El próximo día 18 de junio, a las 11:30 h-12:00 h. se tiene previsto llevar a cabo una concentración de policías nacionales, frente al edificio policial, sito en la Avenida Blas Infante nº 2, Jefatura Superior de Policía de Sevilla.
Que el objeto de la concentración es, mostrar patente nuestro rechazo hacia las medidas y resoluciones que se adoptan en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, relativa al movimiento de personal, servicios, etc. de forma unilateral por el Comisario Provincial, D. Emilio Mateos Duran, quien en el poder de decisión como titular de la misma, prescinde de las mínimas garantías administrativas contempladas Real Decreto 997/1989, de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Policía. Esto está motivando una serie de perjuicios y malestar entre los funcionarios adscritos a la citada Brigada.
No podemos aceptar un déficit administrativo y de comunicación en la adjudicación de puestos de trabajo, mediante “movimientos internos”, se trata una convocatoria informal previa al concurso general, tratándose de movimientos cuyos destinatarios son los funcionarios que ya están destinados, y que tienen la categoría profesional del puesto de trabajo. Se usa un “sondeo, consulta” entre los propios funcionarios, de tal forma que las posibles vacantes que se producen en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana en Sevilla, por el movimiento de personal a raíz de la publicación del Concurso General de Méritos de la Dirección General de la Policía, se decide por el Jefe de la Brigada, sin otra posibilidad que la decisión de un funcionario, que de alguna manera se le otorga una poder absoluto, sin el control que la propia administración dispone para el conjunto de los funcionarios dependientes de la administración general del estado y de la propia dirección General de la Policía. Los procedimientos para proveer un puesto a través del sistema de concurso o, en su caso, en comisión de servicios, precisan que se garantice el principio de publicidad, de igualdad en la concurrencia, y de mérito y capacidad.
Estas situaciones de cambios en un periodo de dos años, 2019-2021, los funcionarios adscritos a la BPSC de Sevilla se ven afectados, al ser removidos a comisarías de distritos, cambios de dependencias, traslados lejanos en varios kms, cambios de turno, alterando en algún caso la conciliación familiar de algunos funcionarios.
En la reunión prevista, se exhibirá una pancarta alusiva a la problemática y malestar existente en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, se remitirá un comunicado a los medios de comunicación. No se descarta que, durante todas las semanas venideras, con el mismo horario, se siga ejerciendo nuestro derecho de concentración para denunciar la situación existente.
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La Agrupación Reformista de Policías, estamos proponiendo a la administración en aras de los principios de eficacia y de buen hacer, controlar la arbitrariedad que funcionarios con capacidad de mando imprimen en sus decisiones, irregularidades administrativas que supone que miles de funcionarios en el ámbito del Cuerpo de Policía Nacional, en el caso de Sevilla, algunos cientos de afectados, nos veamos seriamente perjudicados.
ARP, está decidida que esta Jefatura Superior, y concretamente en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, no se siga adoptando medidas por un método de selección sin control jurídico y sindical, basados en la decisión personal de un mando policial, que comporta serios problemas laborales a un sector fundamental para garantizar la seguridad ciudadana, es decir los funcionarios adscritos a la Brigada Provincial, y que pudiera afectar en el ánimo de éstos, lo que pudiera repercutir en el servicio policial que se da al ciudadano.
Entre otras medidas, se deben estudiar, al menos tratar, las siguientes propuestas:
Primer propósito. La apuesta por elevar la entidad que se merece la carrera profesional horizontal, a través de la movilidad de los funcionarios, para que se dote de calidad, puesto que la administración la ha denostado y desnaturalizado.
Segundo propósito. Correctos mecanismos de provisión de puestos, que de manera clara y definida se reflejan tanto en las normas de la DGP, como de forma supletoria, también lo hace en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración general del Estado.
Tercer propósito. Limitar la discrecionalidad técnica en la elección de los funcionarios. Dicho concepto es utilizado por la administración tergiversando la legalidad. En este sentido, esta organización sindical, viene consiguiendo sentencias judiciales, que nos dan la razón y se condena a la Dirección General de la Policía, a corregir estas deficiencias graves. Esta limitación se efectuará, a través de técnicas de control siguientes:
- Los elementos reglados de la potestad, especialmente los referidos al procedimiento.
- El supuesto de hecho de la norma que habilita a la administración a usar la potestad.
- Conceptos jurídicos indeterminados.
- Principios generales del derecho.
- Motivación, que excluya la decisión puramente arbitraria.
Cuarto propósito. Publicidad de la información de interés, con la seguridad controlada por los delegados de tecnología de la información y la comunicación de la DGP. Por mediación de correos electrónicos en los cuales se le notificará de manera individual a todos los interesados.
Quinto propósito. Control de la correcta asignación de Puestos del Catálogo de Trabajo, para que los funcionarios desempeñen las funciones que le corresponde por dicho catálogo y evitando las diferencias económicas, entre los mismos funcionarios que realizan un mismo servicio y funciones, si bien, con distinto catálogo.
La Agrupación Reformista de Policías, ha tratado con el responsable policial, Jefe de la Brigada Provincial, estas situaciones de forma genérica, y por escrito, se amplíe el periodo de información sobre “unas consultas” previas a la designación de puestos de trabajo, a unos movimientos internos que de forma unilateral se producen o se deciden por los responsables en la Brigada Provincial. Nos consideran números de efectivos para estos mandos, sin consideración a las repercusiones profesionales o familiares, permitiéndose como ha sucedido en los dos últimos años, cambios organizativos, redistribución de los efectivos a comisarías de distritos, en algunos casos, pérdida de puestos de trabajo, que vienen afectando a cientos de compañeros-as que, ven como la conciliación familiar, y otros aspectos profesionales, se ven alterados, sin que nadie hasta hora, trate de sacar a relucir el mal ambiente que genera estas situaciones entre los funcionarios, y los responsables de la jefatura provincial.