El concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón, ha acusado hoy a la Junta de Andalucía “de falta de sensibilidad respecto al nuevo PGOU” al tiempo que ha defendido el contenido del documento de la Revisión Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Almería (PGOU), aprobado por el Ayuntamiento hace un año, todo ello tras la decisión de la Junta adelantada en el día de ayer de suspender su tramitación con base en los informes sectoriales, desfavorables, emitidos tanto por Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
El edil popular ha reprobado “el fondo y las formas de la Junta de Andalucía en la resolución del Plan General. La Junta no ha sido exigente ni diligente en su tramitación. Tampoco ha mostrado especial sensibilidad respecto a un asunto de gran importancia y trascendencia para el presente y futuro de la ciudad de Almería. Quizá la resolución hubiera sido bien distinta tratándose de otra ciudad o estando al frente otro grupo político”, advirtió.
Castellón ha insistido en que “en el contenido de los propios informes, preceptivos y vinculantes para la aprobación del documento, hay margen favorable al menos para una aprobación parcial del mismo”, por lo que ha apelado “a su aprobación, al menos en parte, desde una propuesta razonable y razonada que se ha realizado desde el Ayuntamiento de Almería”.
En esta situación se permitiría “disponer de un plan general adaptado a la LOUA, además de aportarse una seguridad jurídica respecto al planeamiento que impida no se repitan los motivos de nulidad reflejados en sentencias”, como así ha sucedido en el caso de Marbella, y que condicionan cualquier pronunciamiento respecto a los planes generales por parte de la Junta de Andalucía.
Recursos hídricos
El edil popular ha defendido “la suficiencia en los recursos hídricos de la ciudad”, en respuesta al informe desfavorable de Medio Ambiente “que podríamos discutir respecto a los nuevos desarrollos que dibuja el Plan General pero, en ningún caso, en lo que ya está desarrollado y consolidado. El abastecimiento de la ciudad consolidada está garantizado – ha recalcado – Pero no solo eso, también están garantizados todos los desarrollos previstos en el PGOU del 98 y que, con la decisión de la Junta de suspender en plan, se ponen también en tela de juicio”, censuraba Castellón, al tiempo que ha calificado de “excusa de mal pagador” la argumentación utilizada en este sentido por la Junta de Andalucía para rechazar el documento.
Además ha justificado la posición municipal para no solicitar la concesión de los Pozos de Bernal. “No vamos a renunciar a los derechos históricos adquiridos sobre estas aguas, de donde cada vez se extrae menos, sólo 10 hectómetros, un 5% de los recursos hidricos de este acuífero”, argumentó, como parte de las ‘correcciones en materia de recursos hídricos’ sugeridas desde la Junta. “Hemos sido los únicos que hemos invertido dinero en esos pozos. El uso que de ellos se hace y del consumo de agua desalada nos permite tener una factura más que razonable. Apostamos por seguir usando aquello que es nuestro. Si alguien nos asegura y garantiza que pidiendo la concesión de los Pozos de Bernal, renunciando a los derechos históricos – explicando lógicamente a los almerienses lo que supone esa renuncia – nos van a aprobar el Plan General de Ordenación Urbana. A día de hoy nadie nos ha garantizado que, solventado ese problema, se aprueba el Plan General”, admitía.
Respecto a esta cuestión, el responsable municipal de Vivienda y Desarrollo Urbano ha exigido al portavoz del grupo municipal socialista, Juan Carlos Pérez Navas, “que se ponga del lado de los intereses de la ciudad y deje aparcados intereses partidistas. Estaría bien que en este caso, y sin que sirva de precedente, el señor Pérez Navas defienda los intereses de los almerienses y no los de su partido”.
En este sentido ha requerido del portavoz socialista respuesta “respecto si el Ayuntamiento debe o no renunciar a los derechos históricos sobre los Pozos de Bernal”, insistiendo en que “por esta excusa, la decisión de no aprobar el Plan General es gravosa a los intereses de los almerienses”, precisó. Comisión Provincial Castellón se ha mostrado dispuesto “a seguir hablando hasta el último momento” para salvar un Plan General “necesario para los intereses económicos y urbanísticos de Almería y de los almerienses”, al tiempo que ha reconocido “la mano tendida, responsable y leal que ha brindado siempre el Ayuntamiento para sacar adelante un documento que ha seguido los dictados, sugerencias y recomendaciones que se han hecho por parte de la Junta, con quien se ha ido siempre de la mano en este asunto en defensa de los intereses generales”.
En esta línea ha asegurado que el Ayuntamiento irá a la Comisión Provincial de Urbanismo, en principio prevista para la semana que viene, “y defender allí también nuestros argumentos respecto a un documento clave para el desarrollo de la capital y que, suspendido en su totalidad, supondría un varapalo en términos económicos para el Ayuntamiento. También para la ciudad, dejando de disponer de suelo para actividades productivas, uno de los elementos fundamentales sobre los que pivota el Plan General, o en las soluciones urbanísticas que se aportan, como sucede con el barrio de Castell del Rey, al margen de la propia renovación interior de la ciudad, los convenios urbanísticos u otras intervenciones urbanísticas previstas, como los accesos a la Alcazaba, por ejemplo, que precisan de reflejarse en el Plan”, ha precisado.
Ruidos
En otro orden de cosas, el concejal de Desarrollo Urbano ha anunciado la intención del Equipo de Gobierno de estudiar la posibilidad de eliminar determinadas actuaciones en diferentes puntos de la ciudad que dependen del propio Ayuntamiento y generan ruidos e incomodidades a los vecinos allí donde se proyectan.
En este sentido ha apuntado a las fiestas de barrio que se han desarrollado otros años en algunas zonas, singularizadas en este caso en el Barrio Alto, “donde han sido muchas y reiteradas las quejas por parte de los vecinos”. En este sentido ha defendido “el derecho al descanso de los ciudadanos frente a actividades que pueden resultar molestas al conjunto de los residentes en estas zonas y que, en no pocos casos, son responsabilidad del propio Ayuntamiento. Ya anunciamos en el Mesa del Ruido que se estudiarían esos casos en los que son más los inconvenientes que los beneficios que se producen cuando se autorizan determinadas actividades”, resumió.