Ante la noticia publicada en el Diario de Sevilla en el día de ayer, jueves 8 de marzo, en su página 8, bajo el epígrafe “La Hispalense desoye al Gobierno y dota 51 plazas de profesores”, mediante la que se pone en duda la legalidad de la medida basándose en un informe jurídico de UGT, entre otros informes, nos vemos obligados a realizar las siguientes aclaraciones al respecto.
En primer lugar, significar que el supuesto informe jurídico de UGT al que se
alude se ha sacado de contexto, ya que lo que se le solicitó en su día a nuestro Gabinete
Jurídico fue un análisis sobre qué sucedería en el hipotético escenario de que alguna
Universidad realizara una lectura, a nuestro entender negativa y sesgada, para la
configuración de la plantilla del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público.
En segundo lugar, queremos dejar meridiamente claro que nuestra postura al
respecto es que la norma mencionada no es de aplicación, en su totalidad, a las
Universidades, ya que éstas están amparadas por el principio constitucional del
derecho a la autonomía; y que este derecho contempla, entre otras cuestiones, la
autonomía para la gestión de sus plantillas, principio recogido en la Ley Orgánica de
Universidades y la Ley Andaluza de Universidades, respectivamente.
Por tanto, basándonos en la normativa citada, nuestra postura se centrará en
exigir ante todos los poderes públicos (gobiernos de las Universidades, de la Junta de
Andalucía y del Estado) el respeto al principio constitucional de la autonomía
universitaria, y en consecuencia, que se permita a las Universidades poder atender
convenientemente sus necesidades respecto al servicio público que prestan a la
sociedad.
Finalmente, UGT quiere dejar constancia ante la comunidad universitaria y ante
la sociedad en general, que la iniciativa emprendida por la Universidad de Sevilla,
acordada en su Consejo de Gobierno del pasado 7 de marzo, es apoyada y aplaudida,
por oportuna, por la Federación de Enseñanza de la UGT. Por tanto, queremos poner de
manifiesto que desde UGT convocaremos movilizaciones en el supuesto de que alguna
universidad andaluza quisiera aplicar el Real Decreto Ley 20/2011 de forma restrictiva,
vulnernado los convenios colectivos y los acuerdos firmados.