Los socialistas han criticado la “vergonzosa” campaña publicitaria que está llevando a cabo el equipo de gobierno del PP en la que han cambiado el nombre a un plan aprobado por la Diputación Provincial para la mejora de caminos (Planes de Caminos Municipales) para nombrarlo como Plan Provincial de Apoyo a la Agricultura y así, hacerlo coincidir con las mismas siglas que su partido, PP-A, “confundiendo”.
Y “manipulando” a la ciudadanía sobre quién está realizando la inversión. Pérez ha solicitado la retirada inmediata de la campaña, además de anunciar que los servicios jurídicos del PSOE estudian llevar esta publicidad engañosa a los tribunales.
Por otro lado, la portavoz socialista ha pedido explicaciones al vicepresidente de la institución, Javier Aureliano García, después de que diera el visto bueno a un certificado remitido a la Federación Española de Municipios y a la Federación Andaluza de Municipios en el que se aseguraba que la moción presentada por el PP de apoyo a la reforma electoral había salido adelante con el apoyo de todos los diputados y sin intervenciones por su parte cuando la realidad es que el PSOE se opuso frontalmente a una medida con la que pretende “defender sus intereses partidistas” y no perder el gobierno de muchos pueblos y ciudades. García, ha considerado Pérez Felices, tiene que explicar si su visto bueno fue “con intención” o “si es que no se lee las cosas que firma”.
Por su pate, para el Vice-Presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, señala que en cuanto a la crítica al informe de la FAMP, “confirmamos que uno de los diputados del Grupo Socialista consultó el expediente del informe enviado a la FAMP en el despacho de Secretaría, y por tanto conocía que el error en la transcripción fue subsanado de forma inmediata”.
La portavoz socialista en la Diputación Provincial, Esperanza Pérez Felices, ha exigido al equipo de gobierno la retirada de una campaña de publicidad con la que, a su juicio, está usando la institución y “el dinero público” para “su autobombo”. En concreto, según ha explicado Pérez Felices, en la publicidad se ha cambiado el nombre del Plan de Caminos Municipales por el de Plan Provincial de Apoyo a la Agricultura para, de este modo, poder denominarlo con las siglas PP-A que coinciden con las del Partido Popular de Andalucía.
Desde el PSOE se ha acusado de “manipulación” al equipo de gobierno a través de una “publicidad engañosa” ya que, directamente, vincula la inversión que se está realizando al PP y no a la Diputación Provincial. Para los socialistas, “la publicidad de los planes de inversión en la provincia se han de ceñir a los acuerdos aprobados en Pleno y en ningún momento se debe permitir la manipulación para desvirtuar el acuerdo que se ha adoptado”.
En ese sentido, han reclamado que si el equipo encabezado por Gabriel Amat considera que debe destinar dinero público a dar difusión a planes de inversión al menos lo haga con “información veraz, sin rodeos y sin manipulaciones”. Ante la gravedad de la situación, el Grupo Socialista ha solicitado por escrito a Amat el contrato del diseño y la elaboración de la campaña publicitaria; los acuerdos de adjudicación y contratos de difusión en los distintos medios en los que haya aparecido; los informes técnicos, jurídicos y de intervención relacionados con la misma y las veces que se ha emitido el mensaje en la radio pública de Diputación Provincial, ACL.
Además, desde el PSOE han avanzado que darán a conocer lo ocurrido ante la autoridad competente “para que informe sobre la legalidad de esta campaña” y que “los servicios jurídicos del partido están estudiando llevarla ante los tribunales”.
Certificado con error
Por otro lado, la portavoz del PSOE también ha pedido explicaciones al vicepresidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, después de que diera el visto bueno a un certificado con un acuerdo de pleno que se remitió a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la Federación Andaluza de Municipios (FAMP) “que es una falsedad” ya que “no refleja lo acontecido ni el resultado de la votación” sobre la elección directa de alcalde planteada por el PP.
El texto señala, en concreto, “que no se produjeron intervenciones” y que el pleno aprobó por “unanimidad” la moción presentada por el Partido Popular para defender la reforma de la Ley Electoral que pretende imponer, cuando la realidad es que los socialistas se mostraron en contra y abrieron un debate intenso para evidenciar que esa propuesta responde a “un interés partidista a meses de las elecciones municipales”.
Por ello, Pérez Felices ha reclamado a García que explique si la ratificación del certificado responde a una “intención” o “si es que no se lee las cosas que firma”, al tiempo que ha sentenciado que “además, en cualquiera de los dos casos, entendemos que debería de actuar con mayor rigor a la hora de firma documentos en esta institución ya que esa forma de actuar solo genera inseguridad y desconfianza”.