El Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha aprobado por unanimidad la propuesta de concesión de medallas del Día de la Provincia que este año tendrá lugar en la barriada de Hijate (Alcóntar) el próximo 24 de noviembre a aquellas personas, instituciones o entidades que han contribuido con su labor al crecimiento de la provincia de Almería.
El portavoz del equipo de gobierno, Fernando Giménez ha manifestado que “estas cuatro medallas responden a los valores que los almerienses representan. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los portavoces y a los diputados provinciales que han apoyado esta moción por unanimidad”.
La celebración en Alcóntar, según ha explicado el portavoz es un “claro ejemplo del compromiso de este equipo de gobierno con la despoblación y llevar el día grande de la provincia a un municipio del interior con 500 habitantes que es referente en materia de emprendimiento gracias a su industria cárnica es el mejor escenario que puede tener esta celebración”.
La Institución concederá la Medalla de Oro de la Provincia de Almería al ex teniente fiscal de la Audiencia Provincial, profesor y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, Fernando Brea. Su prolífica carrera y su papel fundamental como impulsor de la UNED de Almería han sido reconocidas por la corporación para concederle esta distinción.
La Medalla Social recaerá en la Asociación Verdiblanca que cumple 40 años trabajando de forma incansable por la inclusión laboral y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad de la provincia de Almería.
La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Almería (ASAFAL) recibirá la Medalla de la Cultura por la gran labor que realizan para promocionar el ferrocarril y convertirlo en el hilo conductor de todas sus iniciativas y convertir su sede en un auténtico museo del ferrocarril.
La Medalla del Deporte será concedida en la UDA Femenino. Son un impulso para el fútbol y el deporte femenino, en claro auge, y un ejemplo para cualquier niña que desee jugar al fútbol.
Modificación Reglamento Protección Civil
El Pleno de la Diputación ha aprobado también la modificación del reglamento de Protección Civil que permitirá la incorporación al sistema regional que homogeniza y coordina todas las agrupaciones en Andalucía. Asimismo, se ha ampliado la estructura incorporando una unidad canina, un grupo de búsqueda y rescate y la creación de una unidad tecnológica para mejorar y dar mayor versatilidad al puesto de mando.
Manifiesto del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres
Otro de los asuntos que se ha aprobado en el pleno de esta mañana ha sido el manifiesto consensuado entre las ocho diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el 25 de noviembre. La Diputación Provincial de Almería ejerció de anfitriona en las jornadas de trabajo entre las instituciones provinciales en las que se diseñó la campaña y redactó el manifiesto contra la violencia hacia las mujeres.
La diputada de Igualdad, Carmen Belén López, ha puesto subrayado el trabajo que se hace desde las ocho diputaciones para cooperar en materia de igualdad y coordinar una estrategia común para las actuaciones que se realicen en toda la comunidad dirigidas a la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres.
“Erradicar la violencia es una tarea complicada que requiere abordar la desigualdad de género que la provoca y que está profundamente arraigada en todos los ámbitos de la vida social. Es necesario contar con la intervención desde todos los sectores y a nivel individual y colectivo y corresponde a toda la sociedad luchar y condenar la violencia machista. La vulneración sistemática de los derechos humanos no puede tener cabida en una sociedad democrática” concluye el manifiesto.
Consenso entre grupos políticos
El presidente de la Diputación, Javier A. García, ha agradecido a todos los grupos políticos que hayan aprobado por unanimidad 12 de los 17 puntos debatidos en Pleno y que de tres de las cuatro fuerzas políticas con representación no hayan emitido ni un solo voto en contra: “Vamos a seguir trabajando en el consenso y el diálogo en beneficio de la provincia y de los almerienses. Gracias a todos los grupos políticos por tener esta voluntad y desde el equipo de Gobierno nos retamos a que en el próximo pleno no se dé ni un solo voto en contra”.
Apoyo a los Colegios Rurales
En las mociones de los grupos políticos se ha alcanzado consenso en una moción del Grupo Socialista de apoyo a los Colegios Rurales. El equipo de Gobierno del PP ha conseguido sacar del debate político un asunto que, según el portavoz Fernando Giménez, es fundamental en el objetivo que se ha marcado el equipo de Gobierno de Luchar contra la despoblación.
Las enmiendas propuestas por el equipo de Gobierno en las que se sugería eliminar de la exposición de motivos frases en las que se politizaba este asunto han sido eliminadas y por tanto ha podido aprobarse con 25 votos a favor y la abstención del Grupo Ciudadanos.
MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Hace 20 años la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre
como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar la
violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países
para su erradicación. En la declaración se reafirmaba que la violencia contra la mujer era un
obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz; y un atentado a los derechos
humanos de las mujeres y sus libertades fundamentales.
Con ello, la ONU asumía las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres que
durante los años 80 iniciaron la conmemoración en este día en recuerdo del asesinato de las tres
hermanas Mirabal en República Dominicana.
También, hace 20 años, la Unión Europea declaró 1999 “Año europeo contra la violencia
hacia las mujeres”. Había llegado la hora de que esta violencia se hiciera visible y se denunciaran
las consecuencias negativas que tiene para las mujeres y para toda la sociedad.
Durante este tiempo, en nuestro país, instituciones públicas y privadas han desarrollado
campañas de concienciación ciudadana que han contribuido a un cambio de actitud en la población
en general, superándose las políticas del silencio; además, los avances legislativos nos han dotado
de instrumentos para reducir la impunidad de la violencia y la protección de las víctimas. Ha sido
especialmente relevante, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad y que en 2015 se reformó para
extender su protección a las hijas e hijos de madres víctimas de violencia de género.
En el ámbito del Consejo de Europa, el Convenio de Estambul, ratificado por España en
2014, reconoce diferentes formas de violencia contra las mujeres, más allá del ámbito de la pareja,
como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando
responsables a los Estados si no responden de manera adecuada. Pero los marcos legales por sí
solos no son suficientes; deben ir acompañados de recursos con los que dotar planes de acción
que desarrollen medidas eficaces. Para ello, el Pacto de Estado contra la Violencia Género de
2017 debe continuar con sus funciones de prevención e intervención, precisando de la máxima
involucración institucional y evaluación continuada de las medidas para adaptarlas a una realidad
cambiante.
La violencia de género ya no es tema privado sino público, gravísimo problema de
preocupación colectiva, cuya persistencia se constata diariamente. En nuestro país, desde 2003
han asesinado a 1.021 mujeres y a 30 menores, a las que hay que sumar madres y hermanas,
mujeres prostituidas y aquellas otras asesinadas por el hecho de ser mujer.
Estos años, según fuentes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género,
el 20% de las mujeres asesinadas habían denunciado, minimizándose el riesgo que ello suponía.
El 75 % de las mujeres asesinadas eran madres (en lo que va de año 34 menores han
quedado en situación de orfandad). La violencia machista ha hecho acto de presencia en todas las
provincias. Los datos indican que en torno al 70 % se produce en pueblos o ciudades de menos
de 100.000 habitantes. Es en el ámbito rural donde las mujeres están más desprotegidas.
Además, la memoria de la Fiscalía General del Estado relativa a 2018 manifiesta su
preocupación por el incremento de la violencia de naturaleza sexual, por las agresiones sexuales
en grupo y la ejercida a través de redes sociales entre adolescentes y jóvenes; y por los déficits
de protección a las 16 mujeres asesinadas que habían presentado denuncia.
Ante esta realidad incontestable no podemos acostumbrarnos sólo a discursos emotivos e
indignados sobre la violencia contra las mujeres, ni caer en el desánimo por su persistencia o la
pasividad frente a planteamientos negacionistas. Hay que hablar de soluciones y estas pasan por
no tolerar la violencia de género.
Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas es una tarea complicada, requiere abordar
la desigualdad de género que la provoca y que está profundamente arraigada en todos los ámbitos
de la vida social. Es necesario contar con la intervención desde todos los sectores y a nivel
individual y colectivo. Cada organización, cada persona tiene un papel, debemos convertirnos en
agentes positivos en la defensa de los derechos de las mujeres y rechazar abiertamente la
discriminación y el abuso.
Un año más, las Diputaciones de Andalucía, en conmemoración del Día Internacional
contra la Violencia de género, proponen y se comprometen a:
1. Considerar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, prioritarias e irrenunciables
porque atacan de raíz esta violencia.
2. Trabajar de forma coordinada y conjunta todas las Administraciones en todos sus niveles
en las medidas para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
3. Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y a
los jóvenes, para que rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la
desigualdad de género y la violencia que causa.
4. Destacar la importancia de una actuación coordinada de todos los organismos y la
sociedad civil, especialmente las asociaciones de mujeres y grupos de ciudadanos y
ciudadanas implicados en la lucha feminista.
5. Considerar la maternidad como un factor de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de
maltrato junto con la pobreza, la dependencia económica del maltratador, la situación de
discapacidad o el embarazo.
6. Incrementar los esfuerzos en el ámbito rural, con medidas de prevención y
proporcionando recursos de asistencia, acompañamiento y protección a las víctimas en
los municipios.
Corresponde a toda la sociedad luchar y condenar la violencia machista. La vulneración
sistemática de los derechos humanos no puede tener cabida en una sociedad democrática.