La propuesta se ha debatido como parte de las mociones elevadas al Pleno Ordinario celebrado hoy por la Corporación Municipal
El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales (PP), ha criticado la “ambigüedad y dudas” que hoy genera la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar Animal, aprobada por el Gobierno y en vigor desde septiembre de 2023, al tiempo que ha reclamado al actual Gobierno “la dotación de más recursos a los ayuntamientos para poder hacer frente al cumplimiento de dicha norma”. Petición que, a través del Grupo Municipal del Partido Popular, se ha debatido, en forma de moción, en el Pleno de la Corporación celebrado esta mañana, aprobada con los votos favorables de Partido Popular, el voto en contra de Vox y Podemos-IU-Los Verdes y la abstención del Grupo Municipal Socialista.
Una Ley “no exenta de polémica desde sus planteamientos iniciales”, como ha denunciado Urdiales aludiendo a una falta de concreción denunciada por ayuntamientos y la Organización Colegial Veterinaria, “profesionales con los que no se ha contado a la hora de redactar un texto que adolece de falta de rigor científico y que en su redacción existen términos confusos y abstractos. Todo esto hace que se estén cumpliendo las previsiones iniciales y que se estén dando multitud de problemas en su aplicación”, ha recordado.
Además, esta Ley y sus pretensiones, según Urdiales, “pone en evidencia el absoluto“desconocimiento de los políticos que la han promovido y diseñado, obviando cómo funcionan los Ayuntamientos y cuál es su misión: Atender las necesidades de los ciudadanos, ofrecer los mejores servicios posibles a sus vecinos, administrando con juicio, eficiencia y equilibrio los escasos recursos que tenemos”.
En esta gestión también entran los animales de compañía, ha apuntado el edil popular, censurando una ley que ha calificado de “ideológica, inaplicable, inútil, insuficiente e irresponsable. La Ley de las cinco ies. Una Ley que nace condenada al fracaso”, ha sentenciado.
Más recursos
En la moción aprobada se viene a reclamar también del Gobierno “dotar a las administraciones de los recursos económicos adecuados” para la aplicación de una Ley “incongruente”, calificaba Urdiales. “Lo es puesto que se delega a los ayuntamientos funciones, competencias y más gastos, sin ninguna contrapartida. Incluso para ayuntamientos como el de Almería, que sí cuenta con veterinarios, el cumplimiento de esta Ley exige incrementar, de manera muy significativa, las partidas presupuestarias dedicadas a esta materia, ya que esta norma estatal convierte al Ayuntamiento en el último responsable de los animales abandonados, desamparados y extraviados”.
En este contexto, y para atender las necesidades que plantea esta Ley, ha recordado Urdiales “el incremento presupuestario para este año de un 218%, que afecta a partidas para dar cobertura a los contratos de rescate y recogida de animales, suministro de manutención y asistencia veterinaria en el Centro Municipal Zoosanitario o material quirúrgico para la implantación del control ético de colonias felinas, a los que sumar los gastos empleados en la puesta en marcha del método CER”, ha enumerado. “Un importante gasto para las arcas municipales que afrontamos sin la menor ayuda por parte del Gobierno central”, ha denunciado el edil popular.
Insistiendo en la dotación de recursos económicos “para atender el incremento de competencias”, redunda también la petición hoy aprobada en la “preocupante saturación de los centros zoosanitarios municipales que, como consecuencia de esta Ley, están alcanzando cotas próximas al cien por cien de ocupación. Nuevamente aquí, a pesar de la falta de apoyo estatal, el Ayuntamiento está haciendo sus deberes y se ha incorporado al presupuesto de 2024 una partida, de 20.000 euros, para la redacción del proyecto de obras de ampliación del Centro Municipal Zoosanitario, que traerá consigo, en los próximos ejercicios, la necesidad de nuevos incrementos en el gasto dedicado al bienestar animal”, concluía Urdiales.
En definitiva, ha concluido Antonio Urdiales, “una ley de máximos, sin período de adaptación profundamente ideologizada que coloca a los animales de compañía en un estatus equiparable a la especie humana, y, en algunos casos por encima, ya que establece unos derechos, como el de asistencia sanitaria veterinaria 365 días al año, durante las 24 horas”.