Isabel Carrasco, la esposa del ex interventor municipal del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) José Alemán, ambos imputados en el marco de la operación “Poniente” que investiga una presunta trama de corrupción política en el municipio, abrió una cuenta corriente ocho días después de su puesta en libertad bajo fianza de 90.000 euros, pese a que tenía sus cuentas corrientes bloqueadas por una orden judicial dada al inicio de la operación, con las que intentó disponer de casi 173.000 euros.
Según se desprende de las declaraciones incluidas en el sumario de caso, al que ha tenido acceso Europa Press, Carrasco se personó en un sucursal bancaria situada en la Avenida Federico García Lorca de la capital el 30 de octubre donde pidió la apertura de una cuenta con su nombre con el fin de domiciliar la nómina sin querer dar muchos detalles del organismo o empresa para la que trabajaba, según declara un testigo.
Este aspecto fue reconocido por la imputada ante la jueza en una toma de declaración posterior correspondiente al 29 de diciembre de 2009, en la que señaló que no había abierto ninguna otra cuenta y en la que se le advirtió que tal acción sin autorización previa por parte del Juzgado podría llevarla a incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial y cambiar su situación procesal.
Una vez abierta la cuenta acudió días después con un cheque nominativo a nombre de Alemán por un importe de 2.988 euros, de forma que indicó que se trataba la nómina de su marido. Tras ser informada de la necesidad de que él fuera cotitular para aceptar el ingreso, ella explicó que “su marido estaba muy ocupado y no podía ir a la sucursal”, por lo que le facilitaron las documentos necesarios que, más tarde, devolvería firmados por su marido.
Casi un mes después, Carrasco volvió a acudir a la oficina bancaria con un pagaré de 85.000 euros emitido por la empresa Proindal a favor de Sistemas de Dirección S.L. –entidad de la que Alemán es administrador único– que a su vez, había efectuado un endoso a favor de Carrasco.
Según explicó ante la magistrada Peña, esta cantidad junto con otros 85.000 euros de otro pagaré, correspondían a la resolución de un contrato de compraventa de una vivienda en Sierra Nevada, concretamente en Monachil (Granada), que Proindal expendió debido a un retraso de entrega del inmueble, valorado en 437.500 euros, debido a una demanda judicial relativa a la venta del terreno en su día por Cetursa.
Carrasco, que declaró a preguntas del Ministerio Fiscal que el objetivo de cobrar ese dinero era poder sufragar gastos ordinarios dado que con su sueldo propio tuvo que abonar el sueldo de un empleado de Sistemas de Dirección S.L., entregó los pagarés a la juez.
El candidato a la Alcaldía del PP en El Ejido, Francisco Góngora, ha manifestado este viernes que las declaraciones realizadas por miembros ejidenses de IULV-CA en relación a la presunta trama de corrupción en el municipio en el marco de la operación “Poniente” son “rotundamente falsas” al mencionar que uno de los imputados en el caso, concretamente el empresario Jesús Aragón, “ha tenido alguna relación muy cercana con sociedades muy importantes del PP y sus familiares” a través de las sociedades Laupa Gestión y Jardines de Nevada.
En rueda de prensa, Góngora ha querido desligar a su esposa y a él mismo de la sociedad Jardines de Nevada, de la que “no llegaron a ser socios en ningún momento”, un extremo que ha argumentado con la aportación de distinta documentación. Así, según el candidato “popular”, las afirmaciones de IU “se deben a su impotencia y a su frustrado deseo de ver salpicado a alguien del PP en la operación “Poniente””.
Góngora ha mostrado y entregado la escritura pública con la que ha querido demostrar “el poco rigor, la falta de seriedad y la irresponsabilidad de los dirigentes de IU en El Ejido”, según él, a quienes les ha exigido una rectificación. Asimismo, ha puesto a disposición del coordinador local de IU, José Gabriel Luque, copia de la citada escritura a efectos “de que la traslade al Ministerio Fiscal o al juzgado correspondiente si así se queda más tranquilo”.
Ex integrantes y miembros del Consejo de Administración de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), compuesto en un 70 por ciento por capital de Abengoa y en un 30 por ciento por el Ayuntamiento de El Ejido (Almería), aseguraron ante la jueza que instruye el caso “Poniente” que el alcalde, Juan Enciso, era “conocedor” del “problema de las subcontratas” de la empresa mixta en torno a la cual, según la investigación, estaba “perfectamente estructurado un grupo criminal” con el fin de “retraer dinero público” y desviarlo “a su entorno familiar”.
