Consejo de Gobierno del día. 22 de Diciembre de 2008:
Con esta decisión, la Agencia Andaluza del Agua se hace cargo de 53 embalses, 115 centrales hidroeléctricas, 94 depósitos, 66 estaciones de bombeo, 290 vehículos, 456 viviendas, 45 centros de transformación, tres helipuertos y 175 edificaciones destinadas a oficinas, almacenes y talleres.
Además, el organismo que coordina la política hidráulica andaluza integrará en su plantilla a los funcionarios de la CHG, para lo cual el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy también un decreto por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración autonómica y se crean 730 nuevas plazas (249 de funcionarios y 481 de personal laboral).
La Agencia Andaluza del Agua se creó en el año 2005, coincidiendo con el proceso de traspaso de las cuencas hidrográficas Mediterránea y Atlántica a la comunidad autónoma. Además de gestionar estas cuencas intracomunitarias, se encarga de planificar y ejecutar proyectos de abastecimiento y saneamiento de aguas y prevención de inundaciones en la comunidad.
La Cuenca del Guadalquivir ocupa un territorio equivalente al 59,2% de la superficie de Andalucía, donde reside el 55% de la población (4,06 millones de habitantes). Sus embalses suman una capacidad total de 7.142 hectómetros cúbicos, mientras que sus 62 acuíferos ocupan más de 43.000 kilómetros cuadrados y los regadíos 650.000 hectáreas.
Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza tiene su ámbito en la franja de más de 18.000 kilómetros cuadrados que gestionaba la antigua Confederación Hidrográfica del Sur, entre el Campo de Gibraltar (Cádiz) y la desembocadura del río Almanzora (Almería). Acoge una población de algo más de 2,1 millones de habitantes y cuenta con 11 grandes embalses en explotación y 160.000 hectáreas de regadíos.
Finalmente, la Cuenca Atlántica Andaluza gestiona las cuencas hidrográficas del Guadalete y Barbate (Cádiz) y del Tinto, Odiel, Piedras y Chanza (Huelva). Este territorio, que suma una superficie de 13.316 kilómetros cuadrados y una población de 1,3 millones de habitantes, concentra 14 grandes pantanos y cerca de 80.000 hectáreas de regadío.
Esta decisión supone adelantar, de forma excepcional y sólo para el próximo ejercicio, la primera temporada anual de descuentos. El objetivo es incentivar las ventas en el pequeño y mediano comercio dada la situación económica actual, caracterizada por el descenso de la demanda.
El adelanto responde también a la petición formal realizada por la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA) y ha supuesto la modificación del decreto vigente desde 1996, que dispone que el primer periodo de rebajas puede celebrarse entre el 7 enero y el 7 de marzo. Además, fija del 1 de julio al 31 de agosto la segunda temporada de descuentos, intervalo que se mantiene en la norma aprobada hoy.
Para la modificación del citado decreto, se han realizado las oportunas consultas a los agentes económicos y sociales pertenecientes a la Mesa de Comercio, además de recabarse el informe preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía.
La temporada de descuentos tendrá una duración mínima de una semana y máxima de dos meses, de acuerdo con la decisión de cada comerciante y siempre que esté comprendida entre las fechas fijadas. Los establecimientos deberán mostrar el comienzo y el final del periodo de rebajas tanto en la publicidad como en la información ofrecida a los consumidores.
El sector comercial representa el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, lo que lo convierte en una de las actividades económicas con mayor repercusión en la riqueza, el empleo y la cohesión social de la comunidad. Actualmente, aglutina a 184.852 establecimientos (pymes en un 98,8%) y 519.000 puestos de trabajo (el 16,7% del total andaluz), siendo además una importante fuente de autoempleo y de empleo femenino.
Las actividades programadas benefician a 67.086 andaluces y se dirigen prioritariamente a trabajadores de pequeñas y medianas empresas en todos los sectores, así como a personas con discapacidad, mayores de 45 años y empleados con baja cualificación profesional.
