La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha suscrito un convenio de colaboración con nueve ayuntamientos de la provincia de Almería para facilitar de forma gratuita el acceso de los menores del sistema de protección andaluz y de los jóvenes ex tutelados participantes en el programa de mayoría de edad a las instalaciones deportivas, culturales y de ocio de gestión municipal. Estos convenios tienen por objetivo “permitir el desarrollo evolutivo, social y cultural de estos menores y jóvenes de los sistemas de protección en Andalucía, además de ayudar a prevenir y erradicar la situación de desventaja y riesgo de exclusión social en que se encuentran muchos de ellos”, ha justificado la consejera Rocío Ruiz.
Roquetas de Mar; El Ejido; Níjar; Vera; Vícar; Adra; Purchena; Huércal-Overa y Huércal de Almería son los municipios que se han adherido a esta iniciativa para facilitar el acceso a sus instalaciones y actividades que se lleven a cabo. “Si queremos una Andalucía, una Almería, más integradora, más inclusiva, los que tenemos responsabilidades públicas tenemos la obligación de impulsar medidas como ésta, que favorezcan la participación de todos», ha resaltado Ruiz.
La consejera, que ha estado acompañada por la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, y el delegado territorial de Igualdad, Rafael Pasamontes, ha matizado que estas actividades a las que optan gracias a estos convenios forman parte de la formación integral de los menores, «tienen que socializarse, tener acceso a la cultura, a esa vida plena que se le ha visto arrebatada», ha defendido. “Por circunstancias diversas, estos niños, niñas y adolescentes no pueden estar con sus familias, muchas veces son víctimas de abandono, violencia… por eso es fundamental que las administraciones les demos todos los recursos posibles para que puedan desarrollarse plenamente, que es su derecho, y puedan integrarse plenamente”, ha dicho.
En este sentido, la consejera ha subrayado la necesidad de planificar políticas públicas orientadas al desarrollo integral de los menores con medidas de apoyo como este acuerdo de colaboración. Y ha apuntado que, en ciertas ocasiones, la situación de desventaja y riesgo de exclusión social es inherente a las carencias afectivas familiares y sociales de partida de los menores que se encuentran bajo tutela de la Junta. De ahí que este tipo de iniciativas, ha dicho, sirvan para “ofrecerles a los niños y niñas tutelados y a los y las jóvenes ex tutelados un apoyo para promover su formación integral y socialización”.
Casi 600 menores y jóvenes se benefician de la medida
El acuerdo suscrito con nueve ayuntamientos de la provincia de Almería va dirigido hacia los menores tutelados en acogida inmediata o que estén en situación de guarda provisional o administrativa en acogimiento residencial. También podrán beneficiarse los mayores ex-tutelados de hasta 25 años que se encuentren en los recursos de alta intensidad de la Junta, con el objetivo de permitir a todos ellos el acceso gratuito y disfrute de las instalaciones municipales deportivas, culturales y de ocio en función de las edades y necesidades.
De esta forma, los consistorios facilitarán apoyo y asesoramiento y proporcionarán información de aquellas actividades y eventos que pudiesen ser del interés para los menores y jóvenes de los programas protección. En la provincia de Almería hay 470 plazas en recursos residenciales para menores tutelados. Asimismo, se gestionan 101 plazas en recursos de alta intensidad (que incluyen formación y solución habitacional) para chicos y chicas ex tutelados de hasta 25 años dentro del programa de mayoría de edad.
Ofrecer las mismas oportunidades
La consejera ha considerado que mejorar la calidad de vida de estos chicos y chicas “es, por tanto, mejorar nuestra sociedad, y vamos a seguir avanzando en toda Andalucía para que estos niños y niñas y jóvenes que han tenido carencias afectivas, familiares, sociales, en definitiva, desventajas y riesgo de exclusión social, tengan las mismas oportunidades”.
Ruiz ha subrayado así el compromiso del Gobierno andaluz en la atención y protección a la infancia, recogido en la nueva ley de Infancia y Adolescencia en vigor desde el pasado año. “Se trata de una ley pionera, que convierte a la comunidad en referente en la protección y los derechos de la infancia y la adolescencia y que cuenta con prioridad presupuestaria”, ha indicado, “una norma integral, transversal y acorde a la realidad actual y a los nuevos contextos sociales, como el uso responsable de internet y la alfabetización digital, el derecho a la imagen o los riesgos de adicción, y que además favorece su participación para que su voz sea tenida en cuenta”.
La consejera de Igualdad ha referido a la apuesta, recogida en la normativa, por la prevención y la detección precoz de las situaciones de vulnerabilidad entre los y las menores y adolescentes, y en caso alternativo, por el acogimiento familiar con apoyo económico, jurídico y social, “priorizando siempre el interés superior del menor”. Todo ello con el objetivo de «evitar por todos los medios de que los niños y niñas entren en el sistema de protección, especialmente cuando hablamos de menores de 7 años».
Además, ha puesto el acento en que ese cuidado a los y las jóvenes más vulnerables se ha extendido hasta la mayoría de edad, a fin de evitar que se vieran expuestos al salir de los centros de protección. Para ello ha sido fundamental el nuevo sistema de atención impulsado hace tres años por la Consejería, basado en la protección de los derechos de la infancia y que, en el caso de los menores extranjeros no acompañados, especializa los recursos en función de sus necesidades y su proyecto migratorio.
Este nuevo modelo ha sido reconocido por organismos e instituciones y señalado como un referente para otras instituciones por el salto de calidad que ha supuesto en la atención a la infancia más vulnerable y desprotegida. Parte de la premisa de que la formación, mediante itinerarios socio-educativos individualizados, es clave para la integración de todos los chicos y chicas procedentes del sistema de protección de menores una vez que alcanzan la mayoría de edad y su preparación para una vida autónoma plena.
De esta forma, cuando cumplen los 16 años empiezan a prepararse junto a los educadores y orientadores para lograr una vida adulta plena y autónoma. Y si así lo quieren y se comprometen a ello, pueden continuar con esta guía hasta los 25 años, convirtiéndose en esa red de apoyo familiar que sí pueden tener otros y otras jóvenes. Se cubren sus necesidades básicas de manutención y alojamiento, pero también se atienden sus expectativas, sus necesidades emocionales y educativas.
“Hemos multiplicado por cuatro los recursos, creando 914 plazas del programa de atención de alta intensidad “+18”, que incluye alojamiento y formación, frente a las 215 que había al comienzo de la legislatura, para evitar que se queden en la calle al alcanzar la mayoría de edad y, por tanto, salir de la órbita del sistema de protección”, ha subrayado la responsable andaluza de políticas sociales.
Esta fórmula ha permitido reducir la tasa de abandono voluntario del 55,43% al 9,92%, y se ha eliminado la tasa de conflictividad y el rechazo social. Asimismo, uno de cada tres jóvenes ha logrado un contrato de trabajo gracias a los itinerarios sociales personalizados.
