La fiscal Lourdes Aznar Gracia me imputó calumnias e injurias a un juez en un escrito que dirigí a Antonio Luis García Valverde. Tres veces le pedí a la fiscal que me recibiera para explicarle el caso, pues solo había visto ella ese escrito y podía ser que el que haya cometido el delito sea el juez y no yo. No me ha recibido.
El juez Luis Durbán Sicilia me tomó declaración y, aunque me insistía en que fuera muy breve en la misma (parecía darle poca importancia), le hice entrega de cierta documentación sobre la actuación de Antonio Luis García Valverde. La fiscal Gemma Blanco Santos, que no sé si ha investigado la documentación que presenté, le ha pedido al juez Durbán que me procese y éste así ha procedido.
Todo arranca hace algo más de dos años cuando le presenté a Antonio Pérez Gallegos, el Fiscal-Jefe, una denuncia contra el Rector de la UAL, Pedro Molina, porque yo consideraba que había podido cometer los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la convocatoria de una cátedra. Antonio Pérez Gallegos archivó la denuncia de plano sin investigarla, lo que me pareció, cuando menos, una gran temeridad y falta de profesionalidad por su parte, como así se lo dije y lo hice público. Mientras tanto, Pedro Molina decidió abrirme un expediente disciplinario y, actuando de juez y parte, me sancionó con suspensión de empleo y sueldo durante 4 años y 3 meses por lo que consideró trato irrespetuoso con un superior, que era él mismo. Lo denuncié como represión y acoso laboral ante la Inspección de Trabajo del Ministerio y me dijeron que era la propia universidad (o sea el Rector o en quien él delegue) el que había de resolver el tema. ¡Maravilloso nuestro Estado de derecho. El denunciado como acosador resuelve sobre el acoso!
El juez Antonio Luis García Valverde, basándose en lo que yo considero un delito de falsedad en documento público del ya exvicerrector José Luis Martínez Vidal, no me concedió la suspensión cautelar y se negó a revisar su sentencia, lo que consideré profundamente injusto e igual que yo los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quienes sí me concedieron la suspensión de la sanción, después de haber estado casi un año sancionado de empleo y sueldo.
Mientras tanto, se celebró el juicio de la cátedra y, a pesar de los evidentes esfuerzos del juez Antonio Luis García Valverde de que no se profundizara en las irregularidades cometidas (cualquiera puede ver el juicio completo en internet), quedó demostrado que el Rector Pedro Molina no aplicó los Estatutos de la Universidad de Almería en la convocatoria, que los miembros del tribunal de la plaza los propuso la candidata que la obtuvo y que ella misma había establecido el perfil (el equivalente a haber puesto el examen del que tenía que examinarse). Antonio Luis García Valverde, en una sentencia que yo considero que no tiene pies ni cabeza falló que yo no estaba legitimado para interponer el contencioso y con ello no tuvo que pronunciarse sobre las evidentes irregularidades. Yo me pregunto: ¿Si todos los ciudadanos tenemos obligación de denunciar la comisión de posibles delitos, no la tendrán también los jueces y con mayor razón en atención a su cargo?
Le exigí con reiteración al juez García Valverde que revisara su sentencia ante los que yo entendía que eran flagrantes errores suyos y que detallo en mi blog de denuncias (Con espíritu constructivo. 1001 denuncias). Su respuesta fue llamar a la Guardia Civil para que me echaran del juzgado, sin que dijera él qué ley me impedía estar esperando en un lugar público. No acepté entonces que quien debe aplicar la ley se crea él mismo la ley y actúe de forma caprichosa. En ese contexto les comenté a los guardias civiles y también al juez por escrito que “seguramente la crisis no nos afectaría tanto si jueces como Usted (él) y otras personas con poder y responsabilidad cumplieran bien con su trabajo, con sometimiento a las leyes y a la Justicia, no saltándose unas y otra a la torera”. Esta frase es una de las que la fiscal Gemma Blanco Santos ha destacado, sacándola de contexto, como calumnias. Ella, por error, escribe “jueces como ustedes” en lugar de “usted”, que es lo que yo escribí. Son contados los jueces que creo que han actuado injustamente, hasta ahora, y pasaré a enumerarlos por si consideran que la pena propuesta se queda corta. No renuncio a lo que creo que es mi derecho como ciudadano, amparado por la Constitución, a expresar mi opinión, fundamentada en hechos, sobre los profesionales cuyas actuaciones me afectan y especialmente políticos, fiscales y jueces, y a cumplir con mi obligación de denunciar los delitos que entiendo yo que cometen. ¿No van a comprobar si es verdad lo que digo? No me consta que quienes me acusan lo hayan hecho.
Antes quiero explicar uno de los principios que me mueven en lo que estoy haciendo. He solicitado ya la indemnización que entiendo que se me debería conceder, seguramente más tarde que pronto, por los daños y perjuicios que me han ocasionado por impedirme ejercer durante casi un año no solo mi profesión sino lo que es mi vocación: impartir docencia e investigar en la Universidad de Almería. Pero no quiero que me la pague la Administración, que somos todos, sino los que me causaron esos daños y perjuicios, de su propio bolsillo. Y entiendo que son: Pedro Molina García, actual Rector, que me impuso la sanción; Antonio Sánchez Cañadas, Inspector de Servicios, que la instruyó y propuso; José Luis Martínez Vidal, ya exvicerrector, que mintió en un certificado para acreditar que no había daños a terceros; Antonio Luis García Valverde, entonces juez-sustituto, que no concedió la suspensión cautelar basándose en un falso testimonio; y Antonio Pérez Gallegos, Fiscal-Jefe que no investigó si era falso testimonio y, por tanto, lo encubrió.
A quien le comento mis intenciones me dice que es imposible que lo consiga. A lo que le respondo que imposible sería si no lo solicito. Familiares y amigos me insisten en que lo que voy a conseguir es que me encarcelen. Al menos, digo yo, que sea por una buena causa, por pedir Justicia. A veces decir la verdad se puede convertir en un acto revolucionario y ante la represión tengo claro que quiero responder con mi legítimo derecho a solicitar Justicia.
Comento con conocidos la crisis (de democracia y de valores) y cómo periódicos y telediarios se llenan de corruptos que si entran en la cárcel con frecuencia es para salir inmediatamente. Mientras tanto, algunos fiscales, que deberían defender el interés del Estado, que somos todos, actúan como abogados defensores de corruptos que después de haberse quedado con el dinero de otros, encima les pagamos todos su defensa a través de la actuación de la fiscalía, en la que existe obediencia jerárquica. Esto es una vergüenza.
Aparte del juez Antonio Luis García Valverde, que considero que ha actuado injustamente en dos casos míos (en uno me lo ha confirmado el TSJA y en el otro estoy a la espera), entiendo que también lo han hecho los siguientes:
El juez-sustituto Juan Carlos Costela Martín en el contencioso relativo a la supresión de los Consejos de Departamento, en el que incluso trató de amparar una clarísima mentira de la abogada del Rector, como puede verse en un vídeo en youtube.
La juez Alejandra Dodero Martínez, quien en un auto decretó el archivo de la querella que interpuse contra José Luis Martínez Vidal, sin ninguna fundamentación jurídica. Ella misma ha de resolver ahora el recurso de reforma, para el que la fiscal Mª Ángeles Pérez Gutiérrez ya le ha adelantado que está de acuerdo con el archivo, aludiendo a “los razonamientos jurídicos del Auto”, que no existen. Me parece una tomadura de pelo lo que han hecho hasta ahora una y otra. Es como si yo, al actuar como juez al evaluar a un alumno, lo suspendo y la única argumentación que le doy es que me he leído su examen y no está para aprobar, por lo que ha de suspender y no le argumento en qué está mal su prueba y cuáles son sus errores. Resulta del todo inadmisible. La Justicia no puede ser una cuestión de fe en la que los ciudadanos tengamos que creer que el/la juez ha cumplido con su función porque, de modo genérico, así nos lo diga, sin fundamentar su decisión.
El Tribunal Constitucional y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ponderado el interés público de la crítica realizada que, cuando afecta al funcionamiento de los órganos públicos, confiere un nivel máximo de eficacia a la libertad de opinión. Y sostienen que los límites permisibles de la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades.
Empiezo a entender por qué la crisis y la corrupción nos afectan más que a otros. ¿Qué pasa cuando los empleados públicos, como jueces, fiscales y yo mismo, en lugar de hacer el trabajo que la sociedad nos ha encomendado nos dedicamos a mirarnos el ombligo, a abusar del corporativismo y a tratar de construir un castillo que nos proteja de las críticas de otros miembros de la sociedad?
La fiscalía de Almería se ha negado, con reiteración, a investigar los presuntos delitos que he denunciado y, en cambio, acusa al denunciante por denunciar las disfunciones y pedir Justicia. Al denunciarme a mí han tomado partido, sin interrogarme ni estar presentes en el breve interrogatorio del juez. Se podría adaptar el dicho atribuido a Confucio de que cuando el dedo señala a la luna, el necio se pone a mirar el dedo…