Hoy aparece en un medio de comunicación la noticia de que se van a derribar dos nuevas viviendas de familias inglesas en Cantoria. Si considero la noticia aisladamente, lo primero que pienso es la mala suerte que han tenido estas dos familias, de las trece mil que están en la misma situación.
Pero si conjunto todas las viviendas asoladas y aúno las denuncias que han terminado en imputaciones y condenas, advierto inmediatamente que aquí hay gato encerrado. Y no precisamente de los que maúlan y cazan ratones, sino de esos otros que define la RAE, y pronuncian ramiau.
En un informe de la guardia civil del año 2005, afirmaba que la Comarca del Almanzora acaparaba el 80% de las actuaciones realizadas al margen de la ley. Con la consiguiente degeneración de los espacios protegidos, daño al medio ambiente, fraudes en la toma de la luz, del agua, estafas etc, y advertía que es importante que todas las autoridades estuvieran coordinadas.
En la memoria de la Fiscalía del Medio Ambiente del año 2006, cuyo fiscal fue elegido por las autoridades socialistas en el 2003, reprochaba a la sociedad civil los pocos casos denunciados, solo algunas excepciones contadas de organizaciones ecologistas y por el aparato represivo del Estado, y aseguraba que”puede que no haya estado a la altura que las circunstancias exigían para perseguir estas conductas que son delictivas desde el código penal.”
Pues bien, visto lo visto y leído, me pregunto cual ha sido el sistema de selección de denuncias elegido por los grupos ecologistas y asumido por el fiscal de Medio Ambiente, viendo como se ven, los casos ejecutados judicialmente:
La Junta de Andalucía ejecuta en Vera, el primer derribo de una casa ilegal propiedad de un matrimonio inglés. Esta demolición según la fiscalía hizo saltar las alarmas y cruzar las fronteras. Otras dos viviendas en Cantoria y quizá habrá que sumar las otras dos previstas para hoy. En Somontín, su alcalde y a la vez diputado provincial Ramón Rueda, fue condenado e inhabilitado siete años y nueve meses, por firmar un escrito que autorizaba a Galasa a suministrarle agua a un almacén o vivienda de 84 metros construida ilegalmente por su suegro. En Sorbas es imputado el alcalde y diputado provincial por prevaricación urbanística al permitir la aprobación de ocho viviendas en suelo no urbanizable. En Cantoria, además de los mencionados derribos, el alcalde Pedro Llamas fue obligado a dimitir por la condena de dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación por permitir la construcción de 17 viviendas. En Zurgena la operación Costurero concluyó en un principio con la detención de 24 personas entre ellas su alcalde Cándido Trabalón.
En cambio, los alcaldes socialistas, salen inmaculados, siendo como eran la mayoría de los 27 ayuntamientos que componen la comarca, incluso aquellos allende fronteras como los de Bedar y Los Gallardos.
Hasta cubrir las 12,697 edificaciones en suelo no urbanizable existentes en sólo diez municipios, como afirma la Consejera de OP, Josefina Cruz, de las cuales 534 están situadas en suelo especialmente protegido y otras 386 en proceso de construcción, quedan muchas viviendas por añadir y muchos responsables a los que denunciar. O como señala el informe del SEPRONA de 2009, en el que se han tramitado docenas de atestados sobre construcciones ilegales, manifestando los casos mas graves como en Los Carrascos que este año alcanza la misma población que Arboleas y siguen haciendo movimientos de tierra para doblar su número y como atestiguan en el mismo informe, existen pueblos enteros construidos en zonas no urbanizables.
Mientras tanto la Junta contradice el informe de la fiscalía y ve que existe mas control del urbanismo ilegal, o el Delegado de la vivienda Luis Caparrós, en una desvergonzada declaración a la prensa, aseguraba que de todas las Comunidades Autónomas, Andalucía era la que mas peso estaba ejerciendo en el control urbanístico. Hasta José Ginel de la UGT, se atrevía a recordarle a la fiscalía que podía actuar de oficio y si hay personas sospechosas, lo lógico es que actuara..
El 2-10-2014, el juez decano de Almería tranquilizaba a los afectados sobre las casas ilegales, a la par que se conocía una sentencia del juzgado de lo penal nº 2, en la cual el Ayuntamiento de Albox debía indemnizar por daños morales ocasionados a unos afectados por la compra de viviendas ilegales , filosofía compartida por buena parte de los magistrados.
Pues bien, aquí, ha habido miles de millones de euros trajinados ilegalmente. Múltiples pelotazos urbanísticos. Graves daños económicos y morales, que los afectados nunca los recobrarán satisfactoriamente., además de un desprestigio nacional e internacional vergonzoso.
Un asunto de esta naturaleza y envergadura no es posible concebirlo ni justificarlo por el solo hecho de culpar a unos alcaldes que en mayor o menor medida le son imputables las ilegalidades cometidas. El montaje viene desde mucho mas arriba. Desde el cielo, hasta bajar al mas humilde de los alcaldes socialistas. Quien sino puede pergeñar y controlar un asalto de semejante altura, siendo como son puro intervencionismo. ¿Verdad minino mayor? Cuántos van a abrir el ojo, conforme vayan conociendo tu clan al completo y conforme vayan saliendo de la habitación, yconozcamos sus muchas habilidades.