Los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Garrucha Mari Toñi López, José Gallardo y Carmen Muñoz han declarado esta mañana como testigos en el Juzgado de Instrucción de Vera por la causa abierta por la contratación de trabajos a la empresa “Automecánica Garrucha, S. L.” de la que el Alcalde era “Administrador único” y cuyo importe ascendió a 14.674,55 euros, regidor contra el que se ha anunciado una denuncia por llevar 4 meses sin convocar Plenos.
Cantidad que, según han declarado los ediles socialistas, primero fueron conceptuadas como “trabajos en la Ciudad” para pasar después a ser “reparaciones en mobiliario urbano” y una vez que se detectaron estos albaranes por tales conceptos pasaron a ser trabajo propios de un taller mecánico, pero, según han manifestado fuentes dignas de todo crédito a este periódico digital, figuran sin estar personalizados los albaranes que finalmente les fueron entragado mediante requerimiento notarial.
Señalar al respecto que el lunes próximo deberán prestar declaración el Secretario Municipal y el que fuera Interventor Municipal accidental José Manuel Hernández Rueda.
Tras pasar la primera etapa democrática con cierta tranquilidad ante los Juzgados, el sosiego que preveyó el actual Equipo de Gobierno tras conseguir la Alcaldía tras la judicialización la vida política local al conseguir que el Alcalde del PSOE tuviera que distraer parte de su tiempo en presentarse en los Juzgados a instancias del PP, al que supuestamente aseguran que se le fijó como meta desbancar a Andrés Segura, parece que ahora se encuentra en una encrucijada con una sucesión de anuncios de comparecencias a la que hay que sumar la manifiesta voluntad de denunciar a Juan Francisco Fernández por no haber convocado las preceptivas sesiones plenarias durante los últimso cuatro meses.
La no convocatoria de Plenos es una práctica que viene caracterizando estos siete años al Ayuntamiento gobernado por el PP, celebrando plenos extraordinarios con el supuesto objetivo de evitar el dooble debate político así como celebrarlos por las mañanas los que convoca para que los ciudadanos no puedan asistir, un menosprecio a la máxima expresión de la voluntad popular, que en el ecuador de la segunda legislatura se considere amortizado este Equipo de Gobierno y desde el abanico de la Derecha comience a autopostularse como Candidato a la Alcaldía el que ya lo fue por GIAL en los pasados comicios electorales, Andrés Caparrós, lo que induce a prever que serán como mínimo tres las candidaturas que concurrirán a las próximas Elecciones Municipales en las que se da por seguro, según fuentes bien informadas, que no repetirá el actual Alcalde, Juan Francisco Fernández.
Como se recordará, el PSOE interpuso una querella penal contra el alcalde de Garrucha (Almería), Juan Francisco Fernández (PP), por la contratación por parte del Ayuntamiento de trabajos por un valor de 14.674,55 euros con “Automecánica Garrucha SL”, mercantil de la que, según subraya, era “titular de la totalidad de la participaciones” y en la que constó “como administrador único” hasta febrero de este año, fecha en la que cesó y fue nombrado su hermano.
Así lo han trasladado en rueda de prensa la portavoz del grupo socialista, María López, y el portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería, Rogelio Mena, que han indicado que, de los hechos denunciados ante el Juzgado Decano de Vera el pasado 1 de octubre, podría desprenderse la presunta comisión de delitos de prevaricación y de actividades prohibidas a funcionarios públicos ya que el primer edil garruchero goza de dedicación exclusiva desde que asumió el cargo en 2007.
La querella, a la que tuvo acceso Europa Press, detalla con documentación adjunta que el Ayuntamiento, desde 2008 y a través de su junta de gobierno local, ha venido “contratando, aprobando y pagando diferentes facturas” a la mercantil “Automecánica Garrucha SL” en las que además “no existe descripción de los trabajos sino que aparecen conceptos genéricos como el mantenimiento de vehículo sin determinar ni de qué vehículo se trata ni los trabajos que se han realizado”.
Remarca que las aprobaciones de gastos y pagos “nunca debían haber tenido lugar” y tilda de “grosera y palmaria” la forma en que contravienen la normativa administrativa que impide a cargos públicos contratar con la administración en la que desarrollan sus funciones. En esta línea, califica las adjudicaciones de “totalmente arbitrarias y sin respetar los más fundamentales principios de igualdad, transparencia, publicidad y formalidades legales”.
La denuncia sostiene que el Ayuntamiento de Garrucha realizó las contrataciones con la mercantil “aún a sabiendas de la situación por parte del regidor municipal, que –ahonda-. Fernández sabía que no podía contratar porque consta en el registro de bienes, así se lo advirtieron los concejales de la oposición y es, además, de general conocimiento del pueblo que el alcalde regenta un taller mecánico dirigido por su hermano”.
El PSOE indica, asimismo, que el Ayuntamiento ha “obviado” que el alcalde en régimen de dedicación exclusiva “no puede contratar con su propia mercantil” y remarca que la actividad privada se ejerció de “manera simultánea” a la regidor. Al tiempo traslada al juzgado que Fernández también habría “incumplido” su deber de abstención.
“JUAN PALOMO”
Durante su intervención en rueda de prensa, la portavoz socialista ha trasladado que el grupo municipal preguntó en pleno por estos pagos en el año 2011 aunque “nunca” recibió respuesta. Lo que sí se produjo varios meses más tarde, en febrero de 2012, según ha explicado, fue un cambio en el administrador de Automecánicas Garrucha SL, que pasó a ser el hermano del alcalde.
Esta sustitución “no cambia el fondo del asunto”, ha advertido López, porque “sigue siendo incompatible que el alcalde ordene pagos a la empresa administrada por su hermano, además de que Juan Francisco Fernández permaneció como accionista único de la empresa”.
En esta línea, ha señalado que el equipo de gobierno ha dificultado el acceso de la oposición a la información que ha venido reclamando. “Esta es una muestra más de cómo algunos representantes públicos del PP que se presentan como ejemplo de buena gestión, garantes de la legalidad y un modelo a seguir, en realidad no muestran el más mínimo respeto ni por la legalidad ni por los ciudadanos”.
Por su parte, Rogelio Mena ha acusado al alcalde de Garrucha de funcionar “al más puro estilo de Juan Palomo” y ha destacado la “gravedad” de los hechos, “especialmente cuando estamos hablando de cargos públicos, que tienen el deber y la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley”. “Estamos ante un ejemplo más del uso y abuso que hacen de las instituciones los chicos de Amat, que demasiado a menudo se comportan como si los ayuntamientos fueran su cortijo”, ha concluido.