La aportación de la Junta aprobada hoy se distribuye en una dotación de 9,06 millones de euros para CCOO-A, una de 9,1 millones para UGT-A y otra de 17,9 para la CEA. Esta es la quinta vez que la Junta canaliza fondos para programas de Formación Profesional Continua después de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales habilitara en 2004 a las comunidades autónomas para participar en la gestión de los planes estatales en esta materia, cofinanciados en un 65% por el Fondo Social Europeo.
La Junta distribuirá esta cantidad a través de convocatorias de ayudas hasta finales de 2009, teniendo en cuenta los objetivos generales de desarrollar infraestructuras científicas, promover la excelencia docente y facilitar la internacionalización del sistema universitario y su implicación en un nuevo modelo económico basado en el conocimiento y en la mejora de la innovación. Las subvenciones también se dirigirán a impulsar la competitividad de los centros andaluces en las convocatorias que realizará el Ministerio de Ciencia e Innovación dentro de su Programa Campus.
La aprobación de los proyectos se realizará teniendo en cuenta criterios como el nivel científico, el carácter innovador, la mejora pedagógica y la urgencia de modernización del campus. Las ayudas permitirán financiar, entre otras iniciativas, la construcción de viviendas universitarias y residencias de posgrado para estudiantes, investigadores y profesores; la dotación de equipamientos relacionados con la docencia y la investigación; la rehabilitación de edificios universitarios histórico-culturales, y la modernización de instalaciones deportivas, museos y patrimonio científico instrumental, así como mejoras en urbanización y eliminación de barreras arquitectónicas.
Las obras, que se iniciaron el pasado año con un plazo de ejecución de 22 meses, supondrán una inversión total de 41,6 millones de euros y beneficiarán a una población de más de medio millón de habitantes, que llega a duplicarse en los meses de verano.
La nueva infraestructura aprovechará los recursos hídricos del Río Grande, único cauce de la cuenca del Guadalhorce que actualmente no está regulado y que además presenta gran calidad para el abastecimiento. Con una longitud total de 38 kilómetros y una capacidad de transporte de dos metros cúbicos por segundo, la conducción proyectada llevará el agua desde este río en el término municipal de Guaro hasta la desalobradora de El Atabal en Málaga.
Además de mejorar el sistema de abastecimiento, el proyecto incrementará sustancialmente las garantías para los riegos del Valle del Guadalhorce, al permitir un ahorro en el consumo de agua procedente de los embalses.
La nueva infraestructura, que ha supuesto una inversión total de 4,31 millones de euros, garantiza la limpieza de las aguas vertidas al río Ribera de Huelva. Su sistema de tratamiento biológico permitirá además su reutilización para el riego del campo de golf de Las Pajanosas.
La depuradora tiene capacidad para tratar 2.800 metros cúbicos diarios y dar así servicio a una población total de 14.000 habitantes. Sus instalaciones incluyen una estación de bombeo que impulsa las aguas residuales hasta los equipos de depuración.
Actualmente, un 82% de la población de la provincia de Sevilla cuenta con infraestructuras para el tratamiento de los efluentes urbanos. La Agencia Andaluza del Agua respalda en estos momentos un total de 12 proyectos de construcción, mejora y ampliación de instalaciones en otros tantos municipios.
Este conjunto era originariamente un asentamiento constituido por una mezquita, un patio y un muro que rodeaba todo el perímetro y en el que se utilizó un tipo de cerámica propia de la última etapa de la corte omeya y de los primeros reinos de taifas, lo que permite datarlo entre finales del siglo X y principios del XI.
Pese a su readaptación y posterior transformación en cortijo, realizada en 1552, la mezquita conserva los contrafuertes de los muros coronados por canecillos que ofrecen una imagen cerrada al exterior y completamente desornamentada, característica de la arquitectura medieval y especialmente de la islámica.
