El diario El País ha publicado (15.09.2016) una información en la que revela que el alcalde de la ciudad almeriense de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, asimismo presidente de la Diputación Provincial, del Partido Popular en toda Almería, miembro de la dirección nacional del partido y presidente del comité electoral del PP andaluz, donde se deciden los candidatos al Senado, ha sido denunciado por la fiscalía almeriense de fraude y tráfico de influencias.
Así el periodista Javier Martín-Arroyo, que firma su crónica en Sevilla, titula “la fiscalía denuncia al líder del PP en Almería por dar a su yerno contratos por 1,2 millones”.
En el texto argumenta que la denuncia judicial contra Amat se basa en que ha habido investigaciones por presunto “fraude, tráfico de influencias, actividad prohibida a funcionario público y prevaricación, al adjudicar cinco contratos por 1,2 millones a su yerno y socio en una de sus numerosas empresas.
La denuncia —basada en informes de la Guardia Civil— ataca al hombre fuerte del Partido Popular en Almería desde hace 12 años y miembro de la Junta Directiva Nacional del partido, le acusa de nepotismo, pero sobre todo hace hincapié en los contratos concedidos a un familiar con el que Amat comparte sociedades que componen su ingente entramado empresarial. La anterior imputación de Amat, en el caso Fabriquilla terminó en archivo”.
El rotativo nacional afirma asimismo que “la Fiscalía de Almería comenzó su investigación el pasado febrero después de una información de este diario sobre los tres contratos, a la que siguió una denuncia del grupo municipal de Izquierda Unida en Roquetas de Mar. Ahora el ministerio público acusa a Amat, a su yerno José Zapata y al técnico municipal Demetrio Navarro por la concesión de contratos entre 2008 y 2014. Ahora será un juez el que estudie la concesión de 1.430.229 euros en cinco contratos a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Urbaser”, publica El País.
Según la documentación que obra en poder de lagacetadealmeria.com el fiscal almeriense Álvaro Navarro remitió el pasado seis de septiembre documentación, escrito de denuncia y comunicación al juzgado decano de Roquetas de Mar incoando la apertura de diligencias de investigación a Gabriel Amat, José Zapata y Demetrio Navarro por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y actividad prohibida a funcionario público.
Las citadas diligencias judiciales afirman que el pasado 19 de febrero de 2016 tuvo entrada en la fiscalía escrito del concejal roquetero de Izquierda Unida-Para la Gente, Juan Pablo Yakubiuk, en el que se ponía de manifiesto que el ayuntamiento de la ciudad había estado adjudicando entre los años 2008 a 20014 hasta un total de cinco contratos a las empresas Jarquil Verde y Urbaser, tomando parte en los expedientes de contratación el alcalde Amat, “ocultando el hecho de que su yerno y socio comercial José Zapata ostentaba el cargo de consejero de administración en Jarquil Verde”.
La investigación de la Policía Judicial comprobó la vinculación mercantil y personal de Amat y Zapata al estar casado éste con la hija de Gabriel Amat y “se constatan en el informe numerosas participaciones conjuntas en la elevación a público de diversas escrituras como representantes de determinadas sociedades, como fiadores/avalistas, prestatarios/deudores, e incluso actuando uno como representante legal del otro; asimismo ambos individuos -cita el informe de la Fiscalía- tienen participaciones y ostentan o han ostentado cargos en la mercantil Sur Poniente SL.”
Con estos datos se recabó judicialmente al ayuntamiento información sobre la totalidad de los expedientes de contratación mantenidos con Jarquil Verde SL. Se contestó que se concedió la realización de un inventario de arbolado público en el término municipal (29.700 euros), la construcción del Jardín Botánico El Sol (245.000 euros), varias obras de espacios verdes dentro del Plan Proteja (765.000 euros), la adaptación o nueva construcción de varias vías ciclistas urbanas (400.000) y el acondicionamiento de la plaza Los Limoneros de Aguadulce (29.300).
El informe de la Fiscalía revela, en relación a la concesión del inventario de arbolado público que “del análisis del expediente resulta que no consta en el mismo explicación alguna de por qué cumpliendo con el límite mínimo legal que exige que se solicite la oferta de al menos tres empresas capacitadas” se invite a la “empresa Jarquil Verde que había sido fundada apenas cuatro meses antes del inicio del expediente de contratación… y nombrado como consejero José Zapata 25 días antes”, se pregunta el alto órgano judicial.
En relación a la construcción del Jardín Botánico El Sol, la fiscalía argumenta que “la oferta de Argar Construcciones Servicios y Transformaciones SA superaba ampliamente a la oferta presentada por Urbaser SA y Jarquil Verde SL” indicando asimismo que se aumentó un 20% el presupuesto inicial, valorando en 21.500 euros un aporte de tierra vegetal adicional, en 8.800 una rotura de piedra o en 8.900 una retirada de piedra.
Ante esto el fiscal argumenta que “llama la atención de esta modificación que el grueso del gasto sea debido al aporte de tierra vegetal cuando el proyecto presentado por Urbaser y Jarquil ya mencionaba la sustitución de la capa superficial de tierra por tierra vegetal”. El informe judicial explica con claridad y textualmente que “se desprende la existencia de ciertas irregularidades que podrían haber tenido como finalidad la adjudicación a dicha empresa (Jarquil Verde) de los diferentes contratos públicos en detrimento de las otras empresas ofertantes y del erario público.
Habida cuenta de la relación personal y mercantil existente entre el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y uno de los socios y consejeros de administración de Jarquil Verde, José Zapata, se hace necesario iniciar la investigación judicial de los hechos narrados al presentar los mismos apariencia delictiva”.
Así la Justicia almeriense considera que “del examen de las diligencias practicadas se deduce, sin perjuicio de una depurada investigación posterior, que Gabriel Amat, José Zapata y Demetrio Navarro, técnico municipal del área de desarrollo urbanístico y fomento de Roquetas, han cometido una serie de hechos que en caso de acreditarse podrían ser constitutivos de varios delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude del artículo 436 del Código Penal y actividad prohibida a funcionario público. Por ello, el fiscal acuerda la interposición de denuncia por los delitos especificados ante los juzgados de instrucción de Roquetas de Mar”.