El Grupo Socialista presentará una moción parlamentaria en la próxima sesión plenaria ordinaria con soluciones ante la “verdadera emergencia educativa” en la comunidad “derivada de la dejadez y la caótica gestión” del Gobierno de PP y Cs de este Gobierno en plena pandemia del Covid-19. La portavoz de Educación, Beatriz Rubiño, ha avanzado que esta iniciativa será “altavoz” de colectivos afectados por “políticas erráticas” de la Junta, desde las familias y Ampas hasta las asociaciones de directores de centros y las empresas de servicios auxiliares.
En interpelación plenaria ante el consejero de Educación, Javier Imbroda, la representante socialista ha recalcado que los grupos políticos “no podrán negarse” a respaldar una moción “a prueba de excusas y de votos en contra, porque si realmente creen en la educación pública en Andalucía, tendrán que apoyarlas”.
Beatriz Rubiño ha advertido de que el Gobierno de Moreno Bonilla no puede plantear el regreso a las aulas en septiembre “como si nada hubiera pasado” pese a la pandemia de coronavirus y que “la normalidad sea la senda que transitemos después del verano sin tomar las medidas oportunas”.
La portavoz de Educación ha indicado que el Grupo Socialista reclama “financiación mediante un fondo Covid-19 para todos los niveles de enseñanza”, planificación con “tres escenarios posibles, la normalidad, nuevo confinamiento o una situación intermedia con brotes” y, principalmente, “bajada de la ratio en las aulas para garantizar las medidas de seguridad e higiene” ante el virus.
La iniciativa contemplará, entre más mejoras, el aumento de la contratación de docentes -“al menos, en 30.000 cupos, según ha concretado-; refuerzo de la formación del profesorado; adaptación de las infraestructuras educativas sin delegar la responsabilidad en la administración local y los equipos directivos de los centros; lucha contra la brecha digital por falta de dispositivos tecnológicos y de conectividad de alumnado y de profesorado, y modernización de los medios telemáticos de la Consejería para evitar “colapsos” como los sufridos por las familias en los procesos de escolarización y de recogida de notas de los escolares.