Con estupor y consternación nos informan algunos trabajadores del Cuerpo de Policía Nacional, compañeros comprometidos en la lucha por la libertad sindical en esa institución que, en correos corporativos de algunas comisarías se usan términos castrenses para determinar ensayos para el evento que se dispone para el Día de La Policía, 2 de octubre, en muchas ciudades donde tiene presencia la Policía Nacional: Piquetes de Honores, Escuadras de Salvas Guiones y Banderines. Desconocemos si es un patrón o guía impuesta desde la Dirección General de la Policía, o del Ministerio del Interior, a los mandos de las comisarías, lo que, si es cierto, es que se impone y se alejan de un sentir de respeto a la condición de institución civil.
Estos términos y órdenes que se ocultan a la sociedad civil significan y dejan muy claro que el preocupante mundo sindical en el Cuerpo de Policía Nacional requiere una profunda reflexión civil y una obligación de actuar de las formaciones políticas que ostentan representación en las distintas cámaras legislativas, Congreso y Senado.
El Consejo de Policía, órgano donde se invocan normas, proyectos normativos y de personal, tiene un déficit estatutario que está permitiendo estos términos militares en un cuerpo civil que nadie denuncia y, por consiguiente, estamos ante una realidad preocupante, la militarización encubierta de una institución denominada civil que en los últimos años confirma actos que atentan a muchos años de lucha y sacrifico por compañeros-as que no dudaron en exponer su sustento familiar, para conseguir un mínimo de derechos civiles en la transición política de este país. Ya tenemos bastante con la Guardia Civil, para emular a un cuerpo de naturaleza militar, como es el referido que, lleva años solicitando su desmilitarización desde la mayoría de sus categorías básicas.
La Policía Nacional, desde el año 1987, usa un reglamento para dicho consejo, asfixiante para cualquier organización como es la Agrupación Reformista de Policías por su espíritu renovador desde 2016, y que clama bajos los principios inspirados en su vocación progresista, cambiar el sistema de representación sindical y el modelo policial actual. Un objetivo insalvable en estos momentos por razones políticas sustentadas en “patronal y sindicatos denominados representativos” que no comparten un innecesario cambio como demuestran su escaso interés en este apartado, para conseguir la libertad sindical en el CPN.
Los funcionarios que votan cada cuatro años a estos sindicatos se perjudican, asimismo, cercenando cualquier avance y mejora en sus condiciones laborales, profesionales y económicas, renunciando derechos inherentes al resto de trabajadores de este país conformen tienen reconocidos el resto de los funcionarios dependientes de la Administración General del Estado, representados por sindicatos de clase.
Se vota a unos sindicatos inmovilistas y se avala la continuidad de una norma electoral en el CPN, que carece de reglamento para poder determinar el grado de infracciones o presuntos actos que se cometieron desde tiempo inmemoriales “ compra de adhesiones mediante regalos, uso indebido de la publicidad electoral, destrucción de propaganda, pintadas e insultos a candidatos y organizaciones en redes sociales” y, se acepta que, la Junta Electoral, comisarios elegidos por el Ministro del Interior y representantes sindicales de las organizaciones que reciben liberaciones y subvenciones sean los únicos que decidan las incidencias en las campañas. Se impide la presencia del resto de organizaciones candidatas, lo que supone, una prueba más de un reglamento provisional, acuerdos de difícil comprensión, para excluir y decidir sin ningún tipo de obstáculo a organización disidente, como es ARP, que se ve obligada a buscar amparo y tutela judicial efectiva.
UFP, SUP y JUPOL, denunciaron en campaña 2019, actos relacionados con la propaganda electoral, que versaban con insultos en redes sociales, espacios habilitados en diferentes dependencias o sobre el uso de los tablones informativos de uso exclusivo por éstos, donde se exponía información electoral, totalmente infringiendo normas establecidas Al respecto, el Secretario General Técnico, de la campaña, remitió los hechos a la Secretaría General de la Subdirección General de la Política Interior y Procesos Electorales, para posterior evaluación y votación.
En las pasadas elecciones, 2023, ARP, el único sindicato denunciante de hechos similares a los expuestos, no ha merecido el mismo tratamiento, ni consultas externas. Han decidido por unanimidad que la “patronal” elegida por el ministro y las organizaciones UFP, SUP, SPP, CEP, JUPOL-ASP, ignorando los hechos concretos denunciados en diferentes dependencias, han permitido y, por tanto, no garantizar el principio de igualdad de oportunidades, sobre la disposición del espacio gratuito para la publicidad electoral, según lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 555/2001, de 20 de abril.
Desde el más absoluto respeto a los electores, consideramos oportuno informar que, en los próximos días se presenta una demanda, en Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Séptima lo Contencioso Administrativo, donde hemos tenido que presentar recurso, ante unos hechos antisociales. Una reforma consecuente del sistema de representación sindical pondría fin a unos inaceptables comportamientos producidos por agentes de la autoridad que, en funciones sindicales y nombre de otras organizaciones, dejan mucho que desear con comportamiento censurables reconocidos en las actas de la propia Junta Electoral, limitándose a consignas estériles, en el deseo no se sigan produciendo.
Como no puede entenderse de otra manera, este comunicado, invita a reivindicar como antaño, que la naturaleza civil del Cuerpo de Policía Nacional requiere reformas legislativas y que la promulgación de la Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de 13 de marzo, debe ser derogada, de alguna forma pasar a la historia, como su rey emérito, firmante de la misma.
Hacemos llamamiento a nuevos compañeros-as, quienes, en esa línea de honestidad sindical, serán muy necesarios para continuar demandando frente a la administración para obtener réditos en beneficio al conjunto de los trabajadores. Los policías que desconocen todo lo que exponemos, hechos, que no trascienden por los canales internos corporativos, es NECESARIO QUE SEPAN: Qué, ARP, va a continuar pese a todo lo anterior. Sus trabajos y proyectos, sus denuncias, en definitiva, sus principios y valores, afortunadamente distantes del resto de sindicatos afines al régimen estatutario actual, no serán impedimento para que exista un espacio reformista que, desde el respeto y la honestidad sindical, seguiremos siendo críticos con la administración policial, como es el deber de una organización seria.
El próximo día 2 de Octubre, SOLICITAMOS Y MANIFESTAMOS LA RETIRADA de Piquetes de Honores, Escuadras de Salvas Guiones y Banderines, algo impropio en eventos de cualquier cuerpo civil. Hay miles de trabajadores que contribuyen a seguir apostando por conseguir derechos y libertades en un sector importante de la sociedad, trabajadoras-es muy sacrificados por un servicio ciudadano ejemplar que, invocan a otro modelo sindical/ policial, y por ellos, denunciamos la conculcación de unos derechos alcanzados en tiempos pasados, que en la actualidad bajo la organización castrense incipiente en los últimos años instalada en la DGP, NOS IMPIDE ASISTIR A ESTOS ACTOS que causan un retroceso civil en el Cuerpo de Policía Nacional.