Han pasado cuarenta años desde que las extracciones ilegales de tierras y áridos dieran origen a una enorme fosa, de más de veinte metros de profundidad, que ahora conocemos sobradamente por las continuas noticias sobre los riesgos de inundación que presenta en sus márgenes, conocida como la Balsa del Sapo, en territorio próximo a Las Norias de Daza, del municipio de El Ejido.
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Como ocurre casi siempre después de que se consientan este tipo de agresiones al entorno físico de la
provincia, el lucro obtenido por unos pocos avispados que de forma irregular generaron aquel gigantesco agujero, ha tenido que ser permanentemente corregido. Sin darle solución definitiva, a base de aportación de ingentes cantidades de dinero público, cantidades que ya suman cerca de diez millones de euros, alrededor de 1.500 millones de las antiguas pesetas, una cifra netamente superior a los beneficios que obtuvieron en su día los que entonces fueron calificados como ‘piratas’.
Hoy la Balsa del Sapo se ha convertido en un monumental problema al que se han ido sumando
insensateces por parte de administraciones y particulares hasta convertirlo en un grave problema para
los habitantes de la zona, para las explotaciones agrícolas, para las viviendas ubicadas en su entorno o
para las empresas que se han asentado en la zona; sirva como ejemplo la concesión de licencias de
construcción por parte del Ayuntamiento de El Ejido con sótanos que están por debajo del nivel de las
aguas, la sobreexplotación del acuífero central superior que obligó a abandonarlo, lo que ha generado
una elevación del nivel que ahora está por encima del original socavón de la Balsa del Sapo, así como el
cierre por obras y aplanamientos de las salidas naturales del agua acumulada o como el vertido de
aguas residuales de los núcleos próximos a esa balsa, que de esta forma se ha convertido en un
acumulo incontrolable de aguas de diferente procedencia, impulsadas por acciones irresponsables del
hombre.
Ante tal cúmulo de problemas y de actuaciones fuera de control y de la lógica, se acumulan proyectos y
promesas incumplidas, actuaciones parciales que sólo han supuesto parches para un problema que es ya
una amenaza cierta para miles de familias. Tras gastar grandes sumas de dinero publico, ahora se
plantea dar un tratamiento definitivo al problema pero, como ocurre con frecuencia, las mejores
soluciones no parecen ser las elegidas.
Se habla de desaguar a través de las ramblas próximas el agua al mar, olvidando que van a parar a la
zona de la Playa de La Romanilla y que se trata de aguas contaminadas por agroquímicos de varios tipos
y por las aguas residuales sin depurar que el Ayuntamiento de El Ejido vierte en la zona. Se habla de una
impulsión y una tubería que arrojaría esas mismas aguas al mar, provocando a su vez problemas tanto
para la calidad de las aguas de baño como para las praderas de posidonia existentes en el litoral del
Poniente almeriense.
Y se habla menos de lo que desde nuestra perspectiva sería la mejor solución al problema, solución que
ya fue planteada, y aprobada, hace varios años: se trata de la construcción de una planta desalobradora
en la Balsa del Sapo, una instalación cuyos costes de construcción y de explotación serían menores que
los de una planta desaladora (tan de moda en estos últimos años) porque se trata de tratar un agua
mucho menos salina que la del mar, incorporando además el proceso de depuración que corrija los
vertidos de aguas residuales municipales y privadas (que también las hay).
Mientras los políticos de los diferentes partidos se pelean y se achacan mutuamente la culpa de que la
solución aún no haya llegado, un proyecto adecuado y viable, capaz de reducir entre dos y tres metros
los actuales niveles de la balsa, ni siquiera está siendo contemplado, en un nuevo episodio de
incompetencia que a estas alturas, décadas después de producirse el problema principal, resulta tan
intolerable como absurda. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a que los problemas se
conviertan en armas arrojadizas entre partidos políticos y/o administraciones sin que se lleguen a
arbitrar las soluciones que parecen más lógicas y más convenientes. Y mientras se deciden, lo habitual
es que para poner parches y paliar los problemas derivados de esa situación se gasten grandes sumas
de dinero público, un despilfarro a corto, medio y largo plazo por el que a los ciudadanos nos deberían
dar explicaciones.
Por todo ello, desde el Grupo Ecologista Mediterráneo pedimos sensatez a los responsables de las
administraciones públicas. No nos importan los colores de los gobiernos de turno, nos importa que
asuman de una vez por todas sus competencias y responsabilidades. Es el Gobierno central quien
dispone del proyecto para la construcción de la desaladora y quien asumió el compromiso de llevarla a
cabo. No pretendemos que los políticos entren en un juego de descalificaciones, o de volver la vista
atrás para buscar la responsabilidad última del retraso acumulado. Lo importante ahora es que ese
proyecto salga de los cajones del Ministerio correspondiente, se ejecute y solvente el problema de
familias y empresas, y ponga coto a los desmanes ambientales que han llevado a la Balsa del Sapo a
convertirse en un problema de seguridad y de salubridad para las poblaciones y para el medio ambiente.