Según consta en varias de las declaraciones, a las que tuvo acceso Europa Press, que como imputados prestaron en mayo de 2010, Antonio Borrero, el administrador mancomunado de “Agua y Gestión”, mercantil a la que la instrucción sitúa en el “Grupo Abengoa”, afirmó que, en 2007, él “puso en conocimiento” del alcalde “la existencia” de subcontratas “relacionadas con José Amate a través de testaferros” y que “él entendió la postura de la socia privada” de emprender acciones para rescindir los contratos.
En esta línea, el presidente no ejecutivo de “Agua y Gestión de Servicios”, también vinculada al denominado “Grupo Abengoa”, José María Marañón, reveló a preguntas del fiscal también en mayo que “todo lo que hablaba con Amate –en alusión al empresario considerado uno de los cabecillas de la trama– lo trasladaba al alcalde” ejidense, quien “conocía” al igual que el ex interventor municipal, José Alemán, la “problemática con las subcontratas” y le designó “como negociador”.
Un tercer consejero de Elsur, Bernardo Arcos, declaró que Enciso “siempre estaba informado de la situación” de la empresa mixta y que era, junto al ex gerente, Manuel Caballos, “quien tomaba las decisiones” mientras que el propio Caballos sentenció ante la magistrada que “sabía que existían las subcontratas”.
Por su parte, el presidente de la filial de Abengoa Befesa, Francisco Javier Molina, quien calificó la intervención del regidor y presidente fundador del PAL como “muy desordenada”, detalló que Enciso “hacía intervenciones puntuales relacionadas con la prestación concreta de servicios” aunque trasladó el “peso específico de los asuntos” al ex gerente.
Molina en su declaración en calidad de imputado argumenta ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería que el motivo por el que Abengoa, a la que la investigación sitúa en el centro de la presunta trama, “nunca ha dicho nada ante todas las irregularidades investigadas” es que “no las conocía hasta hace poco”.
La Fiscalía apunta en las actuaciones sobre las que la jueza levantó el secreto este lunes que la presunta trama corrupta facturó con subcontrataciones en su mayoría “irregulares” de la empresa mixta alrededor de 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007 y obtuvo unos “superbeneficios no justificados” de Elsur mediante “precios inflados” y una “sobrefacturación”.
El partido IULV-CA de El Ejido (Almería) ha anunciado este viernes que seguramente vaya a solicitar la comparecencia como testigos a los propietarios o accionistas de la entidad Jardines de Nevada, ya que la formación, que ejerce la acusación popular en la presunta trama de corrupción municipal que abarca la operación “Poniente”, dice que le consta que uno de los imputados en el caso, concretamente el empresario Jesús Aragón, “ha tenido alguna relación muy cercana con sociedades muy importantes del PP y sus familiares” a través de la sociedad Laupa Gestión.
En rueda de prensa, el secretario local del IU ejidense, José Gabriel Luque, ha señalado directamente al PP como uno de los “responsables” de las actuaciones que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, pues según ha indicado “el PP es el principal causante” de la supuesta trama, ya que ésta se inició cuando el alcalde imputado, Juan Enciso (PAL), aún se encontraba en la filas “populares” antes de la creación del partido municipalista en 2005.
Así, ha manifestado que el PP “ahora no puede decir que ellos no tienen nada que ver y es obra de Enciso” y les ha considerado “partícipes de lo que ha estado ocurriendo”, hecho que ha motivado a los miembros de IU a estudiar la petición de nuevas pruebas testificales y aportar documentación que, dice, obra en su poder.
Por su parte, el candidato a la Alcaldía de El Ejido de IU, Serafín Pedrosa, ha incidido en algunos aspectos incluidos en la investigación como la supuesta adjudicación de obras y servicios “sin los más mínimos requisitos”, caso en el que se ha referido a la concesión de obras municipales a un cuñado de el regidor ejidense con las que presuntamente facturó 3,5 millones de euros. “Decía que su cuñado también tenía derecho a trabajar pero vemos que no era un trabajo cualquiera sino un tráfico de influencias claramente manifiesto”, ha señalado.
Igualmente, ha insistido a raíz de los datos que el canon municipal para el pago de los trabajos que realizaba Elsur estaba “inflado” según los informes técnicos, un canon sobre el que “tanto el PP como el PAL tenían conocimiento de que no correspondía con los servicios que prestaba Elsur”.