Así lo aseguró el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, quien, acompañado de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, registraron en la Audiencia Nacional los escritos de personación como acusación particular y de recusación a Garzón.
Trillo justificó la recusación en que el juez "tiene enemistad manifiesta e interés directo o indirecto en la causa". Además, recordó la "trayectoria inequívoca" de Garzón y "su constante animosidad contra el PP".
El Partido Popular exigió ayer por escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, instructor de la causa sobre la supuesta trama de corrupción de la operación Gürtel, para "depurar responsabilidades por la escandalosa conducta" del magistrado y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, después de que la prensa publicara ayer que ambos coincidieron en una cacería en Torres (Jaén).
El Partido Popular exigió ayer por escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, instructor de la causa sobre la supuesta trama de corrupción de la operación Gürtel, para "depurar responsabilidades por la escandalosa conducta" del magistrado y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, después de que la prensa publicara ayer que ambos coincidieron en una cacería en Torres (Jaén).
Según el escrito, el juez Garzón ha puesto en entredicho su "independencia" y "el buen nombre y la independencia del Poder Judicial". A juicio de los “populares”, la presencia del magistrado junto al ministro de Justicia en una cacería mientras el primero instruía el sumario que "levanta sospechas sobre el principal partido de la oposición" es "una conducta gravemente lesiva del principio de independencia y cuyo conocimiento público deja cualquier asomo de independencia del magistrado Garzón definitivamente destrozada".
"La trascendencia" de estos hechos, defiende el PP, "no alcanza sólo a la ética más elemental sino que transgrede no menos escandalosamente la mínima deontología profesional exigible de un juez o magistrado, pulverizando (Garzón) así públicamente lo que restaba de su imagen de independencia".
El PP califica de "escandaloso" que Garzón participara en una batida el fin de semana que se producían "continuas filtraciones en ruptura del secreto sumarial" y manteniendo detenidas a personas, con un "grave daño" para ellas y para la "honorabilidad de terceros, como lo es el Partido Popular".
"¿No estaba el juez obligado a retornar de inmediato a su juzgado para al menos tratar de impedir que se produjera la ruptura de un secreto de sumario de él dependiente, que es, en sí mismo, un delito? ¿Y la fiscal de la Audiencia Nacional?", pregunta el PP al CGPJ.
Al margen de las "repercusiones procesales" que se lleven a cabo después de que este partido presentara un escrito en la Audiencia Nacional para recusar a Garzón, el PP cree que el Consejo debe investigar estos hechos, así como la supuesta participación en el fin de semana cinegético de la fiscal Dolores Delgado y el comisario jefe de la Brigada de Policía Judicial, Juan Antonio González García, encargado de llevar a cabo las detenciones derivadas de esta operación.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, negó ayer que el Gobierno autonómico haya financiado actos del PP regional de manera irregular, tal y como se desprendía de algunas conversaciones reflejadas en el sumario de la “Operación Gürtel” sobre corrupción urbanística investigada por la Audiencia Nacional.
"A la pregunta de si el PP se ha financiado ilegalmente, la respuesta es no, en absoluto", manifestó la jefa del Ejecutivo autonómico en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado con carácter extraordinario en Fuenlabrada.
La dirigente regional insistió en que desde que ella es presidenta del PP de Madrid, es decir, desde noviembre de 2004, "ni uno solo de los contratos, actuaciones, congresos, actos, foros o celebraciones se han adjudicado a las empresas que está investigando el juez (Baltasar) Garzón", entre las que se encuentra Special Events.
FILTRACIONES
La presidenta madrileña afirmó no tener noticia de que el secretario de movilización del PP de Madrid, diputado y gerente de la empresa municipal de Boadilla, Alfonso Bosch, haya adjudicado de manera ilegal locales a empresas relacionadas con la “Operación Gürtel”.
Según informó hoy la Cadena Ser, el cabecilla de la supuesta trama de corrupción, Francisco Correa, ha citado a Bosch en las conversaciones grabadas que obran en poder del juez y en las que dice que el diputado adjudicó locales de Boadilla a empresarios afines en condiciones ventajosas. A juicio de Aguirre, esta noticia parte de una filtración de un sumario que ha sido declarado secreto.
Por ello, la jefa del Ejecutivo autonómico sostuvo que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el juez Garzón "tendrán que responder de algo que es absolutamente ilegal" y consideró "una casualidad" que siempre se filtre es tipo de información al mismo grupo de comunicación. "Yo no he visto filtraciones a otros medios, cuando yo los vea…", añadió.
La presidenta madrileña aprovechó la ocasión para quejarse de la diferencia de trato que reciben los miembros del PP cuando son imputados en alguna causa o detenidos del que reciben los socialistas.
"No se mide por el mismo rasero cuando las investigaciones de los jueces afectan a altos cargos, militantes o concejales del PSOE", aseveró Aguirre, quien recordó que algunos integrantes del PP de Canarias o de Baleares "que han sido imputados y luego han salido absolutamente libres" han sido grabados con grilletes cuando han sido detenidos y han permanecido 72 horas a los calabozos "con cámaras".
