La Comisión Europea ha presentado hoy una propuesta sobre transparencia y segmentación de la publicidad política, dentro de las medidas destinadas a preservar la integridad de las elecciones y abrir el debate democrático. Las normas propuestas dispondrán que todos los anuncios políticos estén claramente etiquetados como tales e incluyan información sobre quién los ha pagado y lo que han costado. Las técnicas de segmentación y amplificación políticas tendrán que explicarse públicamente con un grado de detalle sin precedentes y quedarán prohibidas cuando se utilicen datos personales sensibles sin el consentimiento expreso de la persona interesada. La Comisión también propone que se actualicen las normas vigentes de la UE relativas a los «ciudadanos móviles» de la Unión y su derecho de voto en las elecciones europeas y municipales, así como en los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas.
La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, ha declarado: «Las elecciones no deben ser una competición de métodos opacos y con falta de transparencia. Los ciudadanos deben saber por qué ven un anuncio, quién lo paga, cuánto ha costado, y qué criterios de microsegmentación se han utilizado. Las nuevas tecnologías deben ser herramientas para la emancipación, no para la manipulación. Esta ambiciosa propuesta aportará un grado de transparencia sin precedentes a las campañas políticas y limitará las técnicas opacas de segmentación».
El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha comentado: «Unas elecciones justas y transparentes son parte integrante de una sociedad dinámica y que funciona bien. Por eso tenemos que apoyar una participación inclusiva e igualitaria en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 y en las elecciones municipales en toda la UE. Mediante la propuesta sobre publicidad política, velamos por el buen uso de datos personales en el marco de la segmentación política, protegiendo el proceso democrático. Juntos hacemos avanzar nuestra labor común en favor de la democracia».
Normas claras sobre transparencia y segmentación de la publicidad política
En un momento en que ya está en curso la transición digital, las personas deben poder distinguir si están mirando contenidos políticos pagados, tanto en línea como fuera de ella, y poder participar en debates abiertos, libres de desinformación, interferencias y manipulación. Los ciudadanos deberían poder ver claramente quién ha patrocinado un anuncio político y por qué razón. Entre las principales medidas establecidas en la propuesta de Reglamento sobre transparencia y segmentación de los anuncios políticos figuran las siguientes:
- Ámbito de aplicación: Los anuncios políticos cubrirán los anuncios realizados por una parte interesada política o en su nombre o para su beneficio, y los denominados anuncios temáticos que puedan influir en el resultado de una elección o referéndum, un proceso legislativo o regulador o un comportamiento de voto.
- Etiquetas de transparencia: La publicidad política remunerada debe estar claramente etiquetada y proporcionar una serie de datos clave, tales como el nombre del patrocinador, visible en un lugar destacado, y una declaración de transparencia fácilmente consultable donde figuren: 1) el importe gastado en la publicidad política, 2) las fuentes de los fondos utilizados y 3) un vínculo entre el anuncio y las elecciones o referendos pertinentes.
- Condiciones estrictas en materia de segmentación y amplificación: Se prohibirán las técnicas de segmentación y amplificación políticas, que utilizan o deducen datos personales sensibles, tales como el origen étnico, las creencias religiosas o la orientación sexual. Estas técnicas solo se permitirán previo consentimiento expreso de la persona interesada. La segmentación también podría autorizarse en el marco de las actividades legítimas de fundaciones, asociaciones u organismos sin ánimo de lucro con fines políticos, filosóficos, religiosos o sindicales, cuando se dirijan a sus propios miembros. Por primera vez, será obligatorio incluir en los anuncios información clara sobre el motivo por el que se dirigen a la persona y hacer públicos los grupos de personas objeto de la segmentación y los instrumentos o métodos de amplificación empleados, entre otras cosas. Las organizaciones que recurran a segmentación y amplificación políticas deberán adoptar, aplicar y hacer pública una política interna sobre el uso de tales técnicas. Si no se cumple todos los requisitos de transparencia, no se podrá publicar un anuncio político.
- Multas por las infracciones: Se exigirá a los Estados miembros que impongan multas eficaces, proporcionadas y disuasorias cuando se incumplan las normas sobre transparencia de la publicidad política. De conformidad con el Reglamento propuesto, las autoridades nacionales de protección de datos supervisarán específicamente el uso de datos personales en la segmentación política y estarán facultadas para imponer multas de conformidad con las normas de protección de datos de la UE.
Actualización de las normas de la UE sobre los partidos políticos europeos y las fundaciones europeas, y sobre los derechos electorales
La Comisión también ha propuesto una revisión de las normas de la UE sobre la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas. La normativa vigente presenta una serie de lagunas que impiden a los partidos y fundaciones funcionar bien y cumplir su cometido de representar la voz de los ciudadanos de la UE. Las actualizaciones del Reglamento pretenden facilitar la interacción de los partidos políticos europeos con sus partidos nacionales miembros y a través de las fronteras, aumentar la transparencia (sobre todo en relación con la publicidad y las donaciones políticas), reducir la carga administrativa excesiva y aumentar la viabilidad financiera de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas.
Por último, la Comisión ha propuesto que se actualicen las normas vigentes sobre las elecciones europeas y municipales para los ciudadanos de la UE que residen en un Estado miembro diferente al de su nacionalidad («ciudadanos móviles de la UE»). Si bien hay alrededor de 13,5 millones de ciudadanos de este tipo, muy pocos de ellos ejercen su derecho de voto en las elecciones municipales y europeas. Con el fin de garantizar una participación inclusiva antes de las elecciones europeas de 2024, la Comisión propone modificaciones específicas de las Directivas vigentes sobre derechos electorales, por ejemplo, en lo relativo a la obligación de informar de sus derechos electorales a los ciudadanos móviles de la UE, utilizar modelos normalizados para el registro como votantes o candidatos y usar una lengua hablada por un alto número de ciudadanos de ese tipo que residan en el territorio. La propuesta también prevé salvaguardias para que los ciudadanos móviles de la UE no sean dados de baja en el censo electoral en su país de origen.
Próximas medidas
Las propuestas se debatirán ahora en el Parlamento Europeo y en el Consejo. Para velar por que las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 se celebren con arreglo a las normas democráticas más estrictas, el objetivo es que las nuevas normas entren en vigor y sean aplicadas plenamente por los Estados miembros antes de la primavera de 2023, es decir, un año antes de las elecciones.
Contexto
Como parte de su prioridad para un nuevo impulso a la democracia europea en sus orientaciones políticas, la presidenta von der Leyen anunció propuestas legislativas para garantizar una mayor transparencia en la publicidad política remunerada y normas más claras sobre la financiación de los partidos políticos europeos
En el Plan de Acción para la Democracia Europea, adoptado en diciembre de 2020, la Comisión presentó su primera evaluación de los retos en relación con la publicidad política y cuestiones relacionadas con las nuevas técnicas utilizadas para segmentar la publicidad basada en los datos personales de los usuarios. Con independencia de que los datos se hayan obtenido correctamente o no, estas técnicas pueden utilizarse indebidamente para aprovechar los puntos débiles de los ciudadanos. Los ciudadanos de la UE tienen derecho a recibir información objetiva, abierta y plural. Esto es especialmente pertinente, ya que una encuesta reciente del Eurobarómetro indicó que casi cuatro de cada diez europeos han estado expuestos a contenidos en los que no podían determinar fácilmente si se trataba de un anuncio político o no.
El Reglamento propuesto se basa y complementa la legislación pertinente de la UE, incluido el Reglamento general de protección de datos («RGPD») y la propuesta de Ley de servicios digitales («DSA»), que, una vez adoptados, establecerán normas globales de transparencia, rendición de cuentas y diseño de sistemas en materia de publicidad en plataformas en línea, también en lo que se refiere a la publicidad política. También complementará el Reglamento propuesto una actualización, basada en las orientaciones de la Comisión recientemente publicadas, del Código de buenas prácticas en materia de desinformación, el cual se aplica como autorregulación.
El Reglamento sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas es un acto legislativo reciente que solo se aplicó en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019. Sin embargo, en el marco normativo actual se han detectado una serie de lagunas que impiden a esos partidos y fundaciones políticas cumplir su cometido de contribuir a la creación de un espacio político europeo. Por consiguiente, la Comisión presenta hoy una propuesta de refundición de dicho Reglamento.
Los ciudadanos de la UE que residan en un Estado miembro distinto al de origen (ciudadanos móviles de la UE) tienen derecho a votar y presentarse como candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales en su Estado miembro de residencia. Sin embargo, su participación en las elecciones suele ser menor que la de los nacionales del país. Esto se debe en parte a complicados procesos de registro en el Estado miembro de residencia o a la falta de información clara sobre sus derechos, lo cual hace que hace que les sea más difícil ejercer sus derechos de voto y, por lo tanto, va en detrimento de sus derechos democráticos. Para resolver estos problemas, la Comisión propone hoy que se actualice el marco jurídico pertinente, sobre todo la Directiva sobre el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y la Directiva sobre el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
Más información
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