Actualmente la mezquita consta de dos partes: el ‘sahn’, de estructura cuadrangular construida en mampostería, que delimita el espacio del patio y que es el lugar donde se ubicaba la ‘sabil’ o fuente de las abluciones, y el ‘haram’, definido mediante tres naves paralelas al muro de la ‘quibla’ y que conserva algunos de los arcos de herradura de separación de las naves, semejantes a los que pueden encontrarse en la mezquita de Córdoba o en la de Madinat al Zahra.
La iglesia consta de una nave principal en cuyo vértice se ubica la capilla de la Soledad, mientras que el convento ocupa una nave perpendicular tras la que se localizan dos patios. En uno de ellos se encuentra una pequeña cripta abovedada conocida popularmente como “la cueva”, donde, según la tradición, estuvo oculta la imagen de San Benito durante los primeros años del Priorato de Calatrava.
El templo, cuya portada principal está tallada en piedra según el estilo barroco del siglo XVII, presenta además cuatro portadas mudéjares en el interior y otra de acceso al huerto. También destaca por su estructura articulada en arcos transversales de piedra, apoyados sobre columnas de capiteles tallados con motivos vegetales muy esquemáticos y estilizados.
El convento, con una cubierta de bóveda de medio cañón, sitúa en su cabecera el retablo de San Benito, de estilo barroco, en cuya hornacina central se aloja la imagen del santo, realizada a mediados del siglo XX tras la destrucción de la primitiva en 1936. Esta imagen, junto al relicario de San Benito, depositado en el Tesoro de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, también se incluyen como bienes muebles protegidos en el decreto aprobado hoy.
El entorno de protección delimitado para el conjunto de la iglesia y el convento incluye parcelas, inmuebles, elementos y espacios públicos y privados de las calles San Benito, Travesía de San Benito, Padre Galera y Ronda de Marconi.
Esta financiación, ya aprobada para seis diputaciones andaluzas, se dirige tanto a los centros provinciales como a programas de atención a personas reclusas drogodependientes e intervenciones específicas en materia de juego patológico.
Las ayudas a las diputaciones forman parte de las iniciativas de apoyo a las personas drogodependientes que lleva a cabo la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, mediante programas de rehabilitación e integración en 122 centros de tratamiento ambulatorio, 23 comunidades terapéuticas públicas y concertadas y siete centros de encuentro y acogida. Además, la Junta gestiona 12 viviendas de apoyo a la reinserción y 26 centros de día.
En materia preventiva, la Administración autonómica desarrolla iniciativas como el programa Ciudades ante las Drogas, en el que participan más de 400 municipios; planes en los centros escolares y universitarios, e intervenciones en el ámbito laboral con la colaboración de las principales organizaciones sindicales.
Las obras cuentan con un presupuesto total de 500.000 euros y se realizarán en diversos puntos de estas carreteras a su paso por los términos municipales de Cazorla, Chilluévar, Peal de Becerro, Santo Tomé, Mengíbar, Baeza, Linares, Jaén, Villargordo y Mancha Real. Su conclusión está prevista para los primeros meses de 2009.
Los proyectos, que permitirán restaurar las condiciones originales de seguridad, incluyen la reposición de los firmes deteriorados, la reconstrucción de cunetas y la limpieza de los tramos afectados.
De acuerdo con las características técnicas aprobadas, las nuevas emisoras utilizarán las siguientes frecuencias: Pulpí, 107.0; Uleila del Campo, 107.1; Cenes de la Vega, 107.0; Güejar Sierra, 107.7; Mancha Real, 107.4; Villanueva del Arzobispo, 107.6; Estepona, 93.3, y Badolatosa, 107.0.
Desde 1998, año del traspaso de las competencias de Justicia, la Administración autonómica ha destinado 225 millones de euros al Programa de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo objetivo es garantizar la defensa ante los tribunales de las personas que no disponen de recursos económicos suficientes, con especial atención a los colectivos de inmigrantes, menores y mujeres víctimas de violencia.