Los datos hasta marzo apenas recogen los efectos sobre las
cuentas públicas de la pandemia del COVID-19, cuyo impacto se
reflejará en los próximos meses
En los tres primeros meses el déficit del Estado se sitúa en 5.509
millones, frente a los 6.402 millones del mismo periodo del año
anterior
Destaca el incremento de los gastos en consumos intermedios
como consecuencia del aumento en 896 millones en el programa de
prestaciones sanitarias y farmacia
En febrero el déficit consolidado de las Administraciones Públicas,
excluyendo a las Corporaciones Locales, se sitúa en 11.245 millones
(excluida la ayuda financiera)
Las Comunidades Autónomas registran un déficit de 892 millones,
y la Seguridad Social un superávit de 1.055 millones
29 de abril de 2020.- El Ministerio de Hacienda publica hoy en su web los
datos de déficit del Estado hasta el mes de marzo, así como el déficit
consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y
Seguridad Social del mes de febrero en términos de contabilidad nacional.
Hay tener en cuenta que los datos de marzo del Estado no son
significativos respecto al impacto de la crisis sanitaria, cuyos efectos se
incrementarán en los próximos meses.
Los informes de ejecución presupuestaria del primer trimestre reflejan que
antes de que la crisis sanitaria impactara en toda su magnitud sobre las
cuentas públicas, el Gobierno estaba rebajando el nivel de déficit público
de la Administración central.
DÉFICIT DEL ESTADO MARZO
Hasta marzo, el Estado ha registrado un déficit de 5.509 millones, lo que
supone un descenso del 13,9% respecto a los 6.402 millones existentes
en el mismo periodo de 2019. Además, el déficit primario –excluido el
gasto en intereses- ha sido de 364 millones, frente a los 900 millones de
marzo de 2019.
Las operaciones del Estado de este mes se encuadran en un contexto
económico y social extraordinario, no existente en los meses previos,
dada la declaración del estado de alarma por el RDL 463/2020, de 14 de
marzo, ante la situación de pandemia originada por el COVID-19.
En cualquier caso, los datos del primer trimestre apenas recogen los
primeros efectos provocados por estas crisis y su impacto en el déficit es
todavía poco significativo.
Debido a la situación excepcional generada por la pandemia sanitaria del
COVID-19 y siguiendo el principio de prudencia, la información de
ejecución presupuestaria ofrece los datos absolutos en términos de
contabilidad nacional, sin su correspondencia con el PIB hasta que se
publique una previsión de esta variable actualizada.
Asimismo, como ya se indicó en anteriores publicaciones, desde el 1 de
enero de 2020 se ha producido una operación de carácter no recurrente,
por importe de 1.745 millones, sin correspondencia en 2019, que va a
afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de
todo el ejercicio pero que no va a tener incidencia en el déficit.
Recursos no financieros del Estado
Los recursos no financieros del Estado, que ascienden a 47.499 millones,
han aumentado un 2,4% respecto al mismo periodo de 2019. Los
impuestos y cotizaciones sociales alcanzan los 40.608 millones, lo que
implica una ligera caída del 1,7%. Esta evolución responde, por un lado,
al descenso de los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio,
que bajan un 3,5%. Destaca el IRPF, que cae un 10,2%, compensado por
el Impuesto sobre Sociedades, que aumenta en 710 millones, debido a
una devolución extraordinaria realizada en 2019 sin correspondencia en
2020.
Los impuestos sobre la producción y las importaciones disminuyen un 1%
hasta los 27.719 millones, destacando el IVA, que desciende un 3,8%
interanual, observándose en estas cifras los primeros impacto del estado
de alarma. Por último, descienden las cotizaciones sociales un 1,9% por
la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases
Pasivas, por otros con Régimen de Seguridad Social.
Empleos no financieros del Estado
En el primer trimestre del año los empleos no financieros del Estado han
ascendido a 53.008 millones, un 0,4% superior al mismo periodo de 2019.
Esta situación se debe fundamentalmente a la evolución de la formación
bruta de capital fijo, de los consumos intermedios y de las transferencias
al Sistema de la Seguridad Social.
Los consumos intermedios es la partida de gasto que más ha crecido por
la pandemia este mes, un 58,1%, como consecuencia del gasto de 896
millones en el programa Prestaciones sanitarias y farmacia, sin
correspondencia en 2019.
La remuneración de asalariados ha aumentado un 2,6% por la
equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos
autonómicos y por la subida de retribuciones correspondiente a 2020, con
un porcentaje de incremento fijo del 2%.
Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en
especie crecen un 3,3%, recogiendo la actualización del 0,9% de las
pensiones de clases pasivas.
Destaca también el incremento de la inversión, aumento que se explica
fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de
peaje en 2020 (AP4 y AP7).
Estos incrementos se ven compensados, en parte, por el descenso de un
6,5% de los intereses, así como de una caída un 19,4% de la cooperación
internacional corriente y de un 15,7% de los recursos propios de la UE.
Por último, también descienden un 98,4% las ayudas a la inversión y otras
transferencias de capital, como consecuencia de la devolución del
gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe
de 723 millones, y sin correspondencia en 2020.
DÉFICIT CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL,
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SEGURIDAD SOCIAL (FEBRERO)
Hasta febrero de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los
Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la
ayuda financiera, se sitúa en 11.245 millones de euros, un 2,9% superior
al registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Administración Central
El déficit de la Administración Central se sitúa en 11.408 millones a finales
de febrero de 2020 (excluida la ayuda financiera), lo que supone un
descenso del 5,3% respecto al déficit registrado en 2019 (12.046 millones).
– El déficit del Estado en febrero se sitúa en 10.890 millones, un 9% menos
que en 2019. Los ingresos crecen un 12,4% frente a los gastos que
aumentan un 5%. Estas tasas de crecimiento se ven afectadas en ambos
casos por la citada operación de reversión de las autopistas AP-4 y AP-7.
-Los Organismos de la Administración Central registran a finales del
mes de febrero un déficit de 518 millones, frente al déficit de 83 millones
de febrero de 2019.
Comunidades Autónomas
La Administración regional ha registrado un déficit de 892 millones. Esta
evolución se debe a que en los dos primeros meses de 2019 se
concedieron anticipos a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica
por importe de 902 millones de euros, cifra que supera en más del doble el
volumen concedido en 2020. Si se descuenta este efecto, el déficit pasaría
a descender un 2,3%, debido a que los ingresos crecerían un 3,6% y los
gastos un 3,3%.
Además, se observa un incremento generalizado de las partidas de gasto.
En lo que respecta a la remuneración de asalariados, que crece en 588
millones, este aumento se debe, en gran parte, a que la nómina de febrero
recoge, con efectos retroactivos desde el mes de enero, la subida salarial
del 2,0% en aplicación del Real Decreto-ley 2/2020 de 21 de enero.
Además de esta subida fija, las nóminas de 2020 recogen una parte de la
subida salarial, el aumento de un 0,25% ligado al crecimiento económico,
adicional al 0,25% aplicado en enero 2019.
Todas las CCAA, excepto Asturias, Baleares, Canarias, Murcia, Navarra y
País Vasco, registran a febrero de este año un peor resultado
presupuestario que el registrado en el mismo mes de 2019.
Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un superávit de 1.055
millones, frente al superávit de 1.543 millones registrado en el mismo
periodo del ejercicio anterior. Los recursos se han incrementado un 2,5%,
frente a los empleos, que aumentan un 4,5%.
El Sistema de Seguridad Social ha registrado un superávit de 890 millones.
Por su parte, el Servicio Público de Empleo Estatal presenta un superávit
de 123 millones. Por último, el FOGASA registra un superávit de 42
millones de euros, equivalente al registrado en el mismo periodo del año
anterior.
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