El presidente de la Diputación y presidente de Galasa sigue sin responder a la batería de preguntas que el PSOE le presentó a finales de junio.
El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha exigido al presidente de la institución, Gabriel Amat, que informe “de una vez” a los municipios del Levante almeriense de si el agua que está suministrando la empresa pública Galasa es apta para el consumo o sigue sin serlo. La portavoz del Grupo Socialista, Esperanza Pérez, ha asegurado esta mañana en rueda de prensa que los vecinos de los municipios afectados “tienen derecho a saber qué uso pueden darle al agua que sale del grifo” y “no basta con que la Diputación los invite a consultar individualmente los análisis disponibles en una página web, la del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, que contiene información escasa y, en ocasiones, contradictoria”. “La obligación del presidente de la Diputación, que también es el presidente de Galasa, es facilitar la información a los afectados”, ha recordado Pérez.
La portavoz socialista ha instado a Gabriel Amat a que ponga fin al “ocultismo” con el que está manejando este problema de salubridad detectado hace ya varios meses en el agua que suministra Galasa a una docena de municipios de la provincia: Turre, Antas, Arboleas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí y Zurgena. En estos municipios, a día de hoy “ni los responsables municipales ni los vecinos saben a ciencia cierta cuál es el estado del agua que reciben en sus casas”, ha denunciado la socialista.
Pérez ha recordado que el Grupo Socialista ha venido interesándose por este problema desde que salió a la luz y, el pasado mes de junio, llevó al Pleno de la Diputación una batería de preguntas que a día de hoy siguen sin respuesta. Concretamente, el Grupo Socialista preguntó si el agua que estaba suministrando Galasa era apta para el consumo; en qué estado se encontraban las obras necesarias para garantizar el suministro de agua procedente de la desaladora de Carboneras; qué coste iban a tener esos trabajos y si se iba a repercutir a los usuarios; si el suministro de agua desalada iba a ser definitivo o provisional; si el agua del pantano de Cuevas se iba a mezclar con el agua desalada; cuándo iba a estar en funcionamiento la planta de generación de dióxido de cloro que el equipo de Gobierno prometió construir; y si todos los pueblos iban a recibir agua de igual calidad.
Estas preguntas no fueron respondidas en el Pleno del mes de junio y tampoco han recibido respuesta en el Pleno de julio, lo que constituye “un claro incumplimiento del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Diputación, que establece que las preguntas han de ser contestadas, de manera oral o por escrito, en la sesión siguiente al momento de presentación de la pregunta”, ha advertido Esperanza Pérez.
La portavoz socialista ha lamentado que la “irresponsabilidad” con que está actuando el presidente de la Diputación esté generando “alarma social” en los municipios afectados. Además, Pérez ha adelantado que el Grupo Socialista seguirá exigiendo explicaciones “hasta que las den, máxime cuando estamos ante un asunto que puede afectar a la salud pública y que, además, podría desembocar en una subida de las tarifas”.