La parlamentaria andaluza por Izquierda Unida en Almería, Rosalía Martín, ha defendido hoy en el Parlamento andaluz, en su primera intervención en la Comisión de Presidencia, una Proposición No de Ley para que se incorporen cláusulas sociales en los contratos del sector público andaluz, “para blindar a los trabajadores y trabajadoras de las empresas que optan a concursos públicos de la institución y garantizar el mantenimiento de las plantillas durante la duración del contrato.
Así como las condiciones laborales, tipo de contrato y salario y frenar la destrucción de empleo e impedir que alguna empresa sin escrúpulos, que las hay, aproveche o se excuse en leyes tan dañinas como la reforma laboral del Gobierno central para vulnerar los derechos de los trabajadores”.
Para IU, impulsora de la PNL, “es necesario incorporar en los pliegos de cláusulas de la contratación de obras públicas o servicios la obligación de aplicar el convenio colectivo del sector de la construcción y obras públicas por parte de las empresas adjudicatarias, contratas y subcontratas, así como a presentar un protocolo que asegure su cumplimiento. Es algo que ya se ha hecho, por ejemplo, se han incorporado distintas cláusulas sociales en las licitaciones de la Agencia de Obra Pública, dependiente de la Consejería de Fomento, y fuera de la comunidad, se aprobó una norma en ese sentido en la Diputación Foral de Guipúzcoa”.
Aunque, a juicio de la parlamentaria almeriense,“lo más efectivo sería la derogación de las reformas laborales”, es necesario la aprobación de una norma que prevea la incorporación de una serie de cláusulas relativas al cumplimiento, por parte de los contratistas, de obligaciones en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo; de subcontratación; y en materia de igualdad, que vengan determinadas por derechos colectivos e individuales que se deriven de la legislación social y laboral y/o de los convenios colectivos de aplicación, siempre que sean compatibles con los principios de concurrencia, igualdad de trato y no discriminación de la contratación pública.
Se trata de regular la subcontratación, algo en lo que han estado de acuerdo los tres grupos parlamentarios, por lo que la PNL defendida por Rosalía Martín ha salido adelante. La parlamentaria almeriense ha agradecido el consenso, “pero espero que esto vaya más allá, y es que se reconozca que hay que ser más estricto, porque estamos viviendo situaciones que no podemos consentir, como que un trabajador de obra pública de la Junta esté cobrando salarios de 600 euros. Ante una reforma laboral como la que plantea el PP tenemos que hacer una normativa para defender los derechos de los trabajadores”.
En este sentido, Martín recordó que el PP no apoyó esta medida en el Congreso de los diputados ni en otros lugares como Lugo, y los colectivos se lo han echado en cara. “Me alegro que consideren que en Andalucía hace mucha falta y voten a favor, porque esta proposición insta a incorporar cláusulas sociales en los contratos y se regula la cadena de subcontratación. Cuando se prevea la posibilidad de que la empresa adjudicataria contrate con terceros la realización parcial del contrato, los pliegos de cláusulas administrativas particulares incorporarán una cláusula que regule dicha posibilidad y las obligaciones de la empresa adjudicataria al respecto. De forma que se garantice que la empresa contratista cumplirá las normas sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Gracias a esta PNL, presentada por IU y consensuada en el Parlamento andaluz, se va a regular el procedimiento que permita que se rechacen ofertas anormalmente bajas. Se evitará la competencia desleal que se da entre al empresas que cumplen con el estatuto de los trabajadores, con los convenios y los que trabajan al margen o al borde de la normativa; y es una medida contra la corrupción y el fraude y que prima a las empresas que actúan con buenas prácticas y tienen un sentido social, como las que tengan mayor número de empleados con contrato indefinido, las que tengan políticas de igualdad de género o las que protejan el medioambiente, promuevan la eficiencia energética y el buen uso de los recursos, por ejemplo.
Asimismo, se pretende integrar en los pliegos de contratación medidas concretas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar, y que promuevan la igualdad de oportunidades, igualdad de género. Y se introducirá un criterio de preferencia a las ofertas de empresas con un determinado porcentaje de trabajadores o trabajadoras con discapacidad cuando igualen a las ofertas económicamente más ventajosas.