La portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Soledad Pérez, exige a la Consejería que cumpla la iniciativa socialista aprobada por el Parlamento para indemnizarlos y no los envíe a pedir la convocatoria de 1.000 euros para autónomos
La portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Soledad Pérez, ha reprochado al Gobierno andaluz que “mienta descaradamente” a los pequeños empresarios que tienen las concesiones públicas de cafeterías y peluquerías de los Centros de Participación Activa de personas mayores de titularidad de la Junta de Andalucía.
“Están cerrando por la desastrosa gestión de la consejera de Igualdad”, ha lamentado Pérez, quien ha detallado que se trata de pequeños empresarios que “están arruinados y han abandonado una concesión pública por la falta de respuesta y de soluciones del Gobierno andaluz”.
En este sentido, la representante socialista ha criticado que la consejera de Igualdad “no está buscando soluciones, sino excusas”, ya que la única respuesta que de su departamento es que estas entidades “se vayan a la convocatoria de 1.000 euros de autónomos”, cuando, en realidad, como concesionarios públicos “tienen que ser indemnizados”.
Soledad Pérez ha recordado al gobierno andaluz que “tiene que cumplir el mandato parlamentario, que aprobó una proposición no de ley para indemnizar a este sector, y dar soluciones para que puedan retomar su actividad”, iniciativa en la que “el grupo Ciudadanos votó a favor y que ahora no cumple”.
En los 168 centros de titularidad de la Junta de Andalucía se realizan actividades sociales, de autoayuda, culturales, recreativas, deportivas, musicales, artesanales, etc, y se complementan con servicios de comedor-cafetería y peluquería. El servicio de comedor existe desde 2002 y proporciona almuerzo a personas mayores, con bonificación a las que tienen menos ingresos.
Con la pandemia, la Junta decretó el cierre de los Centros de Participación Activa y, con ello, la suspensión de los contratos de comedor y demás servicios. Tras la reapertura, el sector está sufriendo las decisiones unilaterales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de restricciones en el acceso y uso de dichos servicios, con medidas improvisadas y cambiantes en cada centro, lo que ha provocado la suspensión de talleres y actividades lúdicas y, en consecuencia, la falta de personas usuarias, según ha explicado Soledad Pérez. Los empresarios que tienen esta concesión pública son quienes están asumiendo los costes económicos de esta caída de actividad.
Según ha denunciado el sector, muchas cafeterías han pasado de dar unos 40 o 50 desayunos a dar solo uno al día, al igual que los servicios de peluquería, por lo que se están viendo abocados a abandonar el contrato público, despedir a sus trabajadores y cerrar.