Esta iniciativa pretende dar respuesta a las dudas y consultas que tienen los empresarios de Almería ante la reciente entrada en vigor de la Ley
La nueva Ley incorpora medidas para la simplificación de trámites e incrementa las posibilidades de las pymes de competir en igualdad de condiciones con las grandes corporaciones. El precio deja de ser la única variable a considerar, al tenerse en cuenta otros objetivos sociales y de desarrollo.
El próximo 16 de marzo, ASEMPAL en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, celebrará una Jornada Informativa sobre la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que repercute en el sistema de contratación de las instituciones públicas y de las empresas y dota de mayor transparencia a los procesos de licitación.
La jornada, que se desarrolla en el marco del Proyecto CEA+Empresas, tendrá lugar de 9:45 a 12:30 horas, en la sede de ASEMPAL y en ella se abordarán las nuevas medidas que implanta la Ley, las condiciones medioambientales y sociales como criterios de adjudicación, así como otros aspectos relativos a la clasificación empresarial, registro de licitadores, herramientas de control de los plazos de pago y contratación pública electrónica.
La jornada está dividida en tres bloques. En la primera ponencia, a cargo de Vanessa Fernández Ferré, socia-abogada y directora del Departamento de Derecho Administrativo de HispaColex Bufete Jurídico, se analizarán las novedades más significativas de la nueva Ley y la reorientación de la actividad contractual del sector público para alcanzar objetivos de integración social y medioambiental. A continuación, se hablará de la clasificación empresarial y la incorporación de medidas para la participación de las pymes, con la intervención de María Dolores Fernández Uceda, abogada de dicho bufete jurídico. La sesión finalizará con la ponencia de Diego Martínez Sánchez, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para dar paso a un coloquio. Recordar que la Ley de Contratos Públicos transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas Europeas 2014/23 y 2014/24
