El coordinador de Transformación Económica y Digital, Gaspar Llanes, destaca que las cuentas autonómicas del PP para 2024 son un “fracaso” que impide la convergencia económica con el resto del país y deja sin solución el deterioro de servicios públicos esenciales para la gente como la sanidad o la educación
El coordinador de Transformación Económica y Digital del PSOE de Andalucía, Gaspar Llanes, ha confirmado que el Grupo Socialista presenta mañana viernes, 10 de noviembre, una enmienda a la totalidad de un nuevo presupuesto de Moreno Bonilla “inadmisible” en lo económico y en lo social para la comunidad e “inútil” para su crecimiento sostenible, para la igualdad y para el bienestar del pueblo andaluz.
Gaspar Llanes ha indicado que el PSOE de Andalucía enmienda el proyecto de presupuesto autonómico del PP para 2024 porque no contribuye a la convergencia económica y social de la comunidad con el resto de España, manteniendo a nuestra tierra como líder de la tasa de paro y a la cola en nivel de renta media respecto al país.
Para el PSOE-A, estas cuentas autonómicas planteadas por Moreno Bonilla para el próximo ejercicio certifican “su fracaso” en la gestión económica de la comunidad y “condenan” a Andalucía al deterioro de servicios públicos esenciales para la gente con esfuerzos financieros radicalmente insuficientes en sanidad, educación, la dependencia o lucha contra la pobreza.
“Moreno Bonilla olvida de nuevo en su quinto presupuesto, el primer de su mayoría absoluta, las cuestiones fundamentales que importan a la gente y que mejoran la calidad de vida de los andaluces y andaluzas”, ha incidido, criticando que, al mismo tiempo, el PP “no tiene pudor en duplicar gastos superfluos” como partidas destinadas a altos cargos o a propaganda y publicidad de la Junta.
Llanes añade que la enmienda a la totalidad socialista se justifica, igualmente, por la falta de ejecución de Moreno Bonilla de sus propios presupuestos y por el recorte en un 20% de las inversiones previstas por el PP para 2024 respecto al presente ejercicio, de manera simultánea al “desvío sistemático” de fondos públicos autonómicos al sectores privados sobre todo en sanidad hasta poner en riesgo los contratos de 7.000 profesionales sanitarios, al borde del despido pese a que son necesarios para el sostenimiento del sistema público.