Visto que la actitud de la EPPA no se modificaba, a finales de enero de 1997 los colectivos opositores a las obras: Ayuntamiento, Cofradía de Pescadores, Izquierda Unida y la asociación ecologista LEAL barajaban la idea de convocar una huelga general para lo que se reunirían con los vecinos en la lonja del pescado, que era el lugar donde habitualmente se reunían con ellos para darles cuenta de lo concerniente al proceso.
Efectuada la reunión, los sectores sociales citados y el equipo de gobierno del Ayuntamiento acordaron convocar una huelga general de la que se informaría en su momento. Los pescadores mostraron su decisión de llevarla cabo, incluso a bloquear con sus barcos la bocana del puerto.
Finalmente, en una asamblea vecinal reunida en el cine, se convocó la huelga general en todos los sectores económicos de Garrucha para el jueves 13 de febrero, en la espera de que fuera secundada por la mayor parte de los vecinos de la localidad. La convocatoria de huelga general fue apoyada por la ejecutiva provincial del PP y el sindicato CGT. Dada la gravedad de la situación el gerente de la EPPA solicitó protección policial al gobernador civil ante posibles acciones en el muelle. Sin embargo, este señor continuaba sumido en la arrogancia de ignorar al Ayuntamiento y demás sectores sociales, cosa impropia en una entidad pública dependiente de la Junta de Andalucía.
No obstante, por indicación de Íñigo de Guayo el Ayuntamiento presentó un recurso contencioso – administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El comité de huelga no tuvo más remedio que desconvocar la huelga y aplazarla al día 25. El motivo fue que no se habían negociado los servicios mínimos. De haber seguido adelante, aparte de ser objeto de sanciones, se hubiera incurrido en responsabilidades personales.
Debido a la deficiente, incluso nula, señalización y balizamiento de la obra, los pesqueros hubieron de amarrar los barcos. Además habían tendido unos cables para la obra que ponía en peligro o dificultaba la maniobrabilidad de los barcos de pesca. Esta nueva situación hizo que interviniera el capitán marítimo para emitir un informe, a la vez que aconsejaba a la EPPA que se replanteara la conveniencia de la ampliación del muelle. Las protestas y amarres de los pescadores hicieron que tomara cartas en el asunto el subdirector general de Seguridad Marítima, razón por la que la Dirección General de la Marina Mercante convocó una reunión para el sábado 15 de febrero de 1997, a las 20 horas, en la sede del Gobierno Civil. La reunión se celebró presidida por el gobernado civil, Fernando Hermoso Poves, asistieron el subdirector general de Seguridad y Contaminación Marítima, Manuel Nogueira; alcalde de Garrucha, Adolfo Pérez López; el director provincial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Antonio Sáenz: de la Capitanía Marítima de Almería, Simón López; capitán marítimo de Garrucha, Eduardo Caballero; patrón mayor de la Cofradía, Juan Cervantes Flores. El Palomo; práctico del puerto de Garrucha José Jordán, encargado del puerto de Garrucha, Alfonso Rodríguez; empleado de la empresa constructora Entrecanales y Távora, Mario de la Hoz; técnicos de la dirección de obras, Iván Gutiérrez y Francisco Escámez; patrón de pesca, Juan Cervantes; tres armadores de Garrucha, José López Alarcón, Juan Miguel Galindo Rodríguez, el Pollo y Esteban Gerez, de los Matías. No asistió, a pesar de estar convocado, el director – gerente de la EPPA, José Clavero, poseído por su arrogancia.
El alcalde convocó a los vecinos interesados en la cuestión del puerto para darles cuenta de lo tratado en la reunión. La asamblea de vecinos, se reunió en la lonja del pescado que estaba a rebosar. Allí el alcalde y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores dieron cuenta de lo sucedido en la tensa reunión del Gobierno Civil en la que se avanzó poco. Sin embargo, los pescadores alertaron de que seguirían con la flota amarrada hasta que se les garantizara la seguridad en el puerto, al mismo tiempo que pedirían ser indemnizados. El alcalde destacó ante los vecinos la ayuda que recibían del capitán marítimo de Garrucha puesto a su lado, por lo que pidió que depusieran la actitud hostil hacia él a causa de una mala información. Resulta que se había lanzado la especie de que este señor estaba de parte de la EPPA, lo que dio lugar a que gran cantidad de gente se concentrara frente al edifico de la Capitanía Marítima para increparlo. Esto hizo que el alcalde, el patrón mayor y otros acudieran a calmar los ánimos y desmintieran lo que se había dicho en contra del señor Caballero, que estaba bastante preocupado por lo que sucedía, pero finalmente todo acabó bien.
Igualmente dejaron la huelga general supeditada a la actitud de la EPPA respecto a si paralizaba o no las obras, que el alcalde calificaba como una provocación y choteo de la Junta de Andalucía. Sin embargo, es digno de destacar que, de una forma u otra, las movilizaciones seguían sin solución de continuidad.
Pero como el asunto se había enquistado y la EPPA “pasaba” de lo que sucedía en Garrucha, el alcalde anunció públicamente que ordenaría a la policía local que precintara la maquinaria de las obras del puerto si la empresa adjudicataria no paralizaba la obra inmediatamente. Y como la empresa no accedió el alcalde, siguiendo instrucciones de su asesor jurídico el profesor Íñigo del Guayo, hizo efectivo su decreto y al mediodía del jueves 20 de febrero de 1997 mandó a la policía local para que precintase las máquinas que estaban ampliando el muelle. Los cuatro agentes municipales que llevaron a cabo la acción fueron: Ramón López Rodríguez, Pedro Gerez López, José Cazorla León y Antonio Morales Cano. Como dato de la tensión que se vivía, resultó que el padre de uno de los agentes acudió al Ayuntamiento hablar con el alcalde debido a la preocupación que tenía por lo que pudiera ocurrir con las entradas al puerto a precintar. El alcalde, en un aparte, le dijo que se fuera tranquilo que si pasaba algo él haría frente a lo que fuera.
Para la entrada en el recinto portuario hubieron de forzar el acceso, por cierto que un perspicaz periodista puso la grabadora junto al cierre y luego se oyó por radio el clic de la rotura del dispositivo. Después procedieron al precintado de las máquinas. Las fotos de prensa del acto son muy llamativas, donde se ve a los agentes encima de las máquinas cumpliendo su cometido. El encargado del puerto pidió auxilio a la Guardia Civil, que se limitó a observar los hechos sin llegar a intervenir. Ni que decir tiene que tanto la EPPA como la empresa constructora anunciaron, además de su decisión de continuar la obras, el ejercicio de acciones judiciales contra el alcalde Adolfo Pérez. Por supuesto que la Junta de Andalucía se quejó de la pasividad de la Guardia Civil culpando al gobernador civil.
Sin embargo, se produjo un hecho inesperado, resultó que a la proposición no de ley presentada en el parlamento andaluz por Izquierda Unida contraria a las obras, el representante del Partido Popular en la Comisión de Obras Públicas, Fernando Cabezón, simplemente porque él lo estimaba así, y contrariamente a la posición de la ejecutiva provincial, votó en contra de la proposición. Al enterarse de la noticia, la senadora María del Mar Agüero manifestó que ella hubiera votado a favor. La acción de Fernando Cabezón dio lugar a que la dirección provincial del PP, reunida el 21 de febrero de 1997 en Huércal – Overa, hiciera público un comunicado apoyando sin reservas al alcalde de Garrucha.
A la vista de los acontecimientos, con la paralización de las obras llevada a cabo, el comité de huelga de Garrucha decidió el 22 de febrero desconvocar la huelga para que los pescadores pudieran salir a faenar y no sufrieran más perjuicios. Como dato a tener en cuenta es que el comité de huelga, después de una amplia encuesta, sabía que la mayoría de los propietarios de los negocios garrucheros tenían decidido cerrar sus empresas en caso de haber seguido adelante el paro general.