La secretaria general del Grupo Socialista, Pilar Navarro, denuncia que el Gobierno del PP llega “tarde y mal” a la regulación de la compatibilidad entre la ayuda autonómica y el ingreso mínimo vital estatal
Entidades sociales y sindicales certifican la reducción del presupuesto de la Junta para apoyo a personas en riesgo de exclusión y la caída del 38% en beneficiarios sólo en 2021
El PSOE de Andalucía exige a Moreno Bonilla “más sensibilidad y menos golpes de pecho” para conseguir una gestión eficaz de la renta mínima de inserción social en la comunidad y de su compatibilidad con el ingreso mínimo vital, con el objetivo de que la población más vulnerable de nuestra tierra cuente de verdad con el apoyo que necesita. La secretaria general del Grupo Socialista, Pilar Navarro, ha advertido de que la regulación para ajustar ambas ayudas autonómica y estatal planteada por el Gobierno del PP llega “tarde y mal” y deja al territorio andaluz a la cola del país en atención a personas y familias en riesgo de exclusión.
Pilar Navarro ha insistido desde el Grupo socialista en que Moreno Bonilla y su Gobierno tienen que actuar con “más sensibilidad” hacia las personas y colectivos más vulnerables de Andalucía, perceptores o susceptibles de recibir el ingreso mínimo vital estatal, la renta mínima de inserción social en Andalucía y el bono social térmico. “No puede ser que en Andalucía no hayan desarrollado en dos años la percepción del ingreso mínimo vital y la renta andaluza de inserción ni su compatibilidad”, ha criticado, recalcando que “estamos a la cola de España, junto con Madrid, Galicia y Murcia, en la regulación de esta normativa tan importante”.
La representante socialista se ha hecho eco de las denuncias en este sentido realizadas por CCOO Andalucía y organizaciones de atención a personas vulnerables, reiterando que el Gobierno de Moreno Bonilla “no sólo llega tarde a regular estas prestaciones, sino que lo hace mal, sin contar con el diálogo social ni con los colectivos”.
“Exigimos a Moreno Bonilla más sensibilidad, menos palabras bonitas y más realidades para que la población vulnerable tenga lo que necesita”, ha repetido Navarro, más cuando datos recientes certifican que el Gobierno andaluz del PP ha recortado el presupuesto de la renta mínima de inserción social andaluza y el número de personas beneficiarias desde la entrada en vigor del ingreso mínimo vital estatal.
Según estadísticas de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios sociales (Adgss), la cifra de perceptores de la renta mínima en la comunidad fue de 68.714 personas en 2021, lo que supone una reducción del 38%, 41.683 perceptores menos en total con respecto a 2020, cuando esta ayuda alcanzó a 110.397 andaluces y andaluzas.
Esto supone que la tasa de beneficiarios de la renta mínima de inserción social por población andaluza bajo el umbral de pobreza en el 2,9% en 2021, menos de la mitad de la media nacional de perceptores de este tipo de ayudas, que en este ejercicio se sitúa en el 7,1%.
Los datos ratifican igualmente la bajada del presupuesto de la renta mínima aplicada por Moreno Bonilla y su Gobierno, con un recorte del 33% en un solo ejercicio (90,8 millones de euros en 2021 frente a 135,7 millones de 2020).
El PSOE-A comparte la voz de alarma de organizaciones y colectivos que, en base a estas cifras, certifican que el Gobierno del PP en Andalucía ha ido desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en exclusión social desde la aprobación del ingreso mínimo vital estatal en 2021, fundamentalmente durante 2021.
La formación socialista secunda a estas entidades y exige al Ejecutivo del PP en la Junta que destine el ahorro que pueda suponer la implantación del ingreso mínimo vital a reforzar los programas de inclusión social en la comunidad. Insiste, además, en reclamar a Moreno Bonilla que agilice las medidas de compatibilidad y complementariedad de la ayuda estatal con la renta mínima de inserción andaluza para incrementar las tasas de cobertura, ya que las contenidas en el decreto andaluz aprobado en diciembre pasado y que ahora pasa a debate y convalidación parlamentaria, no son suficientes en la lucha contra la pobreza y la exclusión al alza en Andalucía.
