados británicos” sino también “a muchos españoles”.
El eurodiputado inglés propuso que se cree una comisión en el PE con la colaboración de las autoridades españolas competentes a fin de dirimir qué indemnizaciones deberían recibir los propietarios que se han quedado sin casa.
Por su parte, el eurodiputado de IU Willy Meyer opinó que los abusos se han derivado de “un caso claro de problema de gestión entre administraciones”.
“La incomunicación entre administración local y regional ha convertido en víctimas a los ciudadanos y la solución de la administración sobre más de 12.697 viviendas ilegales ha sido legalizar 11.777 y demoler 920”, explicó.