El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista advierte de que pretenden sustituir “el rigor desde el punto de vista de la legalidad, por un asesoramiento jurídico privado en materia mercantil, urbanística y de derecho público”
El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha criticado la decisión del gobierno andaluz de privatizar los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, bien por desconfianza hacia los trabajadores públicos, o por una cuestión ideológica de ir “penetrando poco a poco en la administración, y no diferenciar con claridad los intereses públicos de los privados”.
Sustituye “el rigor desde el punto de vista de la legalidad, por un asesoramiento jurídico privado en materia mercantil, urbanística y de derecho público”, ha espetado Jiménez Barrios al consejero Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, a quien ha preguntado “qué teme” de la actividad de los servicios jurídicos que le genera tanta desconfianza.
Asimismo, el portavoz socialista afea al gobierno andaluz la toma de decisiones de forma subrepticia en pleno estado de alarma concediendo “12 millones de euros para privatizar los servicios jurídicos”, y anteriormente otros 3 millones para auditorías externas o vaciando de funciones a los interventores de la Junta.
Jiménez Barrios ha defendido “la capacidad y la solvencia contrastada” de los funcionarios de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, que acceden al Cuerpo de Letrados tras superar unas oposiciones similares a las de la Abogacía del Estado, y que ejercen además “con autonomía propia y con independencia de la política”.
Esta decisión política, ha lamentado Jiménez Barrios, “sienta un peligroso precedente: la introducción en la administración de despachos profesionales privados que van a tener conocimiento de asuntos públicos importantes en materia tributaria, urbanística, patrimonial, a la vez que van a seguir defendiendo legítimamente a sus clientes”.