Ante la pregunta de si cree que el presidente de la comisión de investigación parlamentaria sobre la supuesta trama de espías, Benjamín Martín Vasco, está bajo sospecha después de que su nombre haya aparecido en algunas grabaciones en poder de Garzón sobre la “Operación Gürtel”, Aguirre afirmó: "Las filtraciones de un sumario secreto hechas por presuntos responsables de delitos gravísimos no nos parece que pongan a nadie bajo sospecha".
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sostiene en el auto por el que decretó el miércoles el ingreso en prisión del empresario Francisco Correa y sus dos colaboradores en la presunta trama de corrupción desmantelada con la “Operación Gürtel” que dirigían un "conglomerado de empresas" que se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para "obtener un beneficio propio". Para ello, utilizaban "como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas cuya identidad y cargos se están investigando".
Garzón señala que, con el objetivo de "mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con sus intereses econónomicos", los miembros de la trama les entregaban "regalos, presentes y cantidades de dinero". De esta forma, lograban "obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas".
PARAÍSOS FISCALES
De la misma forma, considera "indiciariamente acreditada" la defraudación fiscal, el movimiento de dinero en el extranjero y la existencia de un entramado de sociedades que colocaba fondos en paraísos fiscales. "Para disfrazar tanto las contabilidades como la operativa del grupo o las dádivas entregadas", asegura el auto, los miembros de la trama "no dudaron en alterar y falsificar documentos, esencialmente facturas comerciales".
El grupo estaba liderado por Correa y de él formaban parte "en inmediata relación de jerarquía" su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. Su función "en los últimos 10 años, como mínimo", era, según el juez, "la realización de operaciones y de eventos para captar negocios y por ende fondos en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia".
INTENTABA HUIR A CENTROAMERICA
En auto hecho público hoy, el magistrado añade que, según un informe policial correspondiente al pasado día 3 de febrero, Correa "planeaba salir de España el pasado día 7" y estaba realizando gestiones "para obtener la residencia en un país de Centroamérica".
Según la resolución judicial, las escuchas a que estaban siendo sometidos pusieron de relieve "el nerviosismo de Pablo Crespo, que dio órdenes a otros miembros de la organización para que escondieran" determinados documentos y restringieran sus llamadas telefónicas. En ese momento, la Policía Judicial informó al juez que "la organización estaba en proceso de hacer desaparecer y ocultar información sensible y que tenían alguna información que les había puesto en alerta sobre la utilización de los teléfonos móviles para sus operaciones".
Garzón también destaca que Correa daba "instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico" y se encargaba de "conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectaban a su patrimonio".
Asimismo, se dedicaba a "la valoración de posibles negocios en distintos sectores económicos, fundamentalmente el inmobiliario" y supervisaba la ejecución de los negocios en lugares como China, Azerbaiyán y Miami. En esta última ciudad –donde existen denuncias contra otro de los imputados en la trama, el ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero, por la compra irregular de varias propiedades– había invertido unos 4 millones de euros en la construcción de tres edificios.
Gracias a estos negocios, apunta Garzón, disponía de propiedades en Cartagena de Indias (Colombia) y había negociado la posibilidad de entrar en explotaciones petroleras y desarrollado otros negocios en Panamá
BLANQUEO EN SUIZA Y PISO DE SEGURIDAD EN MADRID
En cuanto a Crespo, Garzón le califica como "la persona de confianza" de Correa, "al frente de sus negocios en España". Sus funciones eran las de "llevar la dirección y el control de las empresas del eventos, recibir las ofertas de proyectos económicos, concertar las reuniones preparatorias y realizar las reuniones de otros miembros del grupo y supervisar la gestión financiera".
De esta forma, Crespo y Correa utilizaban como canal para blanquear el dinero que obtenían de sus negocios mediante el envío de transferencias a Suiza. También disponían de un piso de seguridad situado en la calle Martínez Campos de Madrid.
Sobre Antoine Sánchez, el instructor señala que es "pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades", ya que era "el responsable de las sociedades hacia el exterior" con el objetivo de "blanquear los fondos obtenidos de procedencia ilícita".
Según Garzón, el conglomerado de Correa estaba formado por las siguientes empresas: Parque Logístico Montalbo SL, Intermedia Eja Comunicaciones Intergrales SL, Easy Concept Comunicación SL, FCS Formación Comunicación y Servicios SA –actualmente sin actividad– Orange Market SL, Good and Better, Diseño Asimétrico, Servi Madrid, Pasadena Viajes, Special Events, Osiris Patrimonial SL, Cresva SL, Caroki SL, Proyectos Financieros Fillmores SL, Inversiones Kintamani SL, Hator Consulting SL, Odisea Servicios 2001 SL, Rialgrenn SL, TCM SL, Forever Travel Group SL, Estudios Vesubio SL, Welldone SL y Castaño Corporate SL.
PARAÍSOS FISCALES
La trama empresarial disponía, además, de una estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda. "Estas sociedades ubicadas en el exterior son a su vez participadas por entidades creadas en paraísos fiscales o territorios no cooperantes", destaca el juez.
El entramado permitía a la organización incorporar fondos a las sociedades radicadas en el extranjero "enmascarándolas como ampliaciones de capital" si bien "en realidad los fondos proceden de las sociedades matrices que se encuentran en las Antillas Holandesas, Islas del Canal y otros